La Cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer un pedido de informes para que el gobierno de esa provincia dé precisiones sobre la relación comercial que mantiene el Estado con la empresa Boldt, que opera mayormente en el negocio del juego, y que ha sido señalada por el vicepresidente, Amado Boudou, como una de las responsables detrás de las denuncias que recibió por sus supuestos vínculos con la ex Ciccone Calcográfica. Según alertó el vicepresidente, los vínculos de la empresa encabezada por Antonio Tabanelli (que estaba interesada en quedarse con la imprenta) con el gobierno bonaerense, que se remiten a la década del ’90, cuando Eduardo Duhalde gobernaba la provincia, están plagados de irregularidades.

La iniciativa que aprobó la Cámara baja de la Legislatura provincial había sido impulsada por un sector del oficialismo bonaerense con lazos fuertes con la Casa Rosada: el texto lleva la firma del vicepresidente del cuerpo y hombre fuerte de La Cámpora, José Ottavis, y del titular del bloque del Frente para la Victoria, Juan De Jesús, ex intendente del Partido de la Costa y muy cercano a Boudou. Igualmente, al final terminó adhiriendo todo el bloque del Frente para la Victoria.

Es que, si bien este pedido de informes puede leerse como parte de las tensiones internas en el peronismo provincial, cerca del gobernador Daniel Scioli quisieron bajarle el tono a la disputa, confiados de que el tema apuntará a responsabilidades de gestiones anteriores. Desde el gobierno nacional tampoco quieren tensar las relaciones con La Plata, sino que buscan poner el foco sobre Boldt y las irregularidades alrededor del nacimiento y el crecimiento de esa empresa, a la que también vinculan con el “duhaldismo residual”. Además, señalan, este año vencen las prórrogas que la empresa recibió para sus concesiones y esperan que el informe saque a la luz elementos que eviten una nueva renovación del vínculo.

El proyecto pide al Poder Ejecutivo provincial que “informe con carácter de urgente, en detalle y por escrito, sobre aspectos relacionados con contratos celebrados entre el Instituto Provincial de Loterías y Casinos con las sociedades denominadas Boldt SA y Boldt Gaming SA”, incluyendo información sobre plazos y prórrogas, la normativa bajo la cual se aprobaron e indicar si se efectuó licitación pública o contratación directa, la evolución de los cánones percibidos por la provincia y si hay en trámite algún otro expediente relacionado con la firma. “Esta empresa se ha quedado con todo el sistema de juego electrónico de la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de licitación”, había denunciado Boudou.

“Queremos conocer detalles sobre los vaivenes de la empresa, con las mejores intenciones. No se persigue con este proyecto defender a nadie ni enfrentarnos con nuestro gobierno”, argumentó De Jesús al fundamentar la iniciativa ante la Cámara, tratando de enfriar la interna. Finalmente, el pedido de informes terminó contando con el apoyo de todo el oficialismo y también de todos los bloques opositores, quienes de todas formas durante el tratamiento fueron críticos con el tema.

“Esto no es una defensa de Boudou, a quien yo le recomendaría que se busque unos buenos abogados y que Dios lo ayude”, se permitió el diputado Marcelo Díaz (Frente Amplio Progresista), en tanto que Walter Martello (Coalición Cívica) se preguntó “a partir de cuándo” el kirchnerismo se dio cuenta de que “Boldt es lo que es”. Por su parte, Gonzalo Atanasof (Unión Celeste y Blanca) sostuvo que “el oficialismo le pide transparencia a la empresa Boldt pero oculta la distribución del dinero del juego en la provincia de Buenos Aires” y propuso la “municipalización” del negocio del juego.

Nacida en 1993 y de rápida expansión en varias provincia, Boldt se hizo fuerte en territorio bonaerense, donde en la actualidad administra el sistema de software que permite controlar las tragamonedas a distancia y provee a la provincia de Buenos Aires las máquinas de captación de apuestas on line de la quiniela bonaerense y explota los casinos de Tigre, Mar del Plata, Miramar y Tandil, entre otros. Dedicada también al negocio de las imprentas de alta complejidad, intentó quedarse con la planta de la ex Ciccone Calcográfica, pero la operación fue rechazada porque se consideró que terminaría conformando un “monopolio”.