El arquitecto Eduardo Saiegh pidió el juicio político del fiscal Carlos Rívolo, a quien acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última dictadura del Banco Latinoamericano, del que fue fundador y accionista mayoritario, y que vincula con el secuestro y torturas que sufrió en 1980. Saiegh había presentado en 2009 una denuncia contra quien fuera vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, y contra el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Denunciaba crímenes de lesa humanidad y antisemitismo. Pero asegura que la causa no avanzó porque Rívolo no la impulsó “injustificada e ilegalmente”.

La remoción de Rívolo “por mal desempeño y negligencia” fue reclamada por Saiegh ante la Procuración General de la Nación, organismo que tras la salida de Esteban Righi –por derivaciones del caso Ciccone– quedó transitoriamente a cargo del adjunto Luis González Warcalde, y el Gobierno aspira a que quede definitivamente en manos de Daniel Reposo. En su presentación advierte que el fiscal fue apartado de su caso por orden de la Sala I de la Cámara Federal, que sentenció que luego de tener la causa dos años y promover su cierre “no tiene ningún tipo de justificativo atendible”. Generó “una seria afectación a la garantía del debido proceso legal, vulnerando el derecho de acceso a la Justicia de la parte damnificada”, dijo la Cámara, que apartó además al juez Daniel Rafecas, hoy también cuestionado por el caso Ciccone.

La Cámara además cuestionó al fiscal por haber incluido en un dictamen la siguiente frase: “Es sabido que el único plan sistemático de la dictadura consistía en ‘aniquilar la subversión”. Lo acusó de usar “argumentos propios de los represores”.

En la fiscalía de Rívolo dicen que contestará el planteo cuando sea notificado, pero recordaba su actuación en algunas causas de derechos humanos, varias de restitución de hijos de desaparecidos.