España quiere la guerra. La Unión Europea apoya a Mariano Rajoy pero sugiere diálogo. El mexicano Felipe Calderón parece un Rajoy enojadísimo. A los Estados Unidos no les gusta la expropiación de acciones de YPF, obvio. Pero tampoco quieren guerra con la Argentina. Y Brasil dice que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner sobre el futuro de YPF es soberana, mientras que la presidenta Dilma Rousseff da un paso enorme: recibe a Julio De Vido, como lo hizo el viernes, que no sólo es ministro sino interventor de la empresa. Así pinta el mundo cuando el Congreso parece encaminarse a promulgar el control estatal de los hidrocarburos que, hasta el 16 de abril último, estaban en manos de Repsol.

En su reunión de mañana, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea tratarán el caso YPF. El viernes, el Parlamento Europeo por 458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones criticó la iniciativa argentina por “unilateral y arbitraria” y pidió a la Comisión Europea y al Consejo que estudien “cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluida la posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales”.

Castigos, una retórica

Roberto Bouzas, especialista en economía internacional e investigador de la Universidad de San Andrés, dijo a Página/12 que “más allá de las condenas verbales, de la presión diplomática o del ‘costo político’, es difícil prever que en el corto plazo vaya a haber sanciones concretas”. Explicó Bouzas que el único instrumento de sanción en manos de España es el tratado bilateral de inversiones que protege a los inversionistas de ambos países. Añadió: “El tratado habilita a los inversionistas privados a demandar directamente al Estado presuntamente violador del tratado ante un tribunal arbitral. Este es un recurso para la empresa privada, en la que no se requiere la participación del gobierno del país de origen. Por otro lado, es improbable que haya medidas comerciales. En todo caso cualquier medida comercial que fuera tomada no sería tomada por España, ya que el gobierno español no implementa la política comercial de su país, que forma parte de una unión aduanera en la que esas competencias fueron cedidas a la Comisión Europea”.

¿Qué podría pasar, según Bouzas? “Eventualmente la UE podría suspender los beneficios del SGP a la Argentina, como lo hizo Estados Unidos hace unas semanas. Los montos involucrados no son significativos y el gobierno de Estados Unidos hizo eso en base a una ley que así lo obliga y después de que las empresas involucradas ganaron sus respectivos casos en el Ciadi. En otras palabras, deberíamos estar a varios años de ese escenario. En síntesis, toda la retórica sobre sanciones me parece que es sólo eso.”

Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a este diario que en todo caso el asunto terminará en el Ciadi y advirtió que “las medidas proteccionistas contra productos argentinos en algunos rubros en Europa y en los Estados Unidos empezaron antes del anuncio de Cristina sobre YPF y tienen que ver con políticas comerciales restrictivas”.

Rajoy sin rey

¿Podría convertirse la defensa de Repsol en una carta nacionalista para Rajoy como fueron las Malvinas para Margaret Thatcher en 1982?

El presidente del gobierno español la tiene complicada por la crisis económica. “La desocupación ya superó largamente el 20 por ciento, pero la desocupación juvenil pasó el 40 por ciento”, dijo a Página/12 Mario Burkun, profesor de la Universidad de Buenos Aires y uno de los docentes del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien recuerda como parte de un grupo de alumnos que “al mismo tiempo mostraban pensamiento crítico, estudiaban mucho y militaban”.  

El rey Juan Carlos, carta habitual de la diplomacia española así gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, no puede ayudar mucho. La Corona quedó manchada por las sospechas de tráfico de influencias del yerno real. Juan Carlos pidió perdón en público por su safari para cazar elefantes en medio del marasmo de su país pero, además, no logra ser noticia en Forbes sino en la prensa amarilla. El muy vendido diario alemán Bild Zeitung no para de difundir detalles de la relación de Juan Carlos con la princesa alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, 47, una empresaria y organizadora de safaris que acompañaba al rey en la cacería de Botswana.

El cimbronazo es tan grande que el gran historiador español Julián Casanova escribió en El País que “parece el momento de repensar el papel de la Corona en la democracia y en la sociedad actual, no en el que tuvo, con méritos ampliamente reconocidos, en 1975, 1978 y 1981”, una referencia a la muerte de Francisco Franco, a la transición democrática y al rol de Juan Carlos durante la sublevación del guardia civil Antonio Tejero contra la democracia. Casanova pide repensar el tema “antes de que el sueño de una monarquía perpetua, limpia de manchas y sombras, acabe en pesadilla”.

El primer ministro conservador no puede ni consolarse con mantener el combate contra la maldad argentina por encima de otras noticias. La decisión de Rajoy de tomar el control de Radio Televisión Española sin consenso parlamentario con el PSOE desató un escándalo mayor al de Repsol e YPF, donde los dos partidos cerraron filas.

Nada de Malvinas ’82

Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, aconseja no jugar a que un eventual colapso español, que tiene raíces autónomas y anteriores al discurso de Cristina, quede relacionado con la decisión argentina. Tokatlian dijo a Página/12 que sería inconveniente un escenario que ligue un “bien estratégico” a defender por parte de Occidente por un lado, y, por otro, un “desafío argentino”. Sin embargo, apuntó que “hoy, a diferencia de 1982, está todo en cuestionamiento: los bancos, las fortunas de los CEOs, el empleo de los griegos e italianos, todo está siendo puesto en discusión”.

La referencia a 1982 alude a comparaciones simplotas que comenzaron a aparecer en las redes sociales y van formando parte de las conversaciones cotidianas.

El doctor en Historia Federico Lorenz dijo ante una consulta que, como símbolos nacionales, “en la sensibilidad popular están tanto las Malvinas como YPF”. Pero agregó que no cree posible “ir más allá en el parangón porque ni el contexto histórico, ni el tipo de eventos permiten una mayor comparación ni una igualación entre un gobierno democrático con la nacionalización de YPF y la dictadura en su papel de flautistas de Hammelin”.

Preguntado por costos y ventajas, Bouzas opinó que “el beneficio de la expropiación es difícil medirlo, y para estimarlo hay que hacer un supuesto sobre la eficacia con que se administrará la empresa en el futuro y en qué medida estará en condiciones de reconstruir el balance energético”. Para él “esto es, obviamente, un interrogante abierto. Si bien YPF ha sido rentable en el pasado, lo ha sido sobre la base de no invertir y agotar sus reservas. Esta estrategia no sirve para el futuro. Si la nueva gestión será capaz de afrontar el desafío es difícil saberlo”. Añadió el economista que “no es un buen precedente que quienes han sido responsables políticos de la política energética de los últimos años hayan quedado al frente de la empresa”.

Tokatlian se preguntó por qué el Gobierno no habló antes con Brasil, con China y con los Estados Unidos y dijo que la Argentina debe explicar su decisión “al mundo distante y al próximo”. Opinó: “Dilapidar esta oportunidad de dar un giro en el debate sobre el papel del Estado, sobre el control efectivo de los recursos estratégicos, sobre repensar un modelo de de- sarrollo alternativo no será responsabilidad de Madrid o Washington, sino nuestra. En un mundo de legitimidades en pugna sin portaestandartes de la democracia, sin hiperpotencias que hacen lo que quieren, sin economías estabilizadas porque siguen los fundamentales, sin inestabilidad inmanejable en la región más cercana, con un Washington más desorientado que asertivo, la Argentina no parece saber usar el enorme margen de autonomía que se le viene abriendo en los últimos años”.

Los Estados Unidos se manifestaron preocupados por la expropiación a través de un vocero del Departamento de Estado. La secretaria Hillary Clinton no acompañó en público el nivel de protesta que esperaba de ella la administración española de Rajoy.

Con Petrobras

La relación argentina con Brasil fue asumida en persona por el propio ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuando el viernes viajó a Brasil para reunirse con el ministro de Minas y Energía y con la presidenta de Petrobras, que acaba de aparecer en Forbes como la décima empresa del mundo. De Vido tiene, además, una relación personal con Dilma de cuando la actual presidenta era ministra del área energética en el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Es sabido qué quiere el gobierno argentino de Petrobras porque hasta Cristina lo dijo: mayor inversión. El ministro de Energía, Edison Lobao, prometió realizar esfuerzos. De Vido, a cambio, se comprometió a seguir operando sobre el gobierno de Neuquén, que anuló una concesión de la empresa brasileña, y dijo a Lobao que la Argentina y Brasil pueden hacer negocios juntos y que, en la Argentina, Petrobras podría subir su participación del 9 al 15 por ciento en combustibles con nuevas inversiones.

Para la Argentina la cuestión es delicada. La declaración del canciller Antonio Patriota sobre que la Argentina es soberana, y la de Dilma sobre que no interferirá en una decisión interna de la Argentina, son coherentes con la argumentación de Cristina según la cual no hay un problema entre la Argentina y España sino una decisión de controlar el mercado de hidrocarburos. Brasil es una potencia intermedia de interlocución habitual con China, India, Rusia y Sudáfrica en el grupo Brics y, para la Argentina, un destino de las exportaciones que no son bienes primarios. Lejos del PBI brasileño, la Argentina es de todos modos el segundo país de Sudamérica y el tercer destino de las exportaciones brasileñas, también compuestas por productos elaborados. Hasta ahora cada gobierno supo evitar que los conflictos, comerciales o petroleros, pasaran a mayores.

La actitud de México en el caso Repsol-YPF sirvió para mostrar que América latina es una dimensión que puede ser útil, por ejemplo, en la búsqueda de apoyos para el reclamo de negociación por la soberanía de las Malvinas pero queda abstracta cuando se discuten intereses de importancia inminente como la renta petrolera.

En el reciente Foro Económico Mundial sobre América latina, al que asistió Rajoy, el presidente mexicano Felipe Calderón dijo que la idea de expropiar acciones de Repsol “es una medida que lamentamos profundamente” porque “el camino del crecimiento y del desarrollo en Latinoamérica no es el camino de las expropiaciones sino de las inversiones”.

Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, Petróleos Mexicanos, se mostró preocupado por el hecho de que la Argentina no respetase “los derechos de los accionistas”. Suárez Coppel recordó que el 9,49 por ciento de las acciones de Repsol pertenece a Pemex.

Calderón y su director en Pemex resultaron, así, más intransigentes que el Fondo Monetario Internacional. “Este es esencialmente un problema bilateral entre la Argentina y España y como organización multilateral no tenemos comentarios particulares al respecto”, dijo el chileno Nicolás Eyzaguirre, director del área Hemisferio Occidental del Fondo. “Los intereses de los inversores van a ser defendidos por los propios inversores y el país que los alberga”, dijo el ex ministro de Hacienda de la Concertación chilena.

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