Por Washington Uranga y Natalia Aruguete

La ley 25.600 sancionada el año pasado con la declarada intención de transparentar los procesos electorales, obliga por primera vez a los candidatos presidenciales a presentar ante la Justicia Federal Electoral un informe de los aportes públicos y privados recibidos, indicando el origen y monto, así como de los gastos incurridos y los estimados hasta la finalización de la campaña. La información debía ser entregada diez días antes de los comicios (17 de abril) y publicada en la página web de la Cámara Nacional Electoral (CNE), algo que todavía no ocurrió, y en un diario nacional. La ley también establece un tope de gastos proselitistas para cada partido de 25 millones de pesos e impone límites a la financiación y a la duración de la campaña. El retraso en la publicación del monto gastado por los partidos para la campaña proselitista puso en la mira a la CNE y Poder Ciudadano denunció que la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, pidió una licencia seis días antes de las elecciones, para resolver una causa sobre el Banco General de Negocios (BGN). Durante esos días debía haberse publicado en Internet el acopio de datos de campaña. La licencia de Servini “amerita —según Poder Ciudadano– la evaluación de su apartamiento” de la Justicia Electoral.
En el despacho de la magistrada, la prosecretaria electoral, Daniela Sayal, argumentó que las demoras eran consecuencia de la entrega inapropiada de la información, por ser ésta la primera vez en que se aplicaba la ley de financiamiento. Explicó además que el juez subrogante, Norberto Oyarbide, era el único que podía autorizar el acceso a dicha información.
“El contenido de este site se está actualizando”, rezaba hasta ayer la página web del Poder Judicial, casi como pretendida justificación por no difundir los datos tal como lo exige la ley. Sin embargo, el resultado de los informes fue difundido por diversos medios periodísticos. Según esa versión, las cifras presentadas por los partidos alcanzan un total de 13.144.440 pesos, frente a los casi 48 millones desembolsados en la campaña de 1999. De la cifra total surge la siguiente discriminación: Carlos Menem prevé un gasto de 6.969.000 pesos en total. Ricardo López Murphy tiene una cifra total pronosticada de 3.265.122 pesos. Adolfo Rodríguez Saá piensa destinar 1.700.778 pesos a su campaña. Néstor Kirchner declaró erogaciones por 794.833 pesos. Elisa Carrió tiene previsto un gasto de 414.707 pesos. Sin embargo, tales informes fueron rectificados por la jueza dado que están elaborados incorrectamente. Por ejemplo: ni Menem ni Kirchner presentaron detalles sobre la identidad de las personas y las empresas que aportaron dinero a su campaña.
Poder Ciudadano, organización de activa participación en el Diálogo Argentino, criticó además la parcialidad en la entrega de la información sobre los gastos de campaña por parte de los propios partidos. En el marco de un monitoreo sobre el cumplimiento de la ley por parte de los partidos, la Justicia y el Gobierno, la entidad dirigida por Carlos March envió cartas a los partidos políticos en tres oportunidades –5/11/02, 13/02/03 y 4/0403– solicitando información sobre los desembolsos efectuados para la campaña. La única respuesta que obtuvieron provino de los partidos chicos y algunos expresaron su preocupación por las deudas que el Estado mantiene con ellos. El Partido Socialista (PS) aseguró que se le deben los montos correspondientes a un año y dos meses del Fondo Partidario Permanente y que apenas el miércoles –a cuatro días de los comicios y dos de la veda– recibió un giro del Ministerio del Interior. Para Oscar González, responsable político del PS, el mecanismo oficial es “una trampa y contribuye a que el establishment construya su espectáculo político” en perjuicio de los partidos más chicos. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, explicó a Página/12 que la distribución de la liquidación del aporte extraordinario de campaña debió esperar a que la Justicia Electoral oficializara a los partidos y que, entre el 26 de marzo y el 16 de abril, se pagaron los montos adeudados de octubre, noviembre y diciembre de 2002. La deuda con el PS la atribuyó a una falta de “adecuación de las cuentas a las que se deben enviar los fondos”, dado que se había producido una fusión entre otros dos partidos.
A la dificultad que tuvo Poder Ciudadano para conseguir información completa por parte de todos los partidos, se sumó la negativa de las autoridades de los cinco canales de aire de precisar fecha y monto de contratación de los espacios de publicidad. La Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas justificó su silencio de radio: “El temperamento observado por nuestros asociados es mantener en reserva las inversiones en publicidad que realizan los anunciantes”. Esto obligó a la ONG a requerir información a dos empresas de medición de publicidad -Monitor de Medios Publicitarios y Scopessi & Cía– para completar su investigación.
De los datos de ambas firmas surgen irregularidades relacionadas con la publicidad electoral. Aun cuando el artículo 64 del Código Nacional Electoral establece la prohibición de hacer campaña en medios televisivos, radiales y gráficos hasta 32 días antes de los comicios, “Canal 9 y Telefé difundieron un spot publicitario en el que se auguraba la tercera presidencia del candidato del Frente de la Lealtad, Carlos Menem”, afirma el documento. Por otra parte, el candidato de Tiempo de Cambios, José Carlos Arcagni, tuvo sus primeras apariciones en medios gráficos el 21 de marzo: “No soy político. Quiero cambiar Argentina. Quiero ser presidente” (La Nación, pág. 3 y Clarín pág. 9). Según pudo averiguar Poder Ciudadano, esos espacios publicitarios cuestan cerca de 15 mil y 12,5 mil pesos.
Las sanciones previstas para este tipo de violaciones a la normativa contemplan la pérdida del derecho que tiene un partido a recibir recursos de financiamiento público por un plazo de 1 a 4 años, así como el pago de una multa por parte del medio que difunda los avisos equivalente al valor de los segundos y/o de los centímetros de publicidad, de uno a cuatro días.