Desde Neuquén

Neuquén, la ciudad más poblada de la Patagonia, es escenario desde ayer del juicio oral y público con mayor cantidad de militares y policías acusados de cometer delitos de lesa humanidad en tiempos de la dictadura militar. Como estaba previsto, 21 de los 24 represores imputados se sentaron en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral Federal de Neuquén que comenzó a juzgar la causa denominada “La Escuelita II”, tomando como nombre al campo de concentración más terrible que funcionó en el sur argentino entre los años 1976 y 1979. Con la lectura de las acusaciones sobre 39 casos elevados a juicio terminó la primera jornada.

Se detallaron delitos cometidos en la propia Neuquén Capital, pero también en la petrolera Cutral-Có y las ciudades rionegrinas de Cipolletti y Cinco Saltos. Seis de las 39 víctimas se encuentran aún desaparecidas. La próxima audiencia será el 11 de abril, pero se estima que recién el miércoles 18 comenzarán a declarar los 200 testigos previstos. El primero será el maestro Orlando “Nano” Balbo, quien reconoce a Raúl Guglielminetti como uno de sus torturadores.

Cuando el presidente del tribunal, Orlando Coscia, pidió el primer cuarto intermedio se produjo el primer cruce entre familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos con los represores que estaban en la sala muy cerca de ellos, separados por un vidrio blindex.

“Ustedes son unos cobardes, basuras, que están ahí apretados porque torturaron y mataron a nuestros pibes”, gritó Oscar Ragni, uno de los fundadores de la APDH en Neuquén y padre de un joven neuquino desaparecido que lleva su mismo nombre. Su esposa, Inés Ragni –la misma que en el primer juicio del 2008 se paró ante los militares acusados y les dijo “ya tengo 78 años de edad y antes de morir quiero saber ¿qué hicieron con nuestros hijos, quién dio la orden, porqué no dan la cara?”–, junto a Lolín Rigoni, ambas Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén –la primera que se conformó en el país bajo el acompañamiento del recordado obispo Jaime De Nevares–, destinaron la mayor parte de sus gritos a Raúl Guglielminetti, quien estaba sentado en el lugar más cercano al público. “Asesino, decí qué le hiciste a Susana Mujica”, gritó Inés al momento que el propio Guglielminetti la miró sorprendido sin realizar ni una mueca. Susana, hija de Beba Mujica, fallecida hace algunos años en Neuquén, fue secuestrada en junio de 1976 en esta ciudad junto a Cecilia Vechi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Graciela Romero de Metz y Arlene Seguel. A 35 años de ese secuestro masivo, las seis jóvenes aún están desaparecidas. Mientras en la sala se producían esos hechos, afuera en la calle Carlos H. Rodríguez decenas de estudiantes, trabajadores docentes, judiciales y estatales enrolados en la CTA –que llamó a un paro de 24 horas para asistir al comienzo del juicio–, obreros de Zanon, militantes de distintos organismos, partidos de izquierda y público en general que se acercó al tribunal no dejaron de redoblar sus bombos y cantar. Algunos llegaron muy temprano, poco después de las 7, con el objetivo de estar al momento en que dos combis del Servicio Penitenciario Federal trasladaron a los militares y policías enjuiciados. Uno de ellos, Gervasio Díaz, de HIJOS Alto Valle, dijo a Página/12 que “como hicimos en el primer juicio, cuatro años atrás, vinimos temprano para escrachar a estos genocidas, para quienes exigimos la cárcel común y no como muchos de ellos, que aún condenados están libres en sus casas”.

Díaz subrayó que para ellos en este juicio no hay 39 víctimas, sino 38: “José Luis Cáceres, quien para este tribunal es una víctima, fue integrante del grupo de tareas de Remus Tetu, interventor desde el ’75 en la Universidad Nacional del Comahue. Es un genocida más”, afirmó. Una de las abogadas de la querella, Ivana Dal Bianco, apoyó esta versión. “Cáceres era miembro de la Triple A, pero por una interna en ese grupo terminó detenido. Por eso nosotros en este juicio reconocemos y defendemos a 38 víctimas de genocidio en Neuquén y Río Negro”, subrayó.