Sangre en la tierra de Navarro se titula la obra teatral que el jueves se representó para ochenta personas privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria 25, de Olmos. Ese encuentro imaginario entre Manuel Dorrego y su asesino, Juan Lavalle, se representa en las cárceles por un acuerdo entre el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, a cargo del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, y Lito Cruz, director del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Se comprende el interés de los reclusos en la U25, ya que en la vecina Unidad 1, también de Olmos, en la misma semana fue asesinado su compañero Rodolfo Martínez, en una de las peleas que propicia el Servicio Penitenciario, que también provee las armas. Martínez es uno de los cinco detenidos que perdieron la vida por este sistema perverso, en represalia por la visita que el vicegobernador Gabriel Mariotto realizó hace dos semanas al Complejo Penitenciario Conurbano Norte, de San Martín. Los otros cuatro cadáveres arrojados desde entonces para ratificar que el autogobierno penitenciario no admite intromisiones ni derechos, son Juan Romano Verón (U48), José Burela Sombra (U45), José Luis Acuña Silva (U9) y Nicolás Gómez Verdún (U54). Además se incrementaron los traslados de detenidos de una unidad a otra, pese a la advertencia del vicegobernador a las autoridades del Complejo para que no insistieran con esa forma de castigo que afecta a todo el núcleo familiar. Mariotto comunicó a Daniel Scioli lo que había visto durante la inspección, pero el gobernador no adoptó ninguna medida para poner coto a esta saga sangrienta de represalias y remitió el asunto a Casal, que no es parte de la solución sino del problema. En cada caso, el SPB informa que se produjo una pelea entre internos que tenían “problemas de convivencia”, aunque se cuida de explicar por qué los aloja en la misma celda o pabellón. También omite cualquier referencia al origen de las armas con que se producen los crímenes. En las casas del régimen abierto del Complejo de San Martín, Mariotto recibió una cuchilla y dos facas que, según los detenidos, les habían entregado dos subdirectores de la Unidad Penitenciaria 47. Agregaron que con esas armas debían atacar a otro interno, que había denunciado maltratos anteriores por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ambos siguen en funciones, pese al reclamo de Mariotto para que fueran alejados mientras se investigaba la denuncia.

Preguntas molestas

Scioli se irritó con periodistas que le preguntaron por estos episodios y dijo que los analizaría con el vicegobernador y no con los medios, porque “mi enemigo es la inseguridad y mis problemas son los problemas de la gente”. Su forma de combatirlos son las conferencias de prensa en las que informa de “golpes al narcotráfico y la delincuencia”. En muchos casos, son inventados, como la anunciada detención del jefe de los Zeta mexicanos. En otros son reales, pero ajenos. El viernes 6, Casal convocó a uno de esos infoshows en Lanús, para anunciar el denominado Operativo Luis XV: la de-sarticulación de una banda con numerosos miembros colombianos, que se aprestaba a exportar a Europa y Estados Unidos 280 kilos de cocaína disimulados dentro de muebles de estilo. La causa llevaba dos años, a partir de una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la que participó la Inteligencia de Gendarmería. Cuando toda la información estuvo reunida, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella, ordenó la realización de ochenta allanamientos en distintos lugares del país. Para realizarlos en forma simultánea, se requirió el auxilio de otras fuerzas federales y provinciales. Al llegar al sitio, Scioli mantuvo un tenso diálogo con el Secretario de Seguridad federal, Sergio Berni, a quien la presidente CFK le había indicado que el anuncio de ese operativo federal debían hacerlo las autoridades nacionales que condujeron la investigación. Cariacontecido, Scioli debió permanecer en La Plata, mientras Berni dialogaba con la prensa y Casal estiraba el cuello a sus espaldas para entrar en cuadro. También por orden de Cristina, la ministra Nilda Garré citó a otra conferencia, flanqueada por Berni y por el subsecretario de delitos complejos, Miguel Robles. Garré destacó el trabajo del jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, de la Gendarmería, la Aduana y la Secretaría de Inteligencia.

Una crisis estructural

Las cárceles no son el único volcán en erupción de la provincia de Buenos Aires. Tan grave como los hechos de sangre que en ellas se producen, y que luego se propagan por la sociedad incrementando la violencia en todo tipo de delitos, es la situación de la tierra y de la vivienda. El problema es estructural y no puede imputársele a un solo gobierno. Comenzó con la supresión en 1955 de la función social de la propiedad, uno de los pocos derechos colectivos de la Constitución de 1949 que no fueron repuestos en reformas posteriores. Lo intentó el proyecto de reforma constitucional pactado en 1990 por Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero. Inscripto dentro del constitucionalismo social, su texto definía un Estado social y democrático de derecho en el que la actividad económica, la propiedad privada y el capital deben estar al servicio del hombre y cumplir una función social. El comisario policial de la UCeDé Alberto Albamonte en alianza objetiva con los comisarios políticos del trotskismo derrotaron la reforma en el plebiscito convocado por Cafiero y lo celebraron como una victoria sobre el bipartidismo. “La tierra es una vaca sagrada que no se toca, porque es la base del poder de las clases dominantes”, explica el arquitecto Eduardo Reese, docente de gestión urbana en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional del General Sarmiento. La denominada “Ley de ordenamiento territorial y manejo del suelo”, un decreto firmado en 1977 por el interventor militar en la provincia de Buenos Aires, regula lo relativo a los countries y barrios privados pero no dice una palabra sobre la vivienda popular. De este modo, garantiza la especulación con la renta urbana. Algo similar ocurre con el proyecto de reforma de los códigos civil y comercial anunciado hace dos semanas, que resuelve muchos problemas legales de los desarrolladores inmobiliarios de countries y hace una vez más silencio sobre los asentamientos informales en los que vive un millón de bonaerenses. “Con los precios obscenos de la tierra ni siquiera la clase media puede acceder a la vivienda”, explica Reese. Los desarrolladores inmobiliarios compran tierras baratas y aguardan sin que se los penalice con ningún impuesto a que la inversión pública (para ensanchar una ruta o instalar algún servicio) decuplique su valor y en ese momento construyen un country o un barrio cerrado. Para ello no deben ceder nada al Estado, mientras en un loteo popular el 37 por ciento se traslada para la apertura de calles, plazas y equipamiento público. Así, ha desaparecido la oferta de lotes para vivienda popular e incluso zonas tradicionales de pobres, como el sur y el oeste, terminan colonizadas por los sectores de altos ingresos, mientras los indigentes son empujados a lugares cada vez más lejanos, más caros y de inferior calidad. El resultado fue una feroz fractura social: los ricos encerrados en sus barrios y los pobres en asentamientos ilegales sobre las peores tierras, ocupadas por la fuerza. Por eso, cinco años después de la promulgación de aquella ley, en 1982 volvió a incluirse la usurpación como delito en el Código Penal. Los casos surgen a la luz pública cuando en una toma de miles de personas hay disparos y muertes, como en el Parque Indoamericano en la Capital, o en Ledesma, Jujuy, pero pronto quedan relegados por otras noticias urgentes, instaladas por los grandes medios de la Capital. En este momento hay en curso decenas de ocupaciones en distintos lugares del país, que en cualquier momento pueden desbordarse. Sólo en Moreno, una toma involucra ahora mismo a 3000 familias. En tales condiciones no basta con órdenes políticas de no reprimir ni con protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad.

El derecho a la ciudad

Scioli llegó a admitir la posibilidad de un cambio de fondo en la legislación sobre el manejo del suelo urbano. Como Subadministrador General del Instituto provincial de la Vivienda, Reese participó en la elaboración de un proyecto de ley de Promoción del Hábitat Popular, que intenta modificar ese patrón de segregación socioambiental. Sus tres principios básicos son

- el derecho a la ciudad, que implica acceso a infraestructura como el transporte, la luz, el gas, los desagües, la educación y la salud;

- la función social de la propiedad, que prioriza lo colectivo sobre lo individual, y

- la gestión participativa, en la que todos discuten cómo debe ser el barrio. Esa es la experiencia del Foro provincial de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda (FOTIVBA).

Entre la docena de instrumentos contemplados para llevar a la práctica aquellos principios, la ley contempla que los desarrolladores de proyectos suntuarios (barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings, cementerios privados) deban ceder el 10 por ciento del terreno para loteos populares. No es una proporción exagerada: en Alemania y España la cesión obligatoria llega al 30 por ciento del terreno. Tampoco es obligatorio que el barrio popular se levante junto al proyecto de lujo: puede ser en otro lugar, compensando la diferencia de valor, calculado por el Tribunal de Tasaciones. Ese 10 por ciento del suelo incrementaría en menos del 1 por ciento el precio de la edificación en un country. Un ejemplo de comprensión fácil: Nordelta II debería ceder 150 hectáreas, en las que sería posible construir entre 5 y 10.000 viviendas populares. El proyecto también permite que los municipios declaren obligatorio el loteo o la edificación de terrenos baldíos y construcciones paralizadas y si el propietario no lo hace en cinco años, autoriza su expropiación. Esta alianza entre el Estado y las clases desprotegidas para construir viviendas populares es la única alternativa para no seguir edificando cárceles. Pero en cuanto se produjo la reacción de los intereses afectados, Scioli abjuró de los compromisos adquiridos.

Dolores

En esa marcha atrás del gobernador influyó su secretaria de medios de comunicación, Dolores O’Reilly, familiar de Jorge O’Reilly, uno de los principales desarrolladores de countries del país (según La Nación con construcciones por más de 400 millones de dólares), quien en 2008 tuvo un estrepitoso desempeño como asesor del fugaz jefe de gabinete Sergio Massa. Miembro supernumerario del Opus Dei, fue hombre de enlace con la Iglesia Católica y la embajada de los Estados Unidos. En la Nunciatura pidió el alejamiento del cardenal Jorge Bergoglio y en su casa se produjo la infame comida en la que Massa llamó monstruo, psicópata y cobarde al ex presidente Néstor Kirchner. Egresado del colegio Cardenal Newman y rugbista en tercera línea del Club Atlético San Isidro, O’Reilly se volcó a construir barrios privados en la provincia de Buenos Aires, comenzando por el Tigre, donde viven Massa y Scioli, y luego en el resto del país. En un reportaje concedido a la revista de negocios Reporte inmobiliario, contó el comienzo de su actividad, inspirado por su tío materno y actual socio, Patricio Lanusse, quien compró con un grupo de amigos cinco hectáreas en La Horqueta. “Luego le cambiaron la zonificación. Esta es una de las claves del negocio inmobiliario y de la dificultad para modificarlo con provecho social. El permiso para hacer lícito lo que estaba prohibido tiene un precio, que la política municipal usa para financiarse en forma clandestina. Algunos desarrolladores opuestos a la ley dijeron sin tapujos: “Nosotros ese 10 por ciento ya lo pagamos”. El método consiste en dejar el pago en una escribanía en un sobre que sólo puede abrirse una vez votado el cambio de zonificación. El desafío es socializar ese 10 por ciento. Adecentar la política es para demasiada gente cuestión de vida o muerte.

El derecho de propiedad

Fuentes del gobierno provincial sostienen que la propia Dolores O’Reilly puso en alerta al diario La Nación, que el 16 y el 18 de marzo de 2011 dedicó sendas tapas y una serie de notas al tema. En la primera portada, el título fue: “Evalúan obligar a countries a ceder terrenos”, en la segunda, “La cesión de tierras, problema para Scioli. La iniciativa provocó roces en su gabinete”. De inmediato, un dirigente político con alguna influencia en aquel momento, Francisco De Narváez, pidió la declaración legislativa del “estado de alerta ante este avance sobre la propiedad privada” y dijo que a Scioli “el gobierno nacional le comenzó a escribir los discursos”. El gobernador consintió el proyecto impulsado por técnicos y militantes no porque reconociera el derecho a la ciudad y la vivienda de quienes no tienen ni donde caerse muertos, sino con miras a mejorar la seguridad de la beautiful people en la que él y sus principales colaboradores piensan.

A la segunda tapa de La Nación (y en medio de un bombardeo de notas en distintos programas de la señal de noticias de Daniel Hadad, de estrecho vínculo con los O’Reilly) Scioli congeló el proyecto, del que no volvió a hablarse, y en diciembre pasado le pidió la renuncia a Reese. El gobierno libró a su suerte a esa inmensa población privada de derechos, para la cual el rostro más conocido del Estado es la policía, que encuentra en los varones jóvenes pobres mano de obra barata obligada a delinquir en beneficio de sus funcionarios, y luego los desecha en falsos tiroteos o verdaderas desapariciones para reiniciar el ciclo con otras víctimas. Allí se reclutan también los casi 30.000 rehenes del Servicio Penitenciario, a los que Casal recrea con espectáculos como Sangre en la tierra de Navarro. Este círculo vicioso sólo se puede romper con decisión política y militancia social.