La medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) paralizó los subtes desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde cuando, tras el anuncio de la Presidenta sobre que prorrogaría por un mes la custodia de la Federal, la policía volvió a las estaciones y la huelga fue levantada. El sindicato que conduce Roberto Fernández logró su objetivo de que no saliera ningún tren, aunque fue acusado de utilizar patotas que impidieron trabajar a los maquinistas enrolados en el otro gremio, la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro, que en lugar de hacer un paro total había decidido no atender las boleterías. Hubo además un delegado que denunció que la empresa Metrovías cerró las puertas de las estaciones, por lo que no pudieron entrar a trabajar, en un lockout patronal. Esta denuncia llegó al discurso presidencial en el Congreso. Hoy los servicios funcionarán normalmente.

Más allá de sus diferencias internas, los dos gremios dicen que la custodia policial de los subtes es una cosa imprescindible y que se necesitan entre 400 y 500 policías para garantizar la seguridad. El número está por arriba de los 240 de la evaluación del gobierno nacional y por debajo de los 800 de los que hablan en el Gobierno de la Ciudad. Si bien Metrovías tiene personal que hace seguridad privada, la función que cumplen es más bien la de control de pasajes. No llevan armas ni están en condiciones de disuadir, por ejemplo, eventuales asaltos a las boleterías.

Al levantar el paro, el titular de la UTA, Roberto Fernández, dijo que “felicitaba” a la Presidenta por su decisión “de poner a efectivos de la Policía Federal para custodiar los trenes”, porque “eso beneficiará a los usuarios y los trabajadores del subte”. El dirigente no tiene una buena relación con la Casa Rosada, aunque en este conflicto se cuidó de dejar en claro que consideraba que quien tiene que dar seguridad es Mauricio Macri con la Metropolitana.

“Todo esto me da bronca ajena, estoy enojado con todos”, había dicho mientras se realizaba la medida de fuerza que estimó de una adhesión total.

Sin embargo, desde la otra vereda sindical se quejaron de que la UTA, más que a la adhesión voluntaria, había recurrido a los grupos de choque. “En todas las cabeceras había patotas de tipos que no eran trabajadores del subte, muy sacados”, denunció el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Roberto Pianelli.

A su vez, el delegado de la línea B Claudio Dellecarbonara aseguró que hubo “un lockout patronal”. “En realidad no hay ninguna medida de fuerza. Lo que estamos denunciando desde temprano es que hay un lockout patronal llevado adelante en complicidad con la empresa Metrovías, que es la concesionaria del servicio, y la UTA, que es un sindicato que representa a una ínfima minoría de trabajadores en el subte.” En ese sentido, señaló que los que quisieron ocupar sus puestos no pudieron hacerlo porque la concesionaria había cerrado las puertas de las estaciones. La denuncia fue comentada por la Presidenta en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso. “No quiero pensar que hay un acuerdo entre la empresa concesionaria y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Cristina Kirchner.

Metrovías sacó una desmentida puntual sobre el tema y en un comunicado de prensa, sin aludir al discurso presidencial, se deslindó de cualquier responsabilidad en la paralización de los subtes. “El servicio se vio afectado por la decisión de la Unión Tranviarios Automotor de llevar a cabo una medida de fuerza ‘por tiempo indeterminado por el retiro de la seguridad por parte de la Policía Federal’, según confirmó el propio sindicato en los medios”, aclaró en un comunicado de prensa. “El sindicato, con esta medida, impidió el movimiento de las formaciones en las distintas cabeceras de la red y bloqueó la apertura de las puertas en las estaciones, lo que imposibilitó el ingreso de los pasajeros al servicio.”