Las obras sociales recibieron subsidios para tratamientos costosos de 117 personas que habían fallecido, obtuvieron aportes para prestaciones que los pacientes nunca recibieron y consiguieron pagos con troqueles falsos por medicamentos inexistentes o –no se descarta– adulterados. Esos son algunos de los datos que surgen de un duro informe aprobado ayer por la Auditoría General de la Nación, que analizó la actuación de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que brinda asistencia financiera al sistema de cobertura médica sindical para atender enfermedades graves y crónicas. El análisis abarca desde 1999 hasta 2010, con especial énfasis en los últimos dos años, y detectó una falta de rendición del destino que tuvieron 700 millones de pesos otorgados a través de subsidios.

Los datos serán entregados por la AGN a los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío, que instruyen investigaciones sobre fraudes con los fondos de la APE y posibles delitos contra la salud pública, y a la Cámara Federal. La causa de Oyarbide está enfocada en La Bancaria –su titular Juan José Zanola estuvo dos años preso–, aunque se extendió a otros gremios. La de Bonadío está orientada al dinero recibido por la obra social de Camioneros (Oschoca). Quien también anunció que llevará los datos a la Justicia fue el senador radical José Cano, titular de la Comisión de Salud. Leandro Despouy, quien encabeza la AGN, explicó: “En la obra social bancaria es donde encontramos mayores irregularidades, pero la que maneja más volumen de fondos es Camioneros. Nuestro informe muestra el favoritismo con que desde la APE se manejaron subsidios y prestaciones”.

La AGN dice, por ejemplo, que en 2009 el trámite de los expedientes por prestaciones tardaba 136 días en promedio hasta el pago, pero en 343 casos la demora fue menor a 31 días. Lo mismo ocurrió en 2010. Las obras sociales siempre favorecidas eran Camioneros, Gastronómicos, UPCN y la Uocra. En La Bancaria fue donde se encontró la mayor cantidad de asignaciones truchas de tratamientos o medicamentos: figuran pacientes que nunca recibieron nada, pero alguien en el ínterin se llevó el subsidio. En la misma lógica, se hicieron figurar prestaciones para personas fallecidas, a veces con varias aplicaciones de un remedio. Como la APE se ocupa de costear la atención de enfermedades graves (cáncer, hemofilia, VIH), los medicamentos suelen ser muy caros. Una dosis puede costar 30 mil pesos. Con los troqueles falsos se presume que también se aparentaron tratamientos y aún se debe determinar si hubo drogas adulteradas.

Otra de las irregularidades marcadas es que se hicieron pagos a prestadores “no inscriptos en los registros habilitantes” ni autorizados. De una muestra de 153 prestadores resultó que 57 no estaban habilitados. El documento de la AGN, que fue aprobado por sus siete miembros, también marca las “debilidades” en los controles no sólo de los servicios médicos concretados, remedios entregados y troqueles, sino que no se verifica si los pagos se hacen una sola vez (se detectaron pagos duplicados) ni que el paciente esté afiliado a la obra social. Tampoco se chequean, dice la AGN, los datos de los auditores médicos. Por ejemplo, en detectaron que el del Ministerio de Economía ni siquiera era médico.

La APE, que maneja unos mil millones de pesos al año, estuvo controlada por moyanistas. “Si el Poder Ejecutivo delega la administración de fondos a sectores vinculados con los sindicatos hegemónicos se producen el descontrol y el fraude”, dijo Despouy, quien contó que la AGN tuvo muchos obstáculos “para acceder a las bases de datos cuando estuvo al frente de la APE (Daniel) Colombo Russell”, desplazado el año pasado. Días atrás el Gobierno dispuso poner la APE –era un organismo autárquico– bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que quedó a cargo de la santacruceña Beatriz Korenfeld. Para Despouy, es “una buena señal”, igual que “el desplazamiento” de Christian Asorey (yerno de la mujer de Moyano) y el anuncio de que se hará una auditoría.