El escenario mediático se podría ilustrar como si fuera un juego de cinchada donde los contendientes tratan de instalar los contenidos y significados de uno u otro lado. El punto medio de esa cincha es donde más opinión pública se puede reunir y es un punto que se corre permanentemente de un lado para el otro. Cuando uno de los extremos de la cinchada decide hacer un gasto fuerte de energía, lleva hacia su lado ese punto medio, pero si no consigue doblegar a su adversario en ese momento, después sufrirá el efecto del agotamiento y podrá ser arrastrado hacia el otro extremo.

El caso Ciccone está en el medio de una pulseada por el estilo. La estrategia de los grandes medios opositores busca instalar por enésima vez la imagen de un gobierno cuya única motivación es la corrupción. Hasta las cosas que se hacen bien estarían motivadas por ese lucro degradante, según esa interpretación. Si fuera así, éste sería el primer gobierno de la historia motorizado solamente por ese interés infame.

El gasto de energía destinado a llenar de indignación e inflamado desprecio cada línea que se escribe al respecto, a llenar titulares de primera plana y más tiempo y numerosas páginas de los grandes medios corre ese punto medio de la cinchada y hasta pone a la defensiva a la mayoría de los periodistas, que sienten la presión de acompañar ese corrimiento hacia ese enfoque tan interesado desde la oposición mediática. Es una presión que afecta también al ámbito judicial, donde jueces y fiscales lo sienten igual que los periodistas. Quien no hable como opositor en este tema sería inmediatamente sospechado de corrupto.

Se han hecho notas sobre el grupo de amistades de Mar del Plata de personas cercanas al vicepresidente Amado Boudou, obviamente subrayando y destacando aquellos aspectos que más conviene para sus posiciones. Se han hecho notas sobre la historia de la ingeniería financiera de la empresa Ciccone, que no es un pequeño taller, sino que es la más importante del medio gráfico en el país, destacando huecos y zonas turbias de ese entramado que surgirían seguramente si se radiografiara a cualquier gran empresa argentina, incluyendo a las de los medios que publicaron o difundieron esos artículos.

Esa información es presentada con todo el énfasis y la mala leche necesaria y sin embargo no han podido unir los dos entramados más que con datos muy circunstanciales. En la mayoría de los casos esos datos fueron aportados por la ex mujer despechada de uno de los involucrados y por el gerente de Boldt, la principal empresa afectada por la salida de Ciccone de la quiebra. Como se dice en la jerga judicial, son testimonios comprendidos en las generales de la ley, brutalmente interesados en castigar a Ciccone y a Boudou.

El testimonio de la ex mujer de Vandenbroele fue desestimado y el gerente tiene una acusación por falso testimonio. Sin embargo, la columna vertebral de toda la investigación judicial se apoya en esas dos declaraciones. Si el fiscal Carlos Rívolo tiene más argumentos que el de satisfacer esa presión mediática asfixiante, no los ha presentado hasta ahora.

La proliferación de denuncias sobre corrupción, su aprovechamiento político y comercial, con información que en la mayoría de los casos no se comprueba o que no tiene la más mínima relevancia en relación con la grandilocuencia con que son presentadas, constituyen otra forma de corrupción porque anestesian la sensibilidad social frente a estos delitos. Lo que pasa es que cuando se hacen estas denuncias la gente termina por no darles importancia, salvo una minoría. Gracias a esas prácticas indiscriminadas y oportunistas, la corrupción no aparece como un tema decisivo en las contiendas electorales.

El regreso de Elisa Carrió a las pantallas chicas sirve como ilustración. En su presentación en un programa periodístico de TN definió esa idea de un gobierno que sólo se mueve con objetivos corruptos, pero además incluyó también en esa definición a los demás partidos de la oposición que son los que ella necesita desplazar para volver a instalarse. Desde su mirada, el Gobierno es corrupto y sus competidores también lo son. Su forma de competir es denunciar de corruptos a sus competidores. Esa es una forma de corrupción, porque termina por naturalizar ese delito o mimetizarlo en medio de una hojarasca de denuncias inconsistentes. Y muchos periodistas derivan hacia esa misma zona pantanosa donde se instala Carrió, desvirtuando y desprestigiando un género noble como es el periodismo de investigación, convirtiéndose en denuncistas.

El lugar del Gobierno tampoco es fácil, porque lo real es que de alguna manera terminó por favorecer a Ciccone Calcográfica. La defensa del Gobierno es más complicada en ese sentido porque no puede decir que no hizo nada para favorecerla. De hecho, la empresa estaba al borde de la quiebra el año pasado y la AFIP flexibilizó sus requerimientos, lo cual le permitió sobreponerse.

El aumento de la velocidad de rotación de los billetes, más la inflación, determinó que la Casa de la Moneda no alcanzara a producir todos los billetes que requería el mercado. Entre 2010 y 2011, parte de los billetes argentinos de cien pesos se fabricó en Brasil. Para los economistas del oficialismo, la política monetaria de un país es una herramienta soberana de los gobiernos y la fabricación de billetes se ubica en el corazón de esas políticas, por lo cual los contratos con Brasil sólo fueron una forma de ganar tiempo hasta que la Casa de la Moneda pudiera volver a hacerse cargo.

En Argentina, la única planta en condiciones técnicas de hacerlo, en sociedad con la Casa de la Moneda, era Ciccone, que estaba al borde de la quiebra. En ese contexto hubo una decisión política de favorecer la recomposición de la empresa y de que la fabricación de billetes volviera a la órbita de la Casa de la Moneda. La empresa Boldt, que administra juegos de azar y muy ligada al ex presidente Eduardo Duhalde, había alquilado la planta de Ciccone con la intención de hacerse cargo de ella. Cuando Ciccone pudo zafar de la quiebra, Boldt se sintió perjudicada y su gerente ha sido el testigo más fuerte de la fiscalía contra Boudou y el Gobierno. Sin embargo, sus declaraciones fueron descalificadas por otro testigo que él mismo había convocado para que las ratificara, por lo cual fue acusado de falso testimonio.

De todo este embrollo es claro que hubo una decisión política del Gobierno para que los billetes se fabricaran en Argentina y por la Casa de la Moneda. Y todo lo relacionado con la recuperación de Ciccone como empresa, incluyendo las recomendaciones de Boudou a la AFIP, forma parte de una decisión política en la que no estaba sólo Boudou. Pretender que en el marco de esa decisión tan estratégica para el Gobierno, Boudou haya querido hacer un negocio personal sería reducir todo a esa visión simplista y primitiva de Carrió, es decir, lo más parecido al disparate.

Si el Gobierno favoreció a Ciccone para salir de la quiebra, el funcionario (el ministro de Economía Boudou), que estaba relacionado en ese momento con la fabricación de billetes y que, por lo tanto, intervino también en ese proceso, ahora es acusado de haberlo hecho para favorecerse personalmente. Lo que apareció en un primer momento como una acusación rimbombante de “enriquecimiento ilícito” pasó después a “lavado de dinero” y ahora los mismos medios que urdieron la urdimbre lo terminan reduciendo a “tráfico de influencias” o “mal desempeño de funcionario público”. El problema para el Gobierno es que sí estaba interesado en la rehabilitación de Ciccone y que Boudou mismo aconsejó a la AFIP que hiciera lo posible en el marco de la ley y en la medida en que no afectara los intereses de ese organismo, como señala la nota que dirigió a la AFIP y que es mencionada en las notas que fusilan al vicepresidente y ex ministro de Economía.

A favor del Gobierno habría que agregar que ha participado también en el salvataje de muchas otras empresas, desde frigoríficos hasta grandes metalúrgicas, a veces en defensa de la fuente de trabajo y otras para salvar determinada fase de producción nacional. En cada caso intervino el funcionario más cercano al área de esas empresas, que por lo general ha sido el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. No es inusual que esto suceda de esa manera, es decir, que el Gobierno se interese por el salvataje de una empresa y que participe de alguna forma el funcionario del área.

Si se le quita el énfasis y el tono dramático a la información que se publica sobre este tema se llega a la conclusión de que así como lo relacionado con Ciccone por parte del Gobierno tiene el trasfondo de una decisión política, toda la denuncia contra Boudou con tan pocos elementos también responde a una decisión política contraria. En otras circunstancias podría expresarse el deseo de que finalmente la Justicia eche luz, pero el embrollo se mueve en una zona de ambigüedad en la que cada hecho puede tener varias interpretaciones y la acusación es tan restringida que es difícil que por ese lado haya luz. A riesgo de acusaciones de complicidad o corrupción, lo único que puede decirse es que hasta ahora lo concreto es que son dos decisiones políticas contrarias, la del Gobierno por un lado y la de los grandes medios, asociados en este caso a la empresa Boldt, por el otro. Lo demás es pura espuma avalada por una cuestión política.