“Kicillof no puede determinar el ‘justiprecio’ de YPF, pues no parece saber mucho sobre valoración de empresas”, criticó ayer Antonio Brufau, presidente de Repsol, al viceministro de Economía y número dos de la intervención estatal en YPF, detrás del ministro de Planificación, Julio De Vido. Además, durante el acto de ampliación de una refinería que la firma posee en la ciudad de Cartagena, en Murcia, Brufau manifestó que “Argentina nos tendrá que pagar un día u otro”. Frente a la presión española, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano apoyó con firmeza la posición de Repsol. En tanto, el Banco Mundial, adonde recurrirá la firma para pedir un resarcimiento económico mayor, afirmó que la “confianza de los inversores” en Argentina dependerá de cómo se compense económicamente a Repsol por la expropiación. En relación con las versiones sobre la entrada de nuevos capitales en YPF, Brufau planteó su punto de vista: “Los chinos, por muy chinos que sean, son muy serios”, analizó, con la intención de defender a los inversores asiáticos.

Anunciado el envío del proyecto de ley para expropiar casi la totalidad de la tenencia accionaria de Repsol en YPF y con el trámite parlamentario ya en cauce, la compañía petrolera multinacional y el gobierno español comienzan a enfocarse en conseguir aliados para que Argentina pague el mayor precio posible por la expropiación y que un potencial juicio en el Ciadi encuentre el Estado nacional en una posición más débil.

El valor que Repsol aseguró que tiene su participación de 57,4 por ciento en YPF es de 10.500 millones de dólares. Si bien el Gobierno se dispone a expropiar el 88 por ciento de ese total, es decir el 51 por ciento de YPF, Brufau ya adelantó que pedirán una compensación por toda su tenencia accionaria. El techo fijado por la firma española fue rechazado por el gobierno argentino, que incluso sostuvo que YPF tiene una deuda de nueve mil millones de dólares que habría hecho pasar como inversión y que Repsol también deberá hacerse cargo de los pasivos ambientales.

“Tendrán que pagar el ‘justiprecio’ por estas decisiones equivocadas y tortuosas”, indicó ayer Brufau. En relación con las declaraciones de Kicillof sobre la negativa del gobierno nacional a pagar el precio que quiere Repsol, dijo que “era de esperar que estos señores saliesen diciendo que el valor no era ése” y reafirmó que “exigirá una compensación a través del arbitraje internacional, que deberá ser al menos igual a ese valor”. La demanda en el Ciadi corre por un canal paralelo al precio que establezca el Estado nacional para Repsol. Es decir que la empresa puede considerar que otros puntos, además de la indemnización, del tratado bilateral de inversión fueron violados, reclamo que canalizaría a través del tribunal internacional. El objetivo final es obtener el mayor resarcimiento posible.

“Me gustaría que desde allá nos viesen inaugurando esta refinería. Repsol es mucho más que un negocio en Argentina, que YPF, que ha sido muy importante, pero ahora es Repsol. Vamos a demostrar que Repsol sola continuará su camino”, manifestó Brufau desde Murcia.

A su vez, los Estados Unidos oyeron el reclamo español y ofrecieron más apoyo, aunque el interlocutor esta vez no fue Hillary Clinton, sino su vocero, Mark Toner. “Estamos muy preocupados a raíz del intento del gobierno de Argentina de nacionalizar Repsol YPF. Francamente, a medida que más vemos esto, lo notamos como algo negativo. Este tipo de acciones en contra de inversores extranjeros pueden finalmente tener un efecto adverso en la economía argentina y pueden posteriormente desalentar el clima de inversión en Argentina”, indicó. “Hemos elevado en numerosas ocasiones nuestra preocupación sobre este tipo de acciones, que pueden afectar el clima de inversión en Argentina, hasta los más altos niveles del Gobierno. Alentamos que Argentina normalice su relación con la comunidad internacional financiera y de inversión”, aprovechó Toner para reclamar.

Por otro lado, Augusto de La Torre, economista jefe del Banco Mundial, entidad a la que pertenece el Ciadi, no criticó en forma tan drástica la medida, aunque puso el eje en el precio que el Estado argentino pagará por Repsol. “En el corto plazo, una de las cosas más importantes para entender el proceso de transferencia de propiedad será cómo se compensará a las partes implicadas y la evolución de los litigios”, manifestó.