Hace varios años que la reestatización del petróleo figuraba en la fantasía del Gobierno y de varios de sus miembros, la Presidenta incluida. Y un secretario de Estado con acceso privilegiado a Cristina Fernández de Kirchner y antes a Néstor Kirchner, a quien llamaba “el más díscolo de todos nosotros”, a veces hasta se animaba a deslizar esa fantasía como un plan a cumplir.

Es que la sigla YPF reaparecía con frecuencia en boca de vecinos o amigos. En abril de 2006, el ministro Julio De Vido y una reducida comitiva viajaron a La Paz para negociar el precio del gas boliviano y un gasoducto para el Noreste argentino. En ese momento ocupaba el Ministerio de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, un viejo nacionalista de izquierda a quien un entonces y actual funcionario argentino había guarecido en su casa durante la dictadura. En su mensaje de bienvenida, lo primero que hizo Soliz Rada fue recordar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, YPFB, se había fundado en 1936 siguiendo la idea argentina de YPF. Pero aquella YPF comenzada por Hipólito Yrigoyen e impulsada por Marcelo Torcuato de Alvear, junto con un ingeniero militar a cargo de la empresa estatal, Enrique Mosconi, ya no existía en 2006. Había sido privatizada, atomizada y provincializada durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1990 y 1992. Y en enero de 1999 la sociedad anónima ya había quedado bajo el control mayoritario de la española Repsol.

En Brasil, el Consejo Nacional de Petróleo había sido fundado en 1939, bajo Getúlio Vargas, con YPF como una de las referencias. Era una instancia de regulación. YPF terminó de ser el modelo inicial de Petrobras, fundada en 1953 durante otro mandato de Vargas.

En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas creó Petróleos Mexicanos. Cárdenas también había tratado con Mosconi, que según el investigador y diplomático Carlos Piñeiro Iñíguez fue quien presentó a otro oficial, Juan Perón, ante el presidente de México.

Cada país ensayó, en los años ’30 y después, distintas experiencias con el petróleo. Hubo etapas más estatistas y etapas más flexibles frente al capital privado, como la que protagonizó el propio Getúlio Vargas mientras negociaba inversiones siderúrgicas de los Estados Unidos en Brasil.

Pero el único país que rompió el molde del todo fue la Argentina, a comienzos del primer gobierno de Carlos Menem y a fines del segundo. Lo hizo, inclusive, yendo más allá de otras gestiones neoliberales, como las de los brasileños Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso o el mexicano Carlos Salinas de Gortari. Hasta superó a la dictadura de Augusto Pinochet, que reprivatizó solo parcialmente el cobre nacionalizado por el gobierno (1970-73) del socialista Salvador Allende.

Tal vez por eso ayer la iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner de reestatizar YPF fue recibida con alaridos en España pero, en cambio, mereció un tono informativo y neutro, por ejemplo, en dos webs ligadas al mundo de los negocios de Brasil, propiedad una del diario Estado de Sao Paulo y la otra de Valor económico.

En la mayoría de Sudamérica, con excepción de Chile, hoy no pesan las opiniones que cuestionan el papel del Estado y menos las críticas que apuntan como negativo el manejo de los hidrocarburos como responsabilidad de los gobiernos.

En realidad tampoco deberían pesar, honestamente, en Europa occidental. En octubre de 2008, un mes después de la caída de Lehman Brothers, el ministro del Tesoro de Gran Bretaña Alistair Darling anunció que el Estado compraría hasta 60 mil millones de dólares en acciones de cuatro bancos británicos. Es decir, una nacionalización parcial. ¿O sí pesan las opiniones más rígidas en una Europa del sur menos flexible y por lo tanto más débil estos días frente al huracán de la crisis mundial? Las decisiones sobre Repsol, como sobre Aerolíneas u otras compañías, fueron compartidas entre la derecha del Partido Popular y la socialdemocracia del PSOE en períodos históricos distintos. Por eso la solidaridad con Mariano Rajoy, ayer, del candidato socialista vencido en las últimas elecciones, Adolfo Pérez Rubalcaba. Una solidaridad que quizás tenga una dosis de dogmatismo compartido frente a la ortodoxia de mercado, que ya destruyó Grecia y va por más.

El anuncio de Cristina abre una discusión interesante y sin límites, incluso sobre si Santa Cruz no pudo, no supo o no quiso oponerse en su momento a la atomización de Menem o sobre las debilidades de la política petrolera desde el 2003 hasta aquí.

Pero más allá del debate histórico sobre realidades frescas o más lejanas, que no parece preocupar el Gobierno, el envío del proyecto de ley y la intervención de Repsol son hechos. Y los hechos en política, y más en política petrolera, provocan realineamientos, abren la etapa de las disputas concretas, generan peleas descarnadas y ponen la agenda en el futuro. Ayer Rajoy estaba furioso y Pino Solanas contento.

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