Después de una semana de amenazas de represalias comerciales, diplomáticas y legales como respuesta a la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, el gobierno de España deslizó que se conformará si Argentina le paga a Repsol. El canciller español, José Manuel García-Margallo, cambió el eje del discurso oficial, pero reforzó el rol del gobierno de Mariano Rajoy como guardián y defensor de los intereses de la petrolera: “No discutimos el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, lo que discutimos es la posibilidad de expropiar sin pagar a los accionistas”. El objetivo de García-Margallo es “llegar a un acuerdo dialogado con Argentina sobre la tasación de la compañía”. La nueva fórmula es sencilla, si Argentina abona el monto de indemnización por la expropiación que pretende el CEO de la petrolera, Antonio Brufau, entonces no habrá represalias en el Ciadi desde España. El funcionario oficia así de vocero de Repsol, ya que las denuncias contra un país en los tribunales arbitrales del Banco Mundial debe realizarla la empresa.

La tranquilidad de García-Margallo duró poco. En el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se realizó en Luxemburgo, el diplomático reclamó que Argentina sea dejada de lado en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para alcanzar un acuerdo comercial. Se trata de un acuerdo lanzado en 2004 que contempla la eliminación progresiva de los aranceles para más el 90 por ciento del comercio entre los bloques.

La propuesta fue descartada por las autoridades de la UE. La negociación se realiza entre los bloques. Si bien la propuesta del español tiene un valor simbólico, “aislar a la Argentina”, la posición asumida por el representante del Partido Popular español terminaría siendo funcional a los intereses argentinos porque, de concretarse ese acuerdo con la UE, se facilitaría el ingreso de productos manufacturados europeos, principalmente en el sector automotor. A cambio de eliminar las medidas proteccionistas al ingreso de bienes manufacturados, los países sudamericanos reclaman facilidades para colocar su producción primaria. El acuerdo, del que el canciller español pretende excluir a Argentina, profundiza aun más la especialización productiva de materias primas con bajo valor agregado de la región.

García-Margallo afirmó ayer que su postura apunta a “defender a millones de accionistas de Repsol, fundamentalmente a través del diálogo”. Para eso, explicó desde el paraíso fiscal de Luxemburgo, que el gobierno español formará alianzas “donde crea necesario”. Según dejó trascender, España volvió a reclamar a la UE que tome medidas comerciales contra Argentina, entre las que figuraría el sistema de preferencias arancelarias, el mismo esquema del que Estados Unidos excluyó al país recientemente.

Después de lamentarse por la derrota de la candidata de derecha a la presidencia francesa, Marine Le Pen, el diplomático se mostró conciliador y aseguró que “España está considerando todas las medidas que puedan hacer volver a Argentina a la mesa de negociación. Se trataría de encontrar un arreglo negociado”. La negociación es por el pago y no para frenar la expropiación. “No discutimos el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, aunque en mi opinión es un error en el siglo XXI. Lo que sí discutimos es que pueda uno expropiar sin pagar, que se pueda uno apropiar de una empresa sin pagar a los accionistas”, apuntó el canciller. “Se trata de que Argentina vuelva a la comunidad internacional, vuelva al diálogo, arregle este contencioso de forma amistosa y, si no, que cumpla lo que los tribunales arbitrales decidan”, concluyó.