A pesar de las discusiones internas y de un planteo de ayer a última hora para rechazar “in limine” la denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, todo hace pensar que el Consejo de la Magistratura avanzaría en el análisis de su actuación en el caso de la ex Ciccone. El pedido para abrir una investigación lo hizo el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Hernán Ordiales, con el argumento de que los hechos que expuso el vicepresidente Amado Boudou públicamente, después del allanamiento a un departamento del que es propietario, pondrían en duda la “imparcialidad” del magistrado. La presentación de mensajes donde Rafecas da sugerencias al abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, vinculado con la defensa de José María Núñez Carmona, socio de Boudou, sacudió el escenario. El radicalismo, que sostiene que todo es un ataque para frenar la investigación sobre el rescate de la ex Ciccone y que el kirchnerismo montó un trámite irregular en el Consejo, ahora da señales de que podría admitir que la pesquisa contra Rafecas avance. Sin embargo, la apertura del proceso no implica que prospere un juicio político.

La denuncia de Ordiales se basa en lo que dijo Boudou una semana atrás, cuando acusó a Rafecas de divulgar información del caso Ciccone así como de haber enviado mensajes por el sistema “Whatsapp” al abogado Danuzzo Iturraspe, aconsejándolo sobre la difusión de un dictamen de Boudou a favor de una moratoria para la imprenta y con su opinión sobre la nulidad de la declaración de Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, según ella “testaferro” del vicepresidente. Rafecas dijo que tiene una vieja amistad con Danuzzo y que mantuvo “un intercambio de opiniones en términos estrictamente personales” y cuando vio que “empezó a derivar a una función de lobby, cambié la actitud y se terminó el contacto”. Añadió que pudo haberse “excedido en alguna palabra o comentario informal”.

Según Ordiales, son asuntos de “extrema gravedad” que se deben investigar como posible “mal desempeño”. Menos de una hora después de que presentó la denuncia llegó al Consejo a declarar por su cuenta el abogado Danuzzo Iturraspe, quien relató ante Ordiales y el presidente del cuerpo, Manuel Urriza, que en el contacto que mantuvo con Rafecas le había ido dando sugerencias sobre qué hacer en la causa y que luego lo sorprendió allanando la casa de Muñoz. Además entregó todos los diálogos.

Esa declaración sorpresiva generó una fuerte controversia entre los consejeros. Y lo que sucede es que la investigación no está formalmente abierta: hay una denuncia, pero todavía la Comisión de Disciplina y Acusación tiene que resolver si le da trámite o si la desestima. Debería reunirse hoy, pero no lo hará porque su presidente, el diputado del FpV Carlos Moreno, estará ausente por problemas de salud. De todos modos, allí el kirchnerismo tiene mayoría, y con mayoría simple puede inaugurar el expediente y sortear un consejero a cargo. Tampoco habrá plenario, que quedará para la semana próxima. En ambos ámbitos, de todos modos, seguramente habrá polémica.

La mayoría de los consejeros no kirchneristas sostiene que la declaración espontánea de Danuzzo y su aporte de la conversación por chat se hicieron en forma irregular. Sostienen que era una declaración acordada. “En media hora fueron los taquígrafos, no se avisó a otros consejeros ni se justificó la urgencia; toda denuncia debe ser analizada en forma preliminar en comisión”, dijo el consejero-juez Ricardo Recondo. Urriza retrucó que él comunicó de inmediato la denuncia contra Rafecas a la Comisión de Acusación, como estipula el reglamento. Ordiales recordó un caso en que se recibió declaración espontánea a la ex esposa de un camarista del fuero contencioso administrativo, que se dio por válida.

Ayer a las 19.30 dos consejeros jueces (Recondo y Alejandro Sánchez Freytes) y dos abogados (Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi) presentaron un pedido para que se llame a un plenario extraordinario, constituido como Comisión de Acusación, y presentaron un dictamen para desestimar “in limine” la denuncia contra Rafecas. Ellos entienden que ni los dichos de Boudou ni los dialoguitos de Danuzzo ofrecen “elementos que ameriten una investigación administrativa”. Sólo buscan, advierten, “generar efectos” en la causa. “Se pretendió mediáticamente parar una investigación cuestionando al juez que investiga”, alega Recondo. Las objeciones a Rafecas o el fiscal, dice el escrito, deben tramitar como recusaciones o excusaciones en tribunales.

El cuarteto de jueces y abogados no logró sumar la firma de los radicales, ni del camarista Mario Fera, cuyo voto suele definir muchos debates en el Consejo. Ese planteo no tiene chances de prosperar. La UCR sólo coincide en cuestionar “el procedimiento”.