Un activismo gandhiano

Jorge Luis Bernetti *

Resulta muy curioso cómo algunos de aquellos que han escrito palabras y derramado indignación verbal invocando la construcción de “políticas de Estado” –esa denominación tan prolija como retórica– se ponen de punta en cuanto surge uno de los pocos temas en los que la Nación, la comunidad, los ciudadanos (como prefiera nombrarse), construye una alternativa claramente mayoritaria. En el caso de la soberanía en Malvinas, este tema se ha planteado de manera paradigmática. La Presidenta ha reiterado de la manera más sólida y pacífica la demanda de que se abran las negociaciones que la ONU ha propiciado hace muchos años para solucionar el conflicto. El Reino Unido (por ahora) de Gran Bretaña (hasta que los escoceses lo digan) se ha negado a esta instancia, rechazando la legalidad internacional, porque el sentarse a la mesa constituirá la primera victoria argentina. Y el comienzo de la negociación será el principio del fin del dominio colonial británico. ¿Qué ha hecho el gobierno argentino que conduzca a representantes de la más ortodoxa oposición a reconocer que el discurso presidencial sobre el tema es “impecable”? Lo evidente es sencillo: hay una ocupación colonial, una reivindicación argentina, un apoyo internacional y un colonialismo decadente. Está claro en el espacio jurídico internacional que las partes enfrentadas son la Argentina y el mencionado Reino. Los habitantes de las Malvinas, los llamados kelpers, son ahora ciudadanos británicos luego de la guerra de 1982. No hay tres partes, hay dos. Ello no fue modificado por la guerra, ni por ninguna otra situación. La guerra de 1982 constituyó, como todo el mundo sabe, el mecanismo utilizado por la dictadura para tratar de lograr su autorreivindicación, bloquear su propia decadencia y asegurarse una descendencia política. Es cierto que consiguió movilizar a la mayor parte de la sociedad argentina, tras aquella bandera de la soberanía nacional que desde Alfredo Palacios hasta el primer peronismo los argentinos reivindicaran sin fisuras y con convicción. El nacionalismo y la guerra constituyen una combinación temible y terrible, que los pueblos han asumido en situaciones límites e imprescindibles y en otras, como en la guerra de 1982, han sido miserablemente utilizados. Que la sociedad argentina deba examinar aquella guerra es necesario, es bastante notorio que lo está haciendo y será necesario que lo siga haciendo. Pero la soberanía va más allá de la guerra. Y no se debe definir por la victoria o la derrota militares.

La Argentina ha asumido, como tantas rectificaciones y construcciones luego de la última dictadura, una política nacional sobre Malvinas. Cuando el liberalismo irónico rechaza el planteo soberano argentino aludiendo a “la muletilla del modo de vida de los isleños”, en realidad se pretende burlar lo establecido por decisión unánime de los constituyentes reformistas de 1994 en la Constitución Nacional. Esta afirma en la primera de sus “disposiciones transitorias” que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

El respeto al modo de vida es de sencilla inspiración y ejecución. La Argentina debe estar siempre dispuesta a recibir a los ex kelpers (ahora británicos) en la nacionalidad argentina, pero no debe imponérselas. Deberá asumir que una colonia de ciudadanos británicos residirá en el territorio argentino. Ninguna novedad para un país formado en gran parte por inmigrantes y con un prefacio constitucional aperturista para “todos los hombres del mundo”. Los ex kelpers hablarán su idioma, rezarán del modo que quieran, trabajarán libremente, votarán y podrán ser elegidos en los comicios provinciales y municipales. Para los argentinos serán como las clásicas comunidades de ingleses en el sur del Gran Buenos Aires o de inmigrantes galeses en Chubut, que nos acercaron su idioma, nos enseñaron la gran parte de los deportes hoy nacionales y nos brindaron otras contribuciones culturales.

El problema de los ex kelpers es que son parte de la población ocupante. Incorporarlos como el tercero incluido sería como si el FLN argelino hubiera aceptado que les preguntara a los pied noirs franceses si querían que Argelia continuara siendo francesa o se independizara. Y la posición argentina no pretende convertirlos en inmigrantes forzosos. Sostener la teoría del “tercer actor” es, sencillamente, aceptar oblicua y resignadamente la dominación colonial británica. El liberalismo irónico es la otra cara del tradicionalismo virreinal, pero la madura definición nacional, popular, democrática y latinoamericana recorre otro curso.

No hay ningún motivo para que todo el modo de vida (idioma, religión, propiedad y ocupación) de los isleños se vea perjudicado. Es la democracia argentina, la del país que ha recuperado la vigencia de la soberanía ciudadana y de los derechos humanos, es la historia tradicional de la Argentina receptora de los más diversos grupos inmigración con la que se van a encontrar sus habitantes. No habrá Union Jack ni libra esterlina, pero ése será el único precio que pagarán por la larga vigencia de la ocupación. La actual posición argentina interpreta a la mayoría del país, encuentra un notable respaldo latinoamericano y de la comunidad internacional. Es sólo el poder militar de Gran Bretaña el que mantiene el injusto statu quo.

Los británicos se fueron de la India guiados por la lucha nacional paciente conducida por Gandhi. Los británicos se fueron de Hong Kong porque era imposible que enfrentaran a China militar o económicamente y, por la misma razón, el Portugal del fascismo de Oliveira Salazar no hizo movimiento alguno cuando la India ocupó el enclave colonial de Goa. El Reino Unido sabe que en Malvinas no tiene la razón, pero tiene la ventaja de la fuerza.

La Argentina se ha parado con toda claridad en el marco jurídico y diplomático. Está comenzando a desarrollar un activismo gandhiano, que nada tiene que ver con la resignación, la impaciencia y, por cierto, con la violencia. Tendrá la Argentina que desarrollarlo socialmente. Son los partidos políticos, los intelectuales y universitarios, los sindicalistas, los deportistas, el conjunto de los ciudadanos argentinos, los que deberán explicar pacientemente a sus pares ingleses la posición nacional. Ello será una tarea difícil, larga y compleja, pero constituye una meta política bien posible porque está alimentada con la verdad anticolonial, pacíficamente sustentada. Sólo enceguecidos por el sectarismo pueden alentar una alternativa florentina ante la política nacional justa, no solamente para los argentinos sino para todos los que se movilizan por un mundo más igualitario.

* Periodista, ex director de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata.

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La batalla de los epítetos

Por Ana Jaramillo *

Vemos con preocupación que en el debate histórico, metodológico, teórico, político e ideológico, los argumentos se han transformado en insultos, epítetos y adjetivaciones, con la consecuente imposibilidad de profundizar la discusión sobre un modelo propio de sociedad, de democracia y distribución de la riqueza material, cultural, social y política. Varios intelectuales anunciaron una postura “alternativa” al gobierno sobre Malvinas, entre ellos se encuentra el historiador Luis Alberto Romero, conocido detractor del Instituto Dorrego. El historiador sostiene que la visión de los miembros del Instituto “alimenta lo peor y más enfermo de la cultura política argentina”, que su perspectiva es “un conjunto de muletillas y consignas anquilosadas”, que “nadie defiende en la escuela una versión maniquea del pasado, salvo la del nuevo maniqueísmo revisionista, que hoy llevan a las aulas, el Estado difunde a través de sus canales televisivos y el Instituto Dorrego investigará”; en lo que anuncia “hay mucho pescado podrido: suelen limitarse a difamaciones panfletarias y a trivialidades conocidas tomadas de Billiken”; la versión es “conspiracionista y paranoica”; “no resisten ni a la lógica ni a los hechos”; es una versión “fantasiosa pero bien vendida”; “si se rasca con la uña a cualquiera de sus adeptos brotan inmediatamente los eslóganes y consignas del populismo nacionalista”, si se frota más enérgicamente... aparece “el enano nacionalista”. Antes de estas expresiones, algunos otros académicos o ensayistas y periodistas dijeron que los miembros del Instituto eran sicarios y peligrosos, pero Romero además predice que “los vencedores de hoy serán los vencidos de mañana”, y también imagina o supone que “Rosas si viviera hoy es probable que fuera muy prudente con Malvinas”.

En algo tiene razón el historiador, que sostiene que “los relatos históricos se relacionan con percepciones e intereses de distintos actores sociales”. Estamos de acuerdo, su relato también. Yo le agregaría que la historia también se relaciona con las pasiones.

No creo en las predicciones, ni en imaginar supuestas actitudes que tendría Rosas sobre la actualidad. Dichas posturas nada tienen que ver con la metodología de la investigación histórica. Pero estoy convencida, como este historiador, no sólo de que la perspectiva histórica está cruzada por los intereses de los distintos actores sociales y políticos sino que la historia transcurre también a partir de confrontaciones, intereses y también pasiones de los hombres y mujeres que la hacemos.

Tengo clara la prudencia con la cual el Gobierno encaró el mandato constitucional en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, buscando el diálogo, el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, el reconocimiento de quienes lucharon en el momento y su merecido homenaje.

Como no hago suposiciones, me interesaría saber qué intereses defienden los argentinos que proponen como solución al conflicto sobre la soberanía de Malvinas la autodeterminación de los habitantes, como lo hace Cameron, y no el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Quiénes sostienen esta postura, sabiendo que la mitad de la población son militares residentes en una base militar? ¿Qué intereses defienden aquellos que mataron con la indiferencia a más de cuatrocientos veteranos que se quitaron la vida? ¿Qué intereses defienden quienes quieren hacer aparecer a los veteranos como víctimas de la dictadura y no como patriotas que lucharon en una guerra, y a la población en general que apoyó y apoya los derechos sobre las islas como manipulados e irreflexivos? ¿Qué intereses defienden aquellos que desconocen el mandato constitucional y la ley de educación que nos indica la necesidad de enseñar la historia de Malvinas con perspectiva latinoamericana y defender nuestra soberanía? ¿Qué intereses defienden quienes se asustan y sostienen que es peligroso divulgar y difundir el pensamiento y la historia de aquellos que hasta hace muy poco tiempo eran desconocidos por la mayoría de los jóvenes que ingresaban en las universidades?

Queremos recordar la preocupación de José Hernández en 1869 sobre quién defendería la causa Malvinas y nos escribía: “Los argentinos, especialmente, no han podido olvidar que se trata de una parte muy importante del territorio nacional, usurpada a merced de circunstancias desfavorables, en una época indecisa, en que la nacionalidad luchaba aún con los escollos opuestos a su definitiva organización. Se concibe y se explica fácilmente ese sentimiento profundo y celoso de los pueblos por la integridad de su territorio, y que la usurpación de un solo palmo de tierra inquiete su existencia futura, como si se nos arrebatara un pedazo de nuestra carne. La usurpación no sólo es el quebrantamiento de un derecho civil y político; es también la conculcación de una ley natural. Los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su territorio es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no sólo es el despojo de una propiedad sino que es también la amenaza de una nueva usurpación. El precedente de injusticia es siempre el temor de la injusticia, pues si la conformidad o la indiferencia del pueblo agraviado consolida la conquista de la fuerza, ¿quién le defenderá mañana contra una nueva tentativa de despojo, o de usurpación? El pueblo comprende o siente esas verdades, y su inquietud es la intranquilidad de todos los pueblos que la historia señala como víctimas de iguales atentados. Allí donde ha habido un desconocimiento de la integridad territorial, hemos presenciado siempre los esfuerzos del pueblo damnificado por llegar a la reconquista del territorio usurpado”.

El Instituto Dorrego, como todo el pueblo argentino, seguirá defendiendo la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

* Miembro del Instituto Manuel Dorrego, rectora de la Universidad Nacional de Lanús.