EL PAíS › DEBATE DE LOS ABOGADOS EDUARDO BARCESAT Y RAUL FERREYRA Y EL FILOSOFO RICARDO FORSTER
“No traemos bajo el poncho el cuchillo de la re-reelección”, dijo Luis D’Elía. Los motivos de una reforma.
› Por Nicolás Lantos
Una reforma de la Constitución no solamente es algo deseable sino que es posible con “una extraordinaria movilización popular” que la respalde, coincidieron los panelistas de la mesa redonda convocada como punto de partida de “un movimiento que recorra la Argentina”, debatiendo este asunto y sentando la base para abordar el tema en un futuro aún sin plazos. Convocados por el dirigente de base Luis D’Elía, el referente del Frente Grande Eduardo Sigal y el sindicalista de CTA Pedro Wasiejko, los abogados Eduardo Barcesat, Raúl Ferreyra y el filósofo Ricardo Forster expusieron, cada uno a su turno, los motivos por los que una nueva Carta Magna es necesaria para asentar y seguir profundizando los cambios de los últimos años, al tiempo que marcaban una hoja de ruta de cuáles serían los temas a discutir ante una eventual reforma. El ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, que sería de la partida, se excusó debido a una intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido.
“La matriz de la Constitución nacional va a cumplir 160 años y sólo tiene seis modificaciones. Pero cada época histórica requiere que pensemos qué tipo de Constitución necesita”, planteó Sigal al presentar el panel. Más tarde, Ferreyra revelaría que Brasil cambió el texto de su ley suprema nada menos que en 60 ocasiones, Alemania en 40 y México “perdió la cuenta”. Para el abogado del CELS, “las constituciones son como máquinas del tiempo para que una generación fije reglas para las que le siguen”, pero, aseguró, “cada generación tiene el derecho a darse las reglas que quiera”.
Una reforma “no es un hecho patológico, es un hecho fisiológico: está prevista por la misma norma”, se extendió Ferreyra, por lo que hay que despojarse de ese prejuicio de excepcionalidad que hoy se le quiere dar al asunto. “La Constitución es una construcción social, política y cultural, no algo natural ni divino”, machacó Forster a su turno sobre el mismo tema y agregó que incluso “las mismas palabras escritas hace 160 años o 20 hoy tienen un significado distinto”.
Ferreyra también recordó que “nadie ejerce el poder constituyente sino el pueblo” por lo que “es imposible una reforma a la Constitución sin una extraordinaria movilización”. Al respecto, Barcesat pidió que la agenda de temas a debatir y el contenido final del texto lo determine “el pueblo a través de un amplio debate”. Sin mencionarlo por su nombre, aludió al antecedente del pacto de Olivos cuando pidió evitar “pactos de caudillos que decidan qué temas se van a tocar y cómo”.
Antes de comenzar el debate, D’Elía había advertido: “No traemos bajo el poncho el cuchillo de la re-reelección”. Más allá de que los organizadores del debate anticiparon su postura personal contraria a habilitar un nuevo mandato para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la idea era dejar el asunto fuera de la agenda para que no termine opacando el resto del debate. Ferreyra sí mencionó (y recomendó) la posibilidad de adoptar un sistema parlamentario. El objetivo prioritario sería “delinear el modelo político económico que necesita el país” desde una “perspectiva regional”, en palabras de Barcesat.
Para alcanzar esa meta, se tiró sobre la mesa un surtido menú de propuestas, entre las que se destacan el control nacional de las riquezas naturales y el cuidado del medio ambiente, la necesidad de una reforma tributaria, replantear el Consejo de la Magistratura y la distribución “armónica” de la tierra.
Sin embargo, los momentos más interesantes se dieron cuando los panelistas arriesgaron un poco más y trajeron a colación otras ideas, como Ferreyra, dentro de un decálogo de asuntos a modificar incluyó darles un estatus constitucional a las Primarias Obligatorias y Simultáneas e incluso a algunos aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y hasta modificar el mismísimo Preámbulo de la Carta Magna para incluir el objetivo de la justicia social, “que es el fin principal del Estado”.
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