La condena al juez Baltazar Garzón, en la que se determinó la imposibilidad de que España investigue los múltiples y masivos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura fascista, movilizó lo que se atisba como el inicio de una megacausa en Argentina. Cientos de familiares y víctimas del régimen preparan sus testimonios para incorporarse a la querella argentina 4591/10, interpuesta a través de los principios constitucionales de la justicia universal. En los próximos días, según fue anunciado en exclusiva a Página/12, se presentarán 55 nuevas demandas, que se detallarán hoy a las 18 en una reunión convocada con organismos de derechos humanos y familiares, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Entre las causas que se sumarán de forma más inmediata se encuentran la del pueblo de Pajares de Adaja, provincia de Avila, donde en 1936 se cometió el asesinato de nueve hombres y una mujer republicanos con el fin de aterrorizar a la población con la llegada del régimen. También se agregan unas 40 demandas de ex presos políticos, en su mayoría torturados e interrogados por su afiliación sindical o partidaria en la década del `70. En tanto, el equipo de abogados conformado por David Baigún, Ricardo Daniel Huñis, Máximo Castex, Beinuz Smuckler, Carlos Mariano Zamorano, Héctor Luis Trajtemberg, Ana Messuti y Carlos Slepoy trabaja en otros potenciales querellantes. Sólo de personas privadas de su libertad ya hay alrededor de 350 aspirantes.

Los letrados definen que la catarata de demandas es producto del efecto Garzón, pionero en justicia universal que investigó las dictaduras chilena y argentina, y que fue condenado en febrero último a once años de inhabilitación por su actuación en el caso Gürtel. En esa ocasión, el Tribunal Supremo lo absolvió por haberse declarado competente para investigar uno de los mayores genocidios del siglo XX, pero envió un impactante mensaje a la sociedad: Garzón interpretó de forma “errónea” las leyes, porque la legislación española no permite juzgar esos crímenes y, aunque así no fuera, “sólo es posible una investigación cuando existe una persona física que investigar”.

Sin embargo, España vive un proceso de recuperación de la memoria que se fue expandiendo y aún lo hace por todo el país. En 2008, cuando el magistrado emitió el auto en el que asumía su autoridad para investigar los crímenes del franquismo, dos números recorrieron el mundo. Garzón informó que existen 114 mil desapariciones forzadas y 30 mil niños secuestrados y posiblemente apropiados sólo entre 1936 y 1952.

“Fue un impacto social tremendo”, asegura el abogado Carlos Slepoy. “Cuando iban las abuelas como Estela de Carlotto, ‘Chicha’ Mariani, Elsa Pavon o Cecilia Viñas, y denunciaban la existencia de 500 niños apropiados en Argentina, a los españoles les parecía algo inconcebible. Y de pronto era una realidad propia que había permanecido silenciada. Eso va generando una movilización creciente.”

–¿Cómo nacen los movimientos de recuperación de la memoria en España? –preguntó a Slepoy.

–El proceso de la memoria en España es interrumpido en el momento en que se firma la Ley de Amnistía de 1977 hasta que a principios de 2000 surge todo un movimiento que llevan fundamentalmente los nietos de los represaliados en busca de sus restos. Estaba naciendo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuyo presidente, Emilio Silva, estuvo pegado a nosotros cuando, entre el ’96 y el’97, se habían abierto las investigaciones de Garzón en relación con los crímenes de la dictadura argentina. Los familiares de víctimas o las víctimas comenzaron a preguntarse: “¿Por qué se investigan desde España los crímenes de esta dictadura y no los del franquismo?”

–Es decir que no había, como pasó en Argentina, una resistencia permanente, como la de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

–No, en España se empezó a formar un movimiento que estaba absolutamente insospechado, parecía que todo estaba ‘atado y bien atado’ –como decía el dictador Francisco Franco–, que todo esto estaba olvidado y perdonado. Resurgió de repente, demostrando que en las entrañas de la sociedad española hay un profundo descontento y deseo de que se haga justicia. Lo de Garzón responde a ese movimiento, y lo potencia. No me cabe la menor duda de que tanto la suspensión de su investigación, como la decisión de juzgarlo por diversos crímenes, son intentos de contener al movimiento.

–¿Eso es posible?

–Para nada. La gente buscará e irá encontrando los mecanismos para agrietar de otra forma la impunidad tremenda que hay, y en este momento la querella argentina aparece como la única alternativa efectiva de que dicten medidas que tengan que ver con la consecución penal, sin perjuicio de que hay interpuestas denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin dudas, la gente tiene muy incorporado que, así como para los argentinos los juicios en Europa por los derechos humanos fueron un estímulo enorme, esta causa significa abrir una grieta en la impunidad.

–Y para los argentinos, es una forma de devolver el favor.

–Sí, ése es uno de los factores que hacen que la causa prospere aquí y no en otra parte, además de que Argentina tiene la legitimidad para hacerlo porque ha incorporado el principio de justicia universal en su Constitución y por el hecho de que se están realizando juicios en todo el país. Cuando presentamos la querella, se hizo un acto el 14 de abril de 2010 que fue realmente impresionante. Todos los organismos de derechos humanos estaban ahí presentes, apoyando calurosamente esto y sentían que efectivamente tenía un aspecto devolutivo... En realidad, creo que la demanda surge un poco de eso. La periodista Laura Vales de me hizo por marzo de ese año un reportaje sobre genocidio en el que le comenté al paso que sería interesante que Argentina le devolviera el favor a los españoles. Ese fue el título de la nota que salió un domingo. Y no bien me levanto, me llama un abogado, diciendo que hace rato que quería hacer algo así. En una semana, el equipo de trabajo tenía redactada la querella.

–¿Qué pasa con el tiempo? En materia penal no se puede investigar si no hay un responsable y el Supremo alega que ya pasaron demasiados años.

–Ese es un argumento más para perpetuar la impunidad. Dicen que todos están muertos, tanto víctimas como victimarios. Y es falso, porque la violación masiva y sistemática de los derechos humanos se produjo durante toda la dictadura, incluso después de la muerte de Franco (1975). Por eso nosotros hemos pedido a la jueza (federal María Romilda) Servini de Cubría que investigue hasta el 15 de junio de 1977, cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas. España tuvo 40 años de dictadura y 35 de impunidad, pero todavía son relativamente jóvenes muchos de ellos, y tienen por lo menos 20 años más de vida como media.

–¿Por ejemplo?

–Hoy sigue vivo González Pacheco, conocido como “Billy, el niño”. Todos los testimonios de los integrantes de la Asociación La Comuna de presos y represaliados por el franquismo, que se sumarán a nuestra querella, lo señalan como uno de sus torturadores. Esa agrupación se constituye hace alrededor de un año. Muchos habían presentado sus demandas en la causa de Garzón, pero con la inhabilitación del juez, realizaron una asamblea, donde alrededor de 400 ex presos políticos se plantearon hacerse parte de esta causa. Para cuando me fui de España, hace dos semanas, teníamos otorgados unos 40 poderes. Y ya han elaborado una lista con los torturadores más conocidos, personajes que han recibieron medallas y honores en democracia que ahora tienen entre 65 y 70 años.

–¿Quiénes eran detenidos?

–Dependía de las distintas épocas. Hay un caso de un condenado a diez años de prisión por decir en público ‘Me cago en Franco’. Cuando el régimen se sentía muy acorralado era especialmente represivo. Por eso, la última etapa del franquismo, cuando se evidenciaba que la dictadura tenía los días contados, se pone a matar. Fusila gente, no oye el clamor internacional ni nacional para evitarlo. Podía ser detenido cualquiera que resistiera el régimen franquista, en todos los ámbitos: los estudiantes, los sindicatos y por supuesto los partidos. No nos olvidemos de que hubo un golpe militar que tuvo por objeto el exterminio absolutamente legalizado, a través de proclamas y de decretos, en los que se planteaba que había extirpar el virus marxista de la sociedad. Basados en la metodología nazi, se produjo una limpieza con el objeto de crear una sociedad diferente sin ese supuesto tumor que significaban las ideas republicanas, marxistas, socialistas, etcétera. Por eso, nosotros hablamos de genocidio.

Informe: Rocío Magnani.