El proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación declara de interés público nacional “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”.

En esos pocos renglones se establece una política nacional de hidrocarburos que termina definitivamente con la experiencia de regulación neoliberal del sector. La confianza en que el libre mercado (léase, las grandes corporaciones petroleras que controlan el sector) iba a garantizar una producción de gas y petróleo armónica con el desarrollo de la economía nacional se demostró falaz en la práctica. La gestión privada no pudo aguantar ocho años de veloz crecimiento económico, como muestra la evidencia de los casi 10.000 millones de dólares de hidrocarburos que se debió importar el año pasado.

El mayor exponente de la falsedad del mito liberal ha sido la gestión de YPF por la multinacional Repsol. La multinacional ha explotado las reservas descubiertas en tiempos de gestión estatal hasta casi su agotamiento (violando la propia ley de hidrocarburos), para expandirse globalmente. Ello les ha generado jugosos beneficios a sus accionistas y era una de las joyas de la abuela que el gobierno español planeaba utilizar para descargar sobre las espaldas de los argentinos la crisis europea.

No es de extrañar entonces que al establecerse una política nacional de hidrocarburos el primer paso haya sido la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos españolas, para recuperar el control estatal de la compañía. De esa manera, el Estado (Nación y provincias) se hace de una herramienta de intervención en el sector. Los desafíos no son pocos. Invertir en exploración para revertir la caída de las reservas, incrementar la producción de gas convencional y dar los primeros pasos con el no convencional, aumentar la capacidad de refinación que hace años se encuentra al límite, además de establecer una política de precios que rompa con diversas prácticas oligopólicas, son las prioridades a resolver.

La tarea por delante es enorme, sin embargo, para nada imposible. En el corto plazo, la gestión estatal puede llevar la producción de gas y petróleo por arriba de la privada, ya que los cálculos de costos y beneficios no son los mismos. Mientras que el sector privado produce hasta que su costo marginal se encuentra con el precio de venta, el Estado puede ir más allá, ya que toma en consideración el costo promedio de producción y también los mayores costos para la economía nacional que implica importar combustibles. Ese es sólo un botón de muestra de las nuevas oportunidades de intervención en el sector de la gestión estatal de YPF.

* Economista Iihes-Conicet.