El ministro del Interior, Florencio Randazzo, estuvo ayer en el Congreso.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, expuso el proyecto del Ejecutivo para reformar el Código Nacional Electoral ante los diputados que integran el plenario de las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Sin pérdida de tiempo, el kirchnerismo emitió dictamen de mayoría a favor de la iniciativa que apunta, entre otros cambios, a incorporar como documento para emitir el sufragio la tarjeta plástica con que el Gobierno reemplazará, en un término estimado de dos años, al actual DNI con formato de libreta. La oposición reclamó sin suerte ante el ministro la implementación dentro de la reforma de la boleta única y el voto electrónico, aunque varios de sus bloques trabajarán en un proyecto común que intentarán llevar al recinto de la Cámara baja en la segunda semana de abril, cuando se trate la iniciativa oficial.

Randazzo fundamentó el cambio en el sistema de documentación –del DNI de libreta a la tarjeta plástica que actualmente se entrega con el DNI de tapas celestes– “por razones de practicidad, durabilidad y seguridad”, y explicó que el sello con que hasta ahora se certificaba el voto ciudadano sería reemplazado por un troquel, con el fin de “modernizar” el sistema de votación. Pero en la próxima elección legislativa convivirían ambos sistemas, ya que el Gobierno prevé al menos dos años para completar que toda la población tenga el nuevo documento.

“Es un proceso de modernización inédito en Argentina”, sostuvo el ministro, antes de aclarar que la implementación del nuevo sistema insumió una inversión de apenas “el 1,5 por ciento de los 1200 millones de dólares que se gastaron cuando estaba vigente el contrato con Siemens, en la década del ’90, para hacer los DNI”.

El proyecto que llegó ayer al Congreso afirma que las modificaciones son “tendientes a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la Reforma Política y la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Además de la incorporación del nuevo documento y la entrega al ciudadano de una constancia de que emitió su voto, el proyecto propone “que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral”. Pero también prevé duras sanciones para quienes no cumplan con el deber ciudadano. Las multas van de 50 a 500 pesos, en el caso de que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al día de la elección. Así como inconvenientes para hacer gestiones ante la administración pública y sanciones para los empleados estatales que no voten y que faciliten cualquier tipo de trámite a quienes no hayan votado.

Entre otras quejas, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra planteó que sería un “obstáculo” para los fiscales que “no puedan votar en las mesas que fiscalizan”. Randazzo aclaró que no se trata de un “impedimento a que los fiscales realicen su tarea de control”, sino que ya no podrán ser incluidos fuera del padrón –como sucede hasta ahora– si es que fiscalizaban en otra zona.

A pesar de que desde la mayoría de los bloques opositores avalaron los “avances” en el cambio de documentación, también reclamaron que la reforma del Código Electoral incluya la implementación de la boleta única y el voto electrónico. “Es una discusión que debemos dar y seguramente se podrá dar sin ningún tipo de inconveniente respetando todas las opiniones”, respondió Randazzo sin ponerle fecha a ese debate.

De todas maneras, desde los bloques opositores afirmaron que trabajarán para unificar en un solo texto sus distintos proyectos sobre boleta única e intentar que el mismo sea discutido en la próxima sesión, prevista para después de Semana Santa, donde el oficialismo llevará al recinto el proyecto que ayer defendió Randazzo. La aprobación de la reforma necesita de una mayoría especial, la mitad más uno de todos los integrantes del cuerpo, aunque el oficialismo y sus aliados cuentan con las manos suficientes como para imponer la iniciativa.