El vicegobernador Gabriel Mariotto consiguió que se postergara la reincorporación de los guardias de infantería que golpearon a militantes políticos en la Legislatura, y que se analizara el relevo del jefe de la policía de Investigación de San Martín por el asesinato de dos trabajadores informales del barrio La Cárcova. El gobernador Daniel Scioli canjearía esta sanción menor para el comisario Mario Briceño (según los autores materiales les ordenó emplear munición letal y organizó el posterior encubrimiento), por la impunidad de los oficiales de menor rango que aseguraron a golpes el excluyente color naranja en los palcos de la Legislatura. El ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, apuró el cierre del sumario contra quienes interpretaron sus deseos como si fueran órdenes, pero Mariotto protestó y Scioli suspendió sin fecha la resolución prometida. En una entrevista con Radio Nacional, Mariotto dijo que, de producirse el indulto a los apaleadores, sería por orden de Scioli, a quien obedece el superministro. El vicegobernador informó a CFK sobre el acto político que encabezó en La Cárcova, del que participaron el intendente de San Martín Gabriel Katopodis y legisladores y dirigentes del Frente para la Victoria, La Cámpora y el Movimiento Evita. También analizaron el desbaratamiento, en Florencio Varela, de una red de narcos con protección policial. La presidente también se informó sobre la sublevación policial en Brasil. Según el juez supremo Raúl Zaffaroni hoy son las policías que no han pasado por una reforma en democracia las que desestabilizan a los gobiernos, como ocurrió en Ecuador. El jefe de gabinete provincial, Alberto Pérez, acudió en defensa de su presunto subordinado Casal y dijo que no hablaría de los hechos narrados en esta columna el domingo pasado, porque los consideraba difamaciones. En los de- sayunos que comparten en sus quintas vecinas en City Bell y en la mansión que Casal tiene en Pinamar se tramó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Scioli, desactivada por el ascenso en la popularidad de Néstor Kirchner y, desde su muerte, de Cristina. Ese plan se ha reactivado ahora con vistas a 2015. Envalentonados con la protección del camarada que más alto llegó en la nomenclatura política y por la fuga de los cuatro colegas que mataron a puñetazos y patadas a Patricio Barros, oficiales y guardias de la Unidad 46 de San Martín golpearon a otro interno el sábado 3. Una vez más, la disputa se inició por la falta de espacio para las visitas en los Salones de Usos Múltiples (SUM). La privación de esa mínima comodidad como castigo, convierte el trato digno en un privilegio, sobre todo en las jornadas bochornosas del verano. Los penitenciarios delegan la organización de las visitas en algunos detenidos que trabajan para ellos, como los kapós de los campos de concentración. Esto ha engendrado un tráfico ilegal de bienes y servicios, que incluye la trata de personas. El reglamento sólo permite el ingreso de esposas o concubinas, pero el control se gradúa según la tarifa. Una de las causas de conflicto entre internos es la rotación cada semana de estas mujeres, cuya fidelidad no forma parte del trato. Mañana, Mariotto recibirá también a empleados de la Secretaría de Derechos Humanos agredidos por patovicas contratados por Sara Derotier de Cobacho y su nieto político Fernando Cano y a dirigentes de Estudiantes de La Plata, quienes también pedirán ayuda a Nilda Garré por las amenazas y atentados de barrabravas.

Si fueran difamaciones, Scioli, Casal y Pérez hubieran podido desmentir que:

- no hay detenido ningún jefe del grupo mexicano de Los Zeta como anunciaron;

- simularon que Barros se había suicidado golpeándose la cabeza contra las rejas y amenazaron de muerte a tres presos para que firmaran esta falsa versión;

- Casal debió admitir el asesinato cuando Garré protegió en Gendarmería a los tres testigos para que se animaran a declarar;

- el complejo penitenciario está construido sobre el basural del CEAMSE, cuyas emanaciones fétidas enferman a detenidos y carceleros;

- no hay agua potable y la que se provee en bidones no alcanza, por lo que son constantes las infecciones intestinales y cutáneas;

- 67 personas pasan tendidas 23 horas por día, de a dos por cama, en celdas minúsculas;

- la Defensoría General departamental denunció al Ministerio de Justicia y Seguridad por favorecer la fuga de los cuatro penitenciarios asesinos;

- la información de Inteligencia de Gendarmería permitió ubicar y detener a dos narcos protegidos por la policía, prófugos por las torturas y el asesinato de un pibe de Florencio Varela.

Se comprende que Scioli, Casal y Pérez no quieran contestarle a un difamador profesional, que practicó con Massera, Galtieri, Jaunarena, Brinzoni, Menem, Duhalde, Rückauf, Dromi, Cavallo, los Macri, Manzano, Barra, Bergoglio, María Julia, Bielsa y Granero. Pero podrían hacerlo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo Julio Pettigiani, quien requirió a Casal y a la Procuradora María del Carmen Falbo explicaciones precisas y la adopción de medidas para impedir que siguieran produciéndose asesinatos y heridas graves, que controlaran la venta de drogas, la tenencia de armas, los abusos sexuales, el ineficaz sistema de salud y las salidas de presos a robar autos que se desarman dentro de la cárcel para revender sus partes. ¿O será que no tienen qué decir?