Cinco jueces federales amanecieron ayer resignados ante la idea de que cualquiera de ellos podía ser el próximo que quedaría a cargo del caso Ciccone. Poco después de las ocho de la mañana el bolillero virtual de la Cámara Federal, el tribunal que un día antes había resuelto apartar al juez Daniel Rafecas por sospechas de parcialidad, designó a su par Ariel Lijo como el heredero del expediente. La primera decisión importante que tendrá que tomar este magistrado es si mantiene en la causa al fiscal Carlos Rívolo o bien si hace lugar a la recusación en su contra planteada por José María Núñez Carmona, uno de los hombres investigados, quien lo acusó –entre otras cosas– de haber filtrado a los medios el allanamiento a un departamento propiedad de Amado Boudou, su socio y amigo, así como los resultados de ese procedimiento.

La semana próxima, Lijo convocará a una audiencia oral a Rívolo y también a Núñez Carmona y su abogado Diego Pirota para que cada uno exponga su posición. Todavía no se sabe qué día se celebrará. El juez resolvería ahí mismo la suerte del fiscal. La decisión es apelable según interpreta una mayoría de funcionarios de tribunales (aunque no todos). Las apuestas en los pasillos de Comodoro Py 2002 dicen que Lijo podría rechazar la recusación en respaldo a Rívolo, pero que de todos modos la Sala I de la Cámara Federal ya dio señales de que podría dejarlo afuera de la causa con los argumentos que expuso en la resolución con que apartó a Rafecas. Allí cuestionó la “posible actuación coordinada” entre juez y fiscal. A Rívolo le criticaron puntualmente no haber promovido él mismo la recusación contra el magistrado y, a la vez, anticiparse en un “singular” escrito –así lo calificaron– que advertía que no veía razones para hacerlo. La principal razón que determinó la separación de Rafecas de la causa estuvo dada por el intercambio de mensajes a través del sistema WhatsApp que tuvo con Ignacio Danuzzo Iturraspe, viejo amigo suyo y abogado de Núñez Carmona en distintos asuntos desde 2008. En los diálogos el juez le daba sugerencias y opiniones relacionadas con la investigación y con la estrategia de varios imputados. La Cámara dijo que eso bastaba para poner en duda su imparcialidad. En cambio, sostuvo que si había violado el secreto de sumario no era punto que tuviera relación con su independencia de criterio. En el caso de Rívolo la acusación de quebrar ese secreto va atada a que era el responsable del allanamiento al departamento en Puerto Madero que pertenece a Boudou y a la administración del edificio. También objetó el modo en que se incorporó a la causa una factura de Cablevisión –del Grupo Clarín– sólo dos horas después de librado el oficio donde la requería, cuando en otros casos se utilizó el trámite habitual, lento, con cédulas judiciales.

Núñez Carmona atribuye a Rívolo la filtración de la información del procedimiento en el inmueble del vicepresidente. La misma tarde algunos portales difundían la aparición de un recibo de expensas firmado por Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund, la firma que entró en Ciccone para que saliera de la quiebra. El fiscal supone que en el departamento vivía el propio Vandenbroele y no su amigo Fabián Carosso Donatiello, quien figura como inquilino y vive en España. Uno de los objetivos de Rívolo era demostrar si existe vínculo entre Boudou y Vandenbroele, algo que ambos niegan. La defensa de Núñez Carmona dice para demostrar eso que hay caminos alternativos al allanamiento (desde tomar testimonio al portero o analizar los servicios) y que sólo se buscó montar una escena para los medios. Otra teoría sugiere que el socio de Boudou no estaría legitimado para recusar o hacer planteos relacionados con un departamento que no le pertenece.

El eje de la investigación judicial es el proceso por el cual Ci-ccone pasó de estar en quiebra, pedida por la AFIP, a salir de ella en el transcurso de un mes, con una moratoria especial, y cuál fue allí el papel de Boudou y el de su socio Núñez Carmona, que sí trabajó con Vandenbroele. La causa está casi paralizada desde hace dos semanas, cuando Boudou lanzó las primeras denuncias públicas sobre Rafecas y contra el estudio que integran la esposa y el hijo del ex procurador Esteban Righi, quien terminó renunciando a ese cargo de jefe de los fiscales. Desde ese momento de inflexión Rívolo –a quien Rafecas le había delegado la instrucción de la investigación– se limita a ordenar medidas “reproducibles”, es decir, que se puedan repetir en el futuro (como análisis de documentación) si se llegara a anular lo que hizo desde que fue recusado. De hecho, es otra de las cuestiones planteadas en la ofensiva de Núñez Carmona, a resolver por el nuevo juez.

Lijo, quien fue nombrado juez por Néstor Kirchner en la misma tanda que Rafecas, también está a cargo de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Boudou, aunque todavía no comenzó la investigación en sí, ya que el juzgado está rastreando si hay alguna causa similar. También él tomó la denuncia que hizo Boudou por supuesto tráfico de influencias contra el estudio ligado a Righi y contra el titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, por supuesto cohecho. Lijo no acostumbra a delegar investigaciones a los fiscales. Para el caso Ciccone sólo lo definirá una vez resuelto el destino de Rívolo. Dicen cerca de su juzgado que recibió la causa con poco entusiasmo: al propio peso del caso se le agregaron los derivados de las recusaciones y el pedido de juicio político a Rafecas.