Propone que los menores puedan ser imputables a los 14 años (nombra como justificación que en Irak es a los 9) y le preocupa tanto el delito que quiere reponerle a la policía la facultad de interrogar, una función que en la Argentina termina siempre en la tortura. Es que Ricardo López Murphy, quien pidió que la sociedad pusiera la lupa sobre su figura y sus propuestas, tiene una relación entrañable con la seguridad. Cuando cuenta que su hermano Juan José es ingeniero y trabaja en una empresa, omite decir lo que Página/12 averiguó: la familia de López Murphy es propietaria de una agencia de seguridad privada, Loar SA.
Se trata de un viejo negocio. En registros de diciembre último, Loar figura en la provincia de Buenos Aires con ingreso y habilitación el 24 de enero de 1974, una época en que este tipo de firmas se inscribían simplemente ante la policía bonaerense. El director suplente es Barry Melbourne Houssay. El jefe de Seguridad, Juan José López Murphy. Como socia figura Brígida Murphy. La dirección registrada es Brown 883, Quilmes.
Brígida Murphy es la madre de Ricardo López Murphy. Dice el candidato en su site www.lopezmurphy.com: “Nací el 10 de agosto de 1951 en Capital Federal. Soy hijo de Juan José López Aguirre, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, quien fuera diputado nacional de la UCR y jefe de Policía de la misma provincia, y de Brígida Murphy, una hija de irlandeses que trabajó muchos años en una empresa de aviación”.
Ricardo López Murphy no revista entre los directivos registrados por Loar ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En cambio su inquietud por la seguridad queda incluida en el site de Internet www.recrearargentina.org, en los documentos de trabajo sobre temas específicos.
Una parte dice: “No debe desconocerse la delicada situación socio económica argentina, con índices inéditos en materia de desocupación, subocupación, pérdida de puestos de empleo y creciente marginación de amplios sectores de la sociedad que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Ello genera un incremento de los delitos contra la libertad de las personas, agravado por modalidades de protesta basadas en la obstrucción de caminos y calles y diversas restricciones a la circulación de personas y bienes. Además, los secuestros de personas para requerir sumas de dinero se han incorporado como modalidad delictiva bajo la denominación de secuestros express. Esta modalidad genera un estado de zozobra y representa una reproducción de similares comportamientos delictivos registrados, hace una década, en Colombia, como inicio del agravamiento de la situación en ese país”.
La enumeración mezcla el pequeño delito con el corte de calles, y el corte de calles con el secuestro express. El último, por ejemplo, es independiente de las situaciones sociales, porque las investigaciones sobre los secuestros express revelaron que sus integrantes fueron casi profesionales, más allá de sus condiciones de vida.
Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad de Buenos Aires y actual director de la Unidad de Información Financiera, consultó a Saín sobre el tramo del documento que se queja de “restricciones al ejercicio policial”, un producto de lo que define como “excesos”, es decir aberraciones, heredados de la dictadura militar. Dice el documento que “es fundamental que luego de la comisión del delito no haya demoras en tomar las declaraciones de los presuntos autores; la criminología revela que el delincuente puede indicar hechos importantes, para dilucidar el caso, en los primeros momentos de su aprehensión; es probable que en caso de secuestro de personas la demora en interrogar sea fatal”.
“Eso es volver al viejo precepto de la capacidad de interrogación de la policía en sede policial, de las preguntas en la comisaría o en la calle y no ante la Justicia, y es la legitimación de la tortura como isntancia”,dijo Saín. “La prueba histórica muestra abusos y apremios ilegales. Le digo más: el texto pide cambiar el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación, que prohibe a los funcionarios policiales o de fuerzas de seguridad recibir declaración indgatatoria al imputado. El argumento es no sacrificar el valor de la información en el momento en que se producen los hechos”.
–¿Y está mal?
–Una buena investigación no se garantiza con la psoibilidad de indagar a un imputado. El nivel de imputabilidad a una persona que está directamente vinculada al acto es muy lábil y le otorga una discrecionalidad al policía muy fuerte. En media hora a 220 voltios cualquiera confiesa que mató a Kennedy.
–El documento dice (le leo) que “en la sociedad aún no está resuelto el debate entre quienes apelan principalmente a los derechos humanos de los delincuentes (‘garantistas’) y quienes reclaman una mayor dureza (mano dura). Ambas posiciones son equívocas y no aportan las soluciones que la situación requiere”. ¿Coincide?
–No. No hay derechos humanos de los delincuentes y derechos humanos de los no delincuentes. Hay derechos humanos. El garantismo no es una corriente sino la articulación del proceso penal a nuestra Constitución y a las normas internacionales de derechos humanos.
–¿Sirve bajar la imputabilidad de los menores a 14 años?
–No. En principio, ninguna modificación en la legislación penal o procesal penal resuelve el problema del delito. La represión y la aplicación de penas vienen después del delito, cuando las razones que inducen a un chico a cometer delito son estructurales.
Al final del documento hay tres líneas sobre el crimen organizado, uno de los delitos de alta rentabilidad económica junto con el narcotráfico y el contrabando de armas.
Saín es drástico: “El plan no establece mecanismos para diagnosticar cuál es el mapa delictivo y sin eso no se puede racionalizar el ataque al delito. El plan es vetusto y de impronta autoritaria. Técnicamente, es premoderno”.