La marcha arrancó en Avenida de Mayo y 9 de Julio y finalizó frente al Congreso.
Imagen: DyN.

El sector de la CTA liderado por Pablo Micheli encabezó junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos opositores, una movilización hasta el Congreso nacional para reclamar la derogación de la ley antiterrorista aprobada en diciembre del año pasado. En un documento conjunto, los manifestantes afirmaron que la ley “amplía groseramente el campo de la criminalización de la protesta” y que, además, es “promovida por el gobierno nacional a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Se había especulado con la posibilidad de que la CGT se sumara al acto pero finalmente no fue de la partida.

La marcha comenzó en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio y terminó frente al Palacio Legislativo. Entre las primeras líneas se pudo ver a Micheli; la referente Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; el diputado de Unión Popular y ex líder de la Central Víctor De Gennaro y su compañera de bancada Graciela Iturraspe; el titular de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas; la dirigente del MST Vilma Ripoll, el diputado Gerardo Milman y el senador Jaime Linares (GEN) y Horacio Piemonte (CC-ARI), entre otros. También estuvieron los diputados socialistas Roy Cortina y Ricardo Cuccovillo; se lo vio al ex diputado Luis Zamora así como al líder del Partido Obrero, Néstor Pitrola y al ex candidato a vicepresidente por el FIT, Christian Castillo.

“Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de lazos sociales, entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social”, sostuvieron en el documento, leído sobre el camión con remolque que sirvió de escenario.

El oficialismo defendió en su momento la iniciativa, que incluso había generado resistencias en sectores afines al kirchnerismo. Al texto original, enviado por el Ejecutivo, se le realizaron modificaciones en la Cámara de Diputados con el objetivo de evitar cualquier tipo de impacto que el proyecto pudiera tener en la criminalización de la protesta social. La ley establece aumentar al doble las penas establecidas en el Código Penal cuando se trate de un acto de terrorismo. En el agregado se explicitó que no se contempla lacalificación de terrorismo cuando lo que está en juego es el ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución.

Desde Proyecto Sur y la Coalición Cívica presentaron ayer una iniciativa para que se derogue la ley. “El fundamento de este proyecto se basa en que la vaguedad e imprecisión de los términos de la norma permiten una peligrosa arbitrariedad de la aplicación de la ley antiterrorista, que viola el principio de legalidad penal consagrado en nuestra Constitución nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”, advirtieron los legisladores.

Por su parte, De Gennaro señaló que “el Gobierno impulsó esta ley en defensa de los intereses de las transnacionales”, con el objeto de “meter presión y terror a los militantes populares”, tras asegurar que en el país hay 4800 procesados por participar en distintos tipos de reclamos sociales. Christian Castillo, reciente candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda, sostuvo por su parte que la marcha “es también en repudio a las represiones sufridas por quienes vienen enfrentando a las multinacionales mineras en Catamarca y La Rioja”.