La denuncia llegó en silencio, hace menos de un mes, a los tribunales federales. No la hizo uno de los célebres denunciantes crónicos, sino la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), que vino a sumar lo suyo al fuero que arde esta temporada. Uno de sus párrafos finales es contundente. “Imputados”, enumera, “Hugo Antonio Moyano”, y suma a dos funcionarios de la Administración General de Puertos, que depende del Ministerio de Planificación. El dictamen los vincula con una presunta defraudación contra la administración pública por un negocio que le ha permitido al gremio de los camioneros cobrar, a través de una empresa allegada, un peaje de 14 dólares más IVA por cada camión que ingresa al puerto de Buenos Aires en los últimos tres años. Según el dictamen que presentó el fiscal general Guillermo Noailles al juez Rodolfo Canicoba Corral, se trata de un canon “arbitrariamente impuesto”, que habilitó una recaudación millonaria, a través de una empresa privada que integra como director el ex juez y abogado de Camioneros Daniel Llermanos, a la que se adjudicó sin licitación la realización de un proyecto cuyo objetivo era descomprimir el tránsito en la zona adyacente a las terminales portuarias y ofrecer un buen lugar donde esperar a los choferes.

Noailles hizo la presentación penal el 20 de marzo, cuando todavía estaba al frente de la Procuración General Esteban Righi, entonces jefe de todos los fiscales. La investigación se había iniciado en 2009, cuando se conoció el convenio de los camioneros. La denuncia penal se concreta en momentos de evidente ruptura del Gobierno con el líder de la CGT. El juez Canicoba Corral delegó la pesquisa en el fiscal Gerardo Pollicita, quien –según trascendió en tribunales– podría tomar las primeras medidas en los próximos días.

La historia se remonta a un convenio que firmaron los camioneros con la Administración General de Puertos (AGP) para descongestionar el tránsito en la zona portuaria y crear ámbitos de descanso y esparcimiento para los choferes que deben esperar en la zona. El 14 de diciembre de 2007, la AGP le cedió a la Federación de Camioneros un predio llamado El Relleno, que está al lado de las dársenas E y F, para desarrollar el proyecto en cuestión. A su vez, para llevarlo a la práctica, el gremio, en enero siguiente, le dio un “mandato irrevocable” a una empresa afín llamada Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte), integrada por el abogado moyanista Llermanos. El preacuerdo incluía la participación de las firmas TRP y Batcassa. Pero además establecía la obligación de que “todo transporte automotor de cargas” presentara un “certificado de verificación documental y técnico” que extienden Ivetra y/o la Federación de Camioneros previo ingreso de los camiones con containers a las terminales.

Por ese certificado es que se puso el monto de 14 dólares más IVA, que Ivetra empezó a percibir en abril de 2009. Con esto se suponía que además financiarían las obras para montar el playón aledaño al puerto para uso de los camioneros. Así es como percibe una cifra millonaria en dólares por año, gracias al uso de un terreno público de unas dos hectáreas y media.

El dictamen de la FIA advierte tres cuestiones:

- Los objetivos iniciales se “desnaturalizaron” porque la puesta en marcha del plan quedó en “manos privadas” y sin haber hecho una licitación pública.

- “No existe explicación, justificación ni análisis económico financiero que aporte algún elemento que respalde el monto” de 14 dólares más IVA que se fijó para obtener el certificado que se supone que acredita calidad, aunque no se exigirían grandes requisitos para otorgarlo, y que fue admitido por la AGP. “El certificado no tiene vínculo” con ninguna “metodología de control”, dice. Añade que Ivetra tampoco está facultada para verificar cuestiones sobre el registro de empleados que manejan camiones o el pago de sus cargas sociales.

- En un comienzo, Camioneros pidió usar otro predio portuario cercano (en la dársena E) mientras se hacían las obras en El Relleno. Para eso le dieron seis meses a fines de 2008. Con el canon de 14 dólares financiaría en teoría el proyecto. Después le dieron una prórroga hasta junio de 2010 para seguir usando el terreno provisorio. “¿Cómo puede entenderse que no se hubiera cumplido con las obras esenciales de El Relleno?”, dice Noailles. “¿Qué destino se le está dando al canon percibido?”, pregunta en el dictamen. Entonces dice que pese a los pedidos de la FIA, la AGP no dio explicación sobre por qué se prorrogó la obra ni el destino de la tasa cobrada. “El Estado permanece como un mero observador sobre toda esta situación, pero por cierto consintiendo que esto suceda”, advierte.

Consultado por Página/12, Llermanos dijo que la mayor parte de las obras están terminadas y los camioneros hacen uso de las instalaciones, que incluyen lugar para comer, pileta y hasta enfermería. “El origen de todo esto era mejorar la actividad portuaria y atender el reclamo de los camioneros, que se quejaban porque cuando hacían ‘antepuerto’ esperaban afuera, a veces horas, los asaltaban y hasta había homicidios. Se consiguió el terreno El Relleno, que está ganado al río y era pantanoso, para edificar allí, pagando un alquiler de algo más de un millón de dólares por diez años. Varias empresas quisimos invertir y el canon solo lo paga el que quiere usar los servicios. Nosotros recibimos un pantano y montamos una civilización, que cuando termine la concesión quedará para el Estado. No entiendo qué daño se le causa. Está lleno de espacios públicos explotados por privados, es una denuncia patética”, se quejó.

–La FIA advierte que no hubo licitación –le dijo este diario.

–No es un predio que esté sometido al régimen de licitaciones, como ningún restaurante de Puerto Madero. El régimen jurídico al que se sometió fue el de permiso de uso con canon –contestó Llermanos.

Noailles dice que se debería tener por imputados a “quienes intervienen la firma de las resoluciones por las que se aprueba la cesión de la zona portuaria denominada El Relleno”, y enumera: Moyano como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros; Jorge Cholvis, gerente general de la AGP, y Sergio Sander, gerente de asesoría jurídica del organismo. A los funcionarios, advierte, se los debería investigar por incumplimiento de sus deberes. A Moyano e Ivetra SA, sostiene, porque habría “una defraudación por parte de éstos a los camioneros y a los dueños de las empresas de camiones, que pagan un canon para ingresar al puerto sin tener certeza de cuál es la contraprestación y los servicios prestados por Ivetra y la Federación”.