Salta es el primer distrito del país que avanzó en una causa contra la posible responsabilidad de un empresario en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Marcos Levin, el dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, debió haberse presentado para una indagatoria. El juez federal Leonardo Bavio lo había convocado la semana pasada por su presunta participación en el secuestro de unos doce trabajadores de la empresa, detenidos desaparecidos a partir de enero de 1977 en la comisaría 4 de la capital provincial, que funcionó como centro clandestino. Levin no fue a declarar. En su lugar, su abogado René Gómez presentó un incidente de falta de acción en el que indica que no tuvo nada que ver con los hechos. Denunciantes y querellantes aseguran lo contrario.

“Levin dice que no tuvo que ver con los hechos que se le imputan y que no se trata de un delito de lesa humanidad, pero es un crimen de lesa humanidad”, dice el abogado de la querella David Leiva. “Por más que sea un civil, lo que hizo lo hizo con la aquiescencia del Estado: él tenía un grupo policial dentro de la empresa. Las víctimas formaban parte de ese amplio espectro de ‘oponentes’ definidos por el golpe de Estado y dentro de esos ‘oponentes’ estaban los sindicalistas y, en particular (uno de los secuestrados), Cobos era hermano y pariente de miembros del peronismo revolucionario que fueron asesinados, perseguidos y exiliados.”

Víctor Cobos es ese hombre. Era uno de los choferes de La Veloz del Norte y, a la vez, secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Fue secuestrado en enero de 1977 y es uno de los impulsores de la causa que comenzó en la Cámara Penal del Crimen de Salta en 1984.

“Le juro que estoy desesperado por que se haga de una vez justicia”, dice a Página/12. “Salta es una provincia que, desgraciadamente, fue muy sometida por el empresariado y los grandes terratenientes, y no es de rebelarse contra el sometimiento y la opresión, aguanta, aguanta.” Por cómo circuló la información y por las características de la provincia, en los últimos días Cobos no paró de repetir en los medios locales que su denuncia no es reciente, ni está atada al presente político, sino que denunció todo apenas terminó la dictadura. “En 1984 lo denunciamos con tres compañeros y lo acusamos de todo. Dijimos cómo se presentaba en la comisaría, explicamos que él daba las órdenes a los grupos de tareas que tenía a sus órdenes para que nos secuestraran a nosotros”, repite Cobos.

“Después fui a la Legislatura de esa época, tomaron nota pero nada prosperó. Ni eso, ni lo de la Cámara del Crimen. La causa se archivó, pero con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final lógicamente nadie podía hacer nada. Gracias a Dios que este Gobierno anuló esas leyes, así es que junto con mi hermana Cristina, que es de Memoria, Verdad y Justicia, Leiva y yo iniciamos nuevamente la denuncia en 2008 y le dieron la calificación de delito de lesa humanidad.”

En la denuncia que dio pie al pedido de indagatoria, un grupo de trabajadores declaró sobre los secuestros. Describieron cómo los hombres de la comisaría 4 –encabezados por el subcomisario Víctor Hugo Bocos, acusado– los llevaron desde la terminal de la empresa o desde sus casas a bordo de autos de La Veloz del Norte que el empresario había puesto a disposición de las fuerzas de seguridad. En alguno de esos traslados, sitúan a Bocos al lado del propio Levin, que aparece más tarde dentro de la comisaría, en la oficina del subcomisario o incluso en una ocasión en la sala de tortura.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, le dijo a Página/12 el abogado David Leiva cuando se conoció el pedido de indagatoria. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías.”

Para detenerlos, la policía fraguó una denuncia por una estafa de la que años después todos salieron sobreseídos. Para los querellantes, la estafa fue la excusa que inventó el empresario para sacarse de encima a los trabajadores más combativos que desde 1974 habían acrecentado un plan de lucha por mejores condiciones de trabajo.

“Yo era delegado gremial elegido por los compañeros y a la vez integrante de la junta ejecutiva de la UTA con un mandato que iba de 1974 a 1978”, dice Cobos. “En ese entonces hemos tenido arduas luchas por todas las cosas: por no pagar los sueldos, porque hacía hacer horas extra sin pagarlas; porque a los choferes que iban y volvían a Tucumán los hacía seguir trabajando sin horas de descanso, llegaban a Salta y el jefe de personal les ordenaba que siguieran como estaban. Esa lucha la hemos tenido. Yo he ido al Ministerio de Trabajo, hacíamos paros hasta que se arreglara la situación. Ellos iban al ministerio, firmaban las actas pero después las tiraban al piso porque no les daban importancia, porque él impone sus propias leyes.”

Los paros que llegaron a seis o siete en dos o tres meses aumentaron con la muerte de Juan Perón. “En ese momento, dijimos: ‘Muchachos, a partir de ahora tienen que tener cuidado, anden con pie de plomo, porque la manija se viene en contra nuestro’. Yo fui perseguido, me tirotearon, me agujerearon el auto a balazos un montón de veces. Mataron mi hermano y a mí me seguían por todos lados para ver si podían agarrar a Enrique (otro de sus hermanos) porque lo querían matar directamente.” Cobos viene de una de las familias más golpeadas por la represión. Una noche ejecutaron con 38 balazos a su hermano más chico, Martín, en la casa de sus padres. Pero no lo buscaban a él, sino a Enrique, otro de los hermanos, militante de la JP, a quien Víctor logró sacar por caminos alternativos fuera de la provincia.

El abogado de Levin, René Gómez, no es uno de los abogados que habitualmente defienden a los represores en Salta, sino que es un penalista reconocido. El martes pasado presentó un escrito con dos ejes. En el primero indica que su defendido se enteró tarde de la citación porque se la habrían mandado a un domicilio equivocado. Pero en segundo término se pronuncia sobre la cuestión de fondo con esa fórmula jurídica de la falta de acción. Ahora la fiscalía de Domingo José Batule y el juzgado deben dar una respuesta.