En la Argentina de estos días la protesta tiene varios motivos, a tal punto que pocas fueron las provincias en las que ayer no se registraron cortes de ruta y manifestaciones. Hubo pedidos de planes empleo, de comida, de pago de salarios atrasados, de devolución de los depósitos bancarios y hasta algunos saqueos a supermercados en dos ciudades de Córdoba; todo el mismo día en que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, regresó de su visita al Fondo Monetario Internacional (FMI) sin un peso y con la confirmación de que será necesario un ajuste mayor si se pretende conseguir ayuda financiera del exterior. El presidente Eduardo Duhalde sostuvo que el papa Juan Pablo II tiene razón y que el país está en una etapa “pre anárquica”, aunque en el Gobierno no consideran estar frente a un alerta máximo. El análisis es que “existe un alto grado de conflictividad social, pero no se está frente a un estallido” y que “hay que responder con planes asistenciales y no con represión”.
Lo que está fuera de discusión es que el clima de protesta va en aumento. De hecho, personas saqueando supermercados no se veían desde los días que precedieron a la caída de Fernando de la Rúa y eso fue lo que ocurrió antenoche en dos localidades cordobesas. En Villa Dolores, 150 kilómetros al norte de la capital provincial, unas 40 personas saquearon un supermercado a primera hora de la noche. El grupo fue desalojado violentamente con gases y balas de goma por la policía, que detuvo a seis mayores y un menor. Para calmar los ánimos, el municipio entregó poco después bolsones de alimentos. El intendente Héctor Zani afirmó que los saqueos fueron “planificados”, sin decir por quiénes, aunque reconoció que el sistema alimentario del norte cordobés está en “crisis” y precisó que la desocupación en su comuna “alcanzó el 50 por ciento”.
En Alta Gracia, ciudad ubicada a unos 36 kilómetros al sudeste de Córdoba capital, fue un grupo mujeres y niños el que ingresó en un supermercado y se llevó varios carritos con alimentos. Allí fueron los mismos empleados del comercio los que trataron de impedir que se llevaran la mercadería, lo cual derivó en una gran pelea que concluyó con la llegada de la policía.
“Hay un piso alto de conflictividad y una permanente manifestación de las protestas”, admitió a Página/12 el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y señaló que “el Gobierno debe trabajar para bajar ese piso”. El funcionario fue terminante en cuanto a la posibilidad de recurrir a la represión para terminar con las manifestaciones, una alternativa por la que se presiona cada vez más desde la derecha y las propias fuerzas de seguridad. “El Estado no debe hacer uso de la violencia –reflexionó Alvarez–. Aquel que lo hace se convierte en un Estado autoritario.”
Las protestas que día a día van surgiendo en cada lugar del país son seguidos con atención desde la Casa Rosada. En la reunión del gabinete social que se realizó anteayer se analizaron dos informes: uno sobre el aumento del delito en general y otro que traza una suerte de mapa de los distintos conflictos en curso. En opinión de los funcionarios del Gobierno, “lo más cercano a un estallido fue lo que ocurrió en diciembre y la situación actual es distinta a la de entonces. Lo que hay son conflictos que no se solucionan de un día para otro y que deben ser atendidos con planes sociales”.
En el mapa de la conflictividad social que elaboró el Gobierno, Córdoba no figura precisamente entre las provincias peor calificadas. Esa nómina la integran Chaco, Salta, Jujuy y Buenos Aires, distritos todos en los que ayer se registraron nuevas manifestaciones de protesta.
La ciudad de Resistencia continuó prácticamente sitiada por seis piquetes que los desocupados protagonizan desde el martes pasado en reclamo de puestos de trabajo. Los cortes tienen lugar en las rutas de acceso de la capital provincial, con las complicaciones para la circulación de vehículos que ello implica. Los piqueteros anunciaron que seguirían al menos hasta hoy con la protesta, aunque ya habían recibidointimaciones del juez federal Carlos Skidelsky para que se desalojen los caminos.
En Salta, distintas agrupaciones realizaron diez cortes de ruta en el norte de la provincia en demanda de Planes Trabajar y medicamentos, mientras que los municipales de la capital provincial marcharon por esa ciudad en reclamo del pago de los sueldos atrasados de diciembre y enero. Esa manifestación –y otra que por similares motivos realizaron colectiveros locales– terminó con varios heridos en enfrentamientos con la policía, que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos.
Los que protestaron en Jujuy fueron empleados de las distintas mutuales agrupadas en la Federación de Entidades Mutuales. El pedido: que el gobierno provincial salde una deuda que mantiene desde hace seis meses y que a la fecha asciende a 10 millones de pesos.
En Buenos Aires las manifestaciones fueron múltiples, al igual que en los últimos días. Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa de la zona norte cortaron el puente Saavedra, en reclamo de que los Planes Trabajar no sean manejados por los municipios y la entrega de insumos a los hospitales. El propio Ministerio de Justicia bonaerense informó que hubo cortes de rutas y calles en Ensenada, Baradero, San Nicolás, Hurlingham, en San Martín, Avellaneda, Lomas de Zamora y Florencio Varela.
Además de las ya habituales protestas de ahorristas en el microcentro porteño y el cacerolazo contra la Corte Suprema de los jueves, también Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Catamarca. Los estatales de San Juan desataron su furia arrojando huevos contra la casa del gobernador Eduardo Avelín porque les deben el 50 por ciento de los sueldos de noviembre y diciembre y la totalidad del de enero.