La carta de la Justicia que informa a ciudadanos que fueron seleccionados para ser autoridades de mesa electoral contiene una advertencia: la no concurrencia o abandono de una función electoral es un delito. La advertencia es, muchas veces, soslayada. Sin embargo, ayer comenzó –y terminó– el primer juicio oral contra un ciudadano que no se presentó como presidente de mesa en las elecciones de 2007. “El objetivo no es tanto el castigo como la intención de que la persona aprenda a cumplir con sus deberes cívicos”, reflexionó el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, quien pidió seis meses de prisión en suspenso, la pena mínima aplicable a tal delito. El juez federal Ariel Lijo leerá la sentencia el viernes, en los tribunales porteños de Comodoro Py.

Según fuentes judiciales, el acusado –su identidad no fue difundida– no se presentó al cargo en una mesa electoral en el barrio porteño de San Cristóbal para el que fue requerido durante aquella elección legislativa nacional, pero emitió su voto en la misma mesa en la que debía estar auditando los comicios.

Durante la jornada de ayer, la única del proceso, se leyeron las pruebas del expediente, presentadas durante la instrucción por parte de la Fiscalía –que recibió la citación, certificaciones de su voto, entre otras– y se le tomó declaración al enjuiciado. “Explicó que se encontraba de viaje y que llegó a las 8 de la mañana el día de la votación, pero no aportó certificados ni del viaje ni de su comparecencia ante la Secretaría Electoral”, explicó el fiscal y añadió: “El único testigo que ofreció, su suegra, quien habría recibido la carta en su lugar, no asistió por encontrarse supuestamente enferma”.

El caso forma parte de una masiva cantidad de denuncias que se registraron tras las elecciones de 2007, durante las que “fue muy difícil cerrar muchas mesas que comenzaron a funcionar tarde debido a la falta de autoridades”, comentó Di Lello. De alrededor de 700 denuncias, algunas culminaron en anulaciones, luego de que los presuntos infractores probaran que el fallo había estado en el sistema de notificaciones, y muchas otras terminaron en probation. “La fiscalía decidió recepcionar esas probation siempre y cuando la actividad resarcitoria consistiese en ser autoridad de mesa durante uno, dos o tres procesos electorales, dependiendo de cada caso”, explicó el fiscal, ya que lo que se busca es “la forma de purgar el daño y aprender el deber cívico”.

La causa llegó a manos del juez Lijo debido a que el acusado no aceptó probation. “No se consideraba culpable, sino mal asesorado”, informó Di Lello.