Miles de copias de mails privados de políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios, artistas y personajes de la farándula se acumulan como elementos de prueba en el Juzgado federal de San Isidro. Hace seis años, una denuncia de la Secretaría de Inteligencia dio origen a una causa que terminó caratulada como violación de secretos políticos y militares. Un grupo de tareas virtual se dedicaba a hackear los correos electrónicos, seleccionaba la información y la difundía en forma de operaciones políticas o escandaletes mediáticos. Luego de años de recolección de prueba, allanamientos varios y peritajes técnicos empieza la ronda de citaciones a indagatoria de los imputados: el ex titular de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado durante parte del menemismo Juan Bautista “Tata” Yofre tendrá que presentarse mañana ante la jueza Sandra Arroyo Salgado. Un somero repaso por los archivos permite vislumbrar el para qué del fisgoneo y las derivaciones de una causa que saca a la luz a personajes habituados a la oscuridad.

La difusión en blogs anónimos y la proliferación en las casillas de mails de decenas de políticos y periodistas de intercambios privados –reales e inventados– del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, así como la publicación de correos del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández puso en alerta al Gobierno allá por el 2006. Tras la denuncia se habilitó la escucha de sospechosos y empezó la investigación. Yofre, los agentes de Inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero, y el general Daniel Reimundes, ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de la Alianza y de Duhalde, fueron señalados desde un principio como sospechosos.

La adulteración de encuestas para las elecciones presidenciales de octubre de 2007 fue una primera comprobación de la operatoria de los espías informáticos. La titular de Analogías, Analía del Franco, tuvo que explicar por distintos medios que no eran reales los sondeos que ubicaban a Adolfo Rodríguez Saá con un 34,3 por ciento de intención de voto, detrás de Cristina Fernández de Kirchner con el 44,2 por ciento. El resultado le daba al puntano apenas un dígito. Habían hackeado el relevamiento real. El caso derivó en una causa judicial y las huellas condujeron a las habilidades informáticas de Velázquez y Carpintero.

Apenas un mes después, las escuchas ordenadas por Arroyo Salgado derivaron en un escándalo político militar. Fue separado de la Secretaría de Inteligencia del Ejército el general Osvaldo Montero, acusado de operar en contra de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. ¿Qué había pasado? El general usaba un teléfono celular que estaba a nombre del hacker Pablo Carpintero, cuyo número estaba tomado en el marco de la investigación por la Secretaría de Inteligencia. Garré fue confirmada entonces en su cargo por Cristina Fernández de Kirchner y la carrera militar de Montero terminó.

Campo fértil

En 2008 el conflicto con las patronales agropecuarias era azuzado no sólo desde la calle sino también desde la red de redes. Las cadenas de correos electrónicos llamando a la rebelión civil contra “la yegua” se esparcían por todos lados. Empezó a circular por e-mail la convocatoria a una Marcha Federal del Campo con un Plan Esquemático de Movilización a Capital Federal. En un rudimentario lenguaje castrense, se daban precisiones de puntos de encuentro, horas y cantidad estimada de participantes con el objetivo de “generar la sensación pública del poder de los productores rurales quienes se mueven fundamentalmente por la dignidad del campo”. Otro mail identificaba entre los supuestos autores de la movida a militares retirados, ex miembros de la SIDE y a un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los mismos nombres que estaban ya bajo la lupa judicial pero ellos no lo sabían. En ese momento, en diálogo con este diario, Yofre desestimó la denuncia; dijo que no tenía “ni una maceta” y se lamentó que lo involucraran al “pobre Reimundes que está retirado”. El general se quejó no sólo del señalamiento sino del tono del texto de la convocatoria. Reimundes era la mano derecha del general Ricardo Brinzoni, el hombre que antes de ser desplazado de la cúpula del Ejército por Néstor Kirchner había intentado que la Corte Suprema ratificara la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos.

Otros correos anónimos convocaban a salir “todos con una remera verde desde cualquier pueblo o ciudad, todos juntos podemos hacernos escuchar porque quien debe hacer el ejercicio de reflexión, y desde hace tiempo, es el Gobierno”.

Alimentando el clima de crispación contra la aplicación de las retenciones móviles cobró fuerza por esos días otro mail apócrifo. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, era señalado como comprador de miles de hectáreas en Henderson, provincia de Buenos Aires. Una cadena de noticias inexistente difundía la información que identificaba al estudio de Fernando Nicolás Martella como intermediario. Pocos días después el estudio publicó una solicitada desmintiendo la información.

En junio de ese candente 2008, otra cadena anónima llamaba a una marcha con banderas blancas para denunciar la “Korrupción” y agitaba contra la continuidad del Gobierno.

La publicación de fotos privadas del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y entre otras de Victoria Bereziuk, la ex secretaria que viajó junto a funcionarios del Ministerio de Planificación en el avión privado que trasladó a la Argentina al venezolano Antonini Wilson con la valija con 800 mil dólares no declarados, daba cuenta de que los espías estaban operando sin límites.

Cuando la jueza Arroyo Salgado ordenó allanamientos a los domicilios de Velázquez, Yofre, Carpintero, Reimundes y Héctor Alderete, el titular del Seprin (Servicios Privados de Información), un portal nutrido de operaciones de espías de toda calaña, se produjeron distintos efectos. Velázquez y Carpintero pidieron asilo en Uruguay. El primero terminó preso por su compulsión a pinchar comunicaciones privadas: había interceptado mails de funcionarios uruguayos. Fue liberado y ahora dicen que nadie sabe dónde está. Carpintero volvió a la Argentina y está libre. Yofre, Alderete, Reimundes y los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgard Mainhard desfilarán a partir de mañana ante la Justicia. Quienes conocen la causa cuentan que Mainhard, editor de Urgente 24, usaba un teléfono celular registrado a nombre de Jorge Zenarruza, un militar retirado vinculado con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Y, en ese mundo de oscuridad donde todo se relaciona, Zenarruza aparece como socio del espía Ciro James, contratado por el gobierno de Mauricio Macri y procesado como el jefe de Gobierno por las escuchas ilegales.

Remanentes

En julio del año pasado, poco después de que estallara la difusión de los Wilileaks, apareció la página web leakymails.com. La pretendida remake de cabotaje de los documentos publicados por Julián Assange no fue más que otra andanada de la información robada a políticos, periodistas, dirigentes y personajes de la farándula que venía contaminando la red desde hacía años. Los hackers se ufanaban de tener ocho millones de mails y seis millones de fotos y videos para colgar en la red. Inocuas conversaciones empezaron a circular en medio de otras que podían despertar inquietudes. Por cuerdas separadas los ministerios de Defensa y de Seguridad presentaron denuncias judiciales. En agosto de 2011, el juez federal Sergio Torres le ordenó a la Comisión Nacional de Comunicaciones bloquear leakymails. El sitio dejó de operar pero, como todo lo que en algún momento estuvo en la red, los documentos filtrados siguen apareciendo. Se sabe que el servidor desde el que difundían los e-mails era de los Estados Unidos. La reiteración de los viejos correos atribuidos a Zaffaroni orientó otra vez la búsqueda al conocido grupo de tareas investigado en San Isidro.