El fuego cruzado del caso Boudou-Ciccone se avivó en las últimas horas con denuncias de todos contra todos: políticos y funcionarios trasladaron a Tribunales sus acusaciones públicas. Desde la oposición, el vicepresidente Amado Boudou recibió tres denuncias en su contra presentadas, separadamente, por los diputados de la UCR Manuel Garrido, Graciela Ocaña y Ricardo Gil Lavedra, por los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán y Alicia Terada y por el abogado Ricardo Monner Sans. En todos los casos fue por “omisión de denuncia de funcionario público”, a partir de las duras acusaciones que Boudou formuló la semana pasada durante su defensa mediática por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica SA.

Los diputados que llegaron al Congreso con las listas del radicalismo, Garrido, Ocaña y Gil Lavedra, concretaron una presentación contra Boudou ante la Justicia federal al sostener que el vicepresidente “estaba obligado a denunciar” al titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y al estudio Righi, a quienes involucró en una maniobra de corrupción en su contra. Además, Gil Lavedra hará en nombre del bloque de diputados radicales una denuncia ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) contra el vicepresidente por presunto lavado de dinero.

Garrido advirtió sobre la “gravedad institucional” de las acusaciones de Boudou y sostuvo que el vicepresidente actúa con “de-sesperación” porque quiere que la investigación por el caso Ciccone “encuentre otro rumbo”. El diputado radical señaló que “lo que está claro es que hay una operación a todo nivel, montada por el vicepresidente y la gente del gobierno que lo apoya, para quitarle el caso al juez Rafecas y al fiscal que está interviniendo”. Respecto de la denuncia que el oficialismo promueve en el Consejo de la Magistratura contra el juez, Garrido opinó que “si no fuera tan serio y grave lo que está pasando, realmente sería cómico”. Ese magistrado y el fiscal federal Rívolo investigan si Boudou concretó negociaciones incompatibles con la función pública al intervenir para el levantamiento de la quiebra de la ex Ci-ccone Calcográfica, cuyo director Alejandro Vandenbroele fue señalado por su ex esposa como “testaferro” del vicepresidente.

Para el diputado radical y ex fiscal de Investigaciones Administrativas, “en su desesperación (Boudou) también arremete contra otros funcionarios del Gobierno” como (Esteban) Righi, que “hasta ayer era una especie de prócer pese a que nunca se lo vio muy activo en investigar casos de corrupción y ahora el estudio del procurador es un estudio de mafiosos”. A su criterio, “esto muestra un pase de facturas porque el vicepresidente le atribuye al procurador no frenar al fiscal y al juez” en la investigación.

Con argumentos similares, el abogado Monner Sans pidió que se investigue al ex ministro de Economía porque hasta hoy (por ayer) no había planteado en la Justicia las conductas presuntamente delictivas de las que acusó públicamente al juez federal Daniel Rafecas.

La primera denuncia había sido presentada el viernes por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, quien pidió que Boudou sea investigado por los delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) calificó el caso como un “escándalo de enormes dimensiones”, mientras que la senadora Norma Morandini (Frente Cívico) opinó que Boudou debería pedir licencia.