EL PAíS › OPINIóN
› Por Alejandro Rofman *
El análisis del documento fundacional de Plataforma 2012 me mueve a publicar estas reflexiones. En tal texto se citan decisiones políticas adoptadas por el gobierno nacional con las que se disiente y se da cuenta de otras con las que se acuerda, pero no hay ninguna mirada abarcativa del proceso global emprendido en el año 2003 ni de sus objetivos fundamentales. Entiendo que cualquier observación crítica de la realidad nacional no puede efectuarse contando, como si fueran porotos de un partido de truco, cuántas decisiones se consideran adecuadas y cuántas son criticables. Es preciso fijar el foco en el marco general del modelo de desarrollo, evaluar qué otras opciones estratégicas están hoy disponibles en la Argentina y el mundo y apreciar críticamente el patrón de acumulación que se adoptó desde mayo del 2003. Todo ello en términos de objetivos explícitos de mayor equidad en la distribución de la riqueza, mejoramiento de la calidad de vida de la población de más bajos ingresos, superación de los problemas de pobreza, indigencia y desempleo y afirmación de un sendero de crecimiento sostenible con inclusión social. El derrumbe del proyecto de sociedad excluyente, que tuvo lugar a principios de este siglo con el cierre de la Convertibilidad, y el cese del pago de la deuda pública, abrió la posibilidad de avanzar con otro modelo centrado en la reparación de las fuertes heridas infligidas al tejido social y el impulso al proceso productivo nacional. Este proyecto está caracterizado por la valorización del trabajo, por el fortalecimiento decidido del mercado interno y por la ruptura de los vínculos preexistentes con los flujos financieros especulativos.
La contradicción principal a discutir es la divergencia estructural entre la actual estrategia de desarrollo y la vigente en nuestro país hasta el 2003, con inicio en 1976. De la calidad y del impacto de los cambios sustanciales introducidos en los años 2002-2003 ha surgido un nuevo perfil de Estado. Ese nuevo perfil afianzó la defensa de nuestra soberanía económica a partir de la ruptura con el FMI del año 2005 y con la estatización de las AFJP, en el año 2008. Esta es la cuestión central y excluyente a dilucidar, pues si se toma a cada decisión política en forma aislada, no solamente el juicio final será indeterminado (dependerá de qué medidas se tomen, cómo se las pondere y cómo se haga el recuento de los “porotos”), sino que no se comprenderán el derrotero adoptado y las perspectivas a futuro.
Los ganadores del modelo neoliberal previo a 2002-2003 fueron los personeros del capital financiero nacional e internacional, con el manejo de la “perversa” deuda externa, y los grandes grupos económicos que acentuaron su poder de dominación dentro de la estructura productiva interna y de exportación. Los principales beneficiarios a partir del 2003 son los sectores de más bajos ingresos, los trabajadores privados, los pequeños productores urbanos, los jubilados con haberes mínimos y los que lograron ese beneficio sin años de servicio, los receptores de la Asignación Universal por Hijo, etcétera. El impulso transformador del modelo actualmente vigente produjo un quiebre paradigmático al renegociarse la deuda pública en el año 2005, con una quita inédita en la historia mundial. El golpe de gracia al capital financiero fue la estatización de las AFJP, lo que hizo perder a ese capital un muy rentable negocio. Este es el nudo central del proyecto de los Kirchner. Y dado que la política se reconoce por sus resultados, la caída del desempleo al 6,7 por ciento de la PEA está a contramano de lo que sucede en Europa, donde la crisis social es imparable dado que se sigue a pie juntillas la política de ajuste para pagar la deuda pública, como aquí entre 1976 y 2002. Frente a esa realidad innegable quedan asignaturas pendientes que se deben enfrentar a fin de fortalecer el contenido del modelo vigente. Es el caso de la minería, donde está en fuerte controversia la cuestión ambiental, con beneficios económicos limitados, aunque la imposición de retenciones a la exportación y la obligación de negociar en el país las divisas por tales exportaciones marcan cambios alentadores. Iguales reparos tiene el modelo sojero, al que es preciso reformar por razones socioambientales.
Entonces, si el proyecto global ha exhibido respuestas exitosas para superar la descomunal crisis socioproductiva de los años 2001-2002 se lo debe reconocer como tal y es el punto de partida insustituible para juzgar el proceso actual de desarrollo económico con inclusión social. ¿Hay acaso otra salida ofrecida a la sociedad argentina que garantice resultados similares? Quienes podrían propugnarlo con objetivos parecidos serían los representantes del autodenominado “espacio progresista”. Así, el líder del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, recientemente afirmó: “Queremos tener equipos y propuestas, porque el primer día que nos toque gobernar tenemos que saber qué hacer”. Se confiesa no tener una idea precisa referida al modelo de sociedad que se pretende y que es preciso pensar en ello. Esto sucede dado que el espacio al que se aspira ya está ocupado por la estrategia del Gobierno actual, y la inexistencia de iniciativas transformadoras se debe a que éstas ya están siendo llevadas adelante por el gobierno de Cristina Kirchner.
La contradicción principal que está en juego es clara. No hay más que dos opciones: o crecimiento con inclusión social en base a la valorización del trabajo o decrecimiento con exclusión social valorizando la especulación financiera. Lo ha confirmado el consejero en asuntos exteriores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, quien recomendó que la solución de la crisis de Grecia está en utilizar la fórmula de cesación de pagos y quita de deuda realizada por el gobierno argentino en 2001 y 2005, respectivamente. Y concluyó: “El modelo argentino es la única salida para países como Grecia”.
Por supuesto, estamos en el sistema capitalista y el modelo se enmarca dentro de ese sistema. Ello no impide, sin embargo, la presencia de nuevos emprendimientos de economía solidaria incorporados, en forma creciente, en los últimos años, al tejido socioproductivo. El esfuerzo solidario, la cooperación, el manejo democrático de las unidades productivas y la ausencia de toda forma de explotación social aportan y refuerzan el camino emprendido por la entronización del trabajo como eje central catalizador del desarrollo inclusivo y equitativo que hoy signa el proyecto en marcha. Ello abre un nuevo horizonte, enriquecedor del modelo de acumulación abierto en el año 2003, que es preciso alentar y fortalecer.
* Economista e investigador del Conicet.
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