Junto con el mundo judicial y el ámbito económico, el sistema de salud fue un elemento civil fundamental para que la maquinaria del terrorismo de Estado ideado y desarrollado por la última dictadura pudiera concretarse. Desde hace poco más de dos años, la organización Médicos con Memoria intenta evidenciar la participación de esa parte de la sociedad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1983. “Queremos saber quiénes son todos los médicos, psicólogos, enfermeras y agentes de obras sociales que fueron cómplices y participantes de los crímenes de la última dictadura y que siguen trabajando hoy. Denunciarlos para que dejen de ejercer su profesión y para que reciban de parte de la Justicia la condena que les corresponde”, explicó el médico Carlos Ferreyra, uno de los impulsores de la organización.

Todo comenzó allá por 2008, con una investigación de un grupo de médicos que querían saber qué había sido de compañeros de días universitarios que estaban desaparecidos. “En casi todos los lugares donde íbamos a pedir información, las familias, los hospitales, las universidades, nos comentaban de la relación de profesionales con la dictadura, pero nadie quería denunciar nada. Nadie quería hablar, dar nombres”, explicó Ferreyra. Así, para enfrentar ese pacto de silencio, en 2012 nació Médicos con Memoria, con la participación de profesionales de Córdoba, Tucumán, la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“Investigar la participación activa del sector sanitario en el terrorismo de Estado era fundamental para seguir luchando contra la impunidad de la que nuestros amigos habían sido víctimas”, explicó el médico cordobés. El siguiente paso fue contactarse con el resto de las provincias para poder completar el primero de los objetivos a mediano plazo que se fijó el colectivo: un banco de datos que registre a médicos, enfermeras y psicólogos que participaron de las “operaciones sanitarias clandestinas” llevadas a cabo durante la dictadura, como partos de mujeres que estaban detenidas clandestinamente y la apropiación de sus hijos, la atención de torturados e incluso el ocultamiento de cadáveres en las morgues de los hospitales, y la configuración de un mapa del territorio argentino con los sitios en los que estos crímenes sucedieron.

A más de dos años de haber comenzado los trabajos, Médicos con Memoria tejió puentes con cerca de 35 municipios, universidades, hospitales, centros de salud y obras sociales para avanzar en esa línea de trabajo, que aún continúan profundizando. Hasta hoy tienen detectados más de 200 centros de operaciones sanitarias clandestinas, que se deben sumar a los 500 centros clandestinos de detención ya identificados. Esos centros son, en la actualidad, maternidades, salas de internación, morgues o laboratorios del sistema de salud público y privado del país. Además, la organización logró identificar a 800 médicos como “partícipes de estos procesos”. De ellos, “un poco menos de la mitad trabaja en el ámbito castrense, pero los otros son civiles”. De esa mitad, al menos 200 están mencionados en alguna causa por delitos de lesa humanidad y sólo a cuatro se les ha quitado la matrícula para ejercer la medicina. “Esto habla de una realidad, habla del poder de negación y de la necesidad de meter toda esta relación bajo la alfombra”, analizó Ferreyra.

En los “centros de operaciones sanitarias clandestinas”, los integrantes de la dotación de planta “hacían sus labores vigilados por soldados que hacían guardia en sus lugares de trabajo”. Médicos con Memoria cuenta que a la Maternidad Nacional de Córdoba “de madrugada llegaban los camiones con embarazadas, bajaban los soldados y se paraban en custodia en la puerta, para asegurar que se hicieran bien los trabajos. A la sala de parto entraba el jefe militar con la mujer embarazada embozada y atada de pies y manos a la camilla, y el médico residente hacía el parto”. El Hospital Central de Córdoba Capital es otro ejemplo, en cuya morgue, “con capacidad para alojar a no más de siete cadáveres, cada dos o tres meses se acumulaban más de cien cuerpos, afectando al resto de los pacientes de la institución”.

La detección de los escenarios y partícipes de crímenes de lesa humanidad dentro de los límites del sistema de salud es un objetivo en sí mismo: visibilizarlos, saber que allí sucedieron esas cosas. Pero no es el único. “Los profesionales saben que tienen mucha información respecto de lo que pasó con la supresión de identidades y con el destino de aquellos que hoy permanecen desaparecidos”, remarcó Ferreyra.

Sin embargo, la posibilidad de contar con tales testimonios no está siquiera cercana. “El pacto de silencio se corroboraba a medida que avanzábamos. En cada hospital, en cada centro sanitario, encontramos que el personal no está dispuesto a hablar sobre lo que pasó. Algunos porque están implicados, otros por una intención de corporativismo”, apuntó el médico. Para romper esa burbuja protectora está trabajando Médicos con Memoria. Para Ferreyra y el colectivo que integra, se trata de dar “una batalla cultural”, ya que se busca “romper con comportamientos cotidianos y aceptados no sólo en las instituciones sanitarias propiamente dichas, sino en los espacios de formación de profesionales”. Se trata de que los médicos “no acepten como pares a aquellos implicados en las torturas, desapariciones y apropiaciones”.

El contacto y el diálogo sobre estos temas con colegios de médicos y de psicólogos, agrupaciones de enfermeras, ministerios y universidades es “un paso fundamental” en el que avanzan día a día. La idea es “promover que se construyan comisiones de ética y de memoria en esas instituciones para desde ahí bajar sanciones concretas, hacer banco de datos, para que a los médicos que fueron cómplices de torturas, partos y apropiaciones se les quite la matrícula y se los inhabilite para formar a otros médicos”.