El militar Alfredo Feito y el policía Pedro Santiago Godoy se negaron a declarar ante el tribunal.
Imagen: Rafael Yohai.

Uno de los represores era Cacho, tiene una cicatriz marcada todavía en la pierna. El otro se hacía llamar Calculín. El primero es el miembro del Ejército y se llama Alfredo Feito y el otro es el ex policía de la Federal Pedro Santiago Godoy: los dos comenzaron a ser juzgados en los tribunales federales de Comodoro Py por los crímenes en el circuito integrado por los centros clandestinos del Atlético-Banco y Olimpo. Están acusados como autores directos de privación ilegal de la libertad y tormentos a 181 víctimas. Cuando el presidente del Tribunal Federal 2 les preguntó si deseaban declarar antes del comienzo oficial del debate, los dos se negaron. Cuando le preguntó a Calculín si tuvo o tiene algún apodo, él advirtió: “No, por lo menos que yo sepa”. Feito aceptó sin ningún tipo de ironía evidente algo distinto: “De chico me decían Cachito”, explicó.

El juicio, llamado ABO bis, es la segunda etapa del primer tramo del juicio oral que terminó en diciembre de 2010 con la condena a 16 imputados, y penas que fueron de los 25 años de prisión a la prisión perpetua. Ahora el mismo Tribunal Federal Oral 2, pero con dos de los tres integrantes distintos, lleva adelante este segundo tramo por las mismas 181 víctimas, pero juzgan a dos nuevos acusados. Por eso el juicio que empezó no es un ABO II que reúne los expedientes de las víctimas que aún siguen esperando el juicio, sino un ABO bis, porque las víctimas son las mismas.

“El juicio constituye un paso más en el avance de la Justicia, pero pone de manifiesto la importancia de unificar las causas porque se va a juzgar a dos represores por los mismos 181 hechos por los que se los juzgó en el primer tramo”, dice Ana María Careaga, una de las sobrevivientes. “Todavía hay muchas víctimas que quedan afuera nuevamente, cuyos familiares no tienen posibilidad de acceder a la Justicia, por eso decimos que lo que se invierte como recurso en tiempos materiales, todo lo que implica esto para los testigos y demás tiene que estar en el marco de un gran juicio, que finalmente es el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y es lo que en parte contempló la última acordada de Casación.”

Una de las características de este juicio es justamente efecto de esa acordada. Será el primero que se hace en el ámbito porteño en el que se pongan en práctica las nuevas reglas para acelerar los debates y evitar, entre otras cosas, la revictimización de los sobrevivientes y testigos. En una primera audiencia preliminar, la fiscalía, las querellas y las defensas acordaron algunos puntos para eso. Entre otros, reducir el número de testigos a unos 25, porque se considera que el resto de las declaraciones ya fueron probadas en el primer tramo. Otro de los efectos se vio ya en la primera jornada. Ayer no se leyó la acusación completa; ni la de la fiscalía de instrucción ni de las querellas. Sólo se leyó un tramo con la descripción de los 181 “casos”, sin los argumentos sobre cómo era el circuito de centros o los fundamentos del plan represivo. En ese contexto, sólo se agregaron tramos de las querellas que no coincidían con los fiscales de instrucción: así, por ejemplo, hubo una aclaración de la querella de Justicia Ya! porque no comparte la acusación de los fiscales y pidió que sean imputados por genocidio.

Poco después de la una de la tarde, el Tribunal integrado por Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, oyó a los dos imputados decir que no iban a declarar, por ahora.

El ex militar del Ejército Chacho Feito tiene 67 años, y aunque se presentó como “empresario”, durante la dictadura era sargento de Caballería. Estuvo en dos de los tres centros del circuito: Banco y Olimpo. Permaneció en actividad hasta diciembre de 1982, cuando fue dado de baja. Según las pruebas de la causa, integró el GT2. Está acusado de privación ilegal de la libertad y tormentos por 118 víctimas.

Godoy tiene 72 años. Se presentó como “policía retirado”. Integró los servicios de Inteligencia de la Policía Federal; pasó por los tres centros clandestinos y desde abril de 1978 formó parte del Departamento de Asuntos Antisubversivos. Un año más tarde llegó al grado de “oficial tercero” de Informaciones y está acusado por privación ilegal de la libertad y tormentos de 181 casos. De su intervención en cada uno de esos espacios, darán cuenta durante el debate Isabel Fernández Blanco o Mario Villani, que va a declarar desde Estados Unidos.

Entre el público estaban algunos de los sobrevivientes que desde hace años llevan adelante la causa. Isabel Fernández Blanco, Miguel D’Agostino, Marco Bechis, que estuvo secuestrado en el Olimpo y dirigió luego la película Garage Olimpo, y Delia Barrera. También estuvieron los integrantes de HIJOS. Paula Moroni, que es querellante, tiene al padre y su tía desaparecidos, y su madre entre los sobrevivientes. Carlos Pisoni, que entró con la remera de los Juicios, tiene a la madre y el padre desaparecidos; Agustín Cetrángolo, con su padre entre las víctimas desaparecidas, y Adriana Lewi, entre otros.

Uno de los desafíos de esta etapa es ahora la acusación por homicidio. Feito y Godoy llegan a juicio acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos, como sucedió con los acusados del primer tramo. En esa ocasión, sin embargo, los jueces aceptaron condenar finalmente también por homicidio a partir de una de las pruebas que incorporó durante el juicio: la ubicación de los cuerpos de cinco desaparecidos que habían sido identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El fiscal Alejandro Alagia y su ad hoc Gabriela Sosti impulsaron el pedido y habilitaron de esa manera también los pedidos a perpetua. En este caso también podrían hacerlo porque los casos son los mismos. La lógica indicaría que como además es el mismo tribunal, el pedido debería ser aceptado, pero nadie lo sabe: primero porque Tassara es el único de los tres jueces que venía del viejo tribunal; segundo, porque Giménez Uriburu y Gorini estuvieron en el juicio del Posadas, donde se planteó una situación con algunas semejanzas, y lo rechazaron. La relación entre homicidio y la prueba del cuerpo de desaparecidos es todavía una de las discusiones en tensión, debajo de estas posiciones. Pero en este caso, la traba formal es que se supone que los acusados deben llegar a la etapa oral sabiendo de qué se los acusa para poder defenderse. Sobre los límites de qué es lo que saben y por qué no saben lo que deberían saber, se abren las posiciones entre las partes.

Los represores serán asistidos por los defensores oficiales Santiago Fin y Enrique Manson. Entre las querellas están los organismos de derechos humanos: en la primera querella está el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos, Alcira Ríos y los representados del grupo KAOS. Luego hay otras dos querellas unificadas, una integrada por Justicia Ya! y la otra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.