“Los doctores Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo dictaron una resolución que habrá de quedar inscripta en los anales de la jurisprudencia de nuestro país como uno de los fallos más vergonzosos y contrarios a las garantías y derechos constitucionales que se registran en la historia argentina, sólo comparable a las sentencias que se dictaban durante la última dictadura militar”, dice el texto presentado ayer ante el Consejo de la Magistratura. En él se pide el juicio político de los dos camaristas y el juez de instrucción que dispusieron el desalojo de Brukman. La solicitud de remoción está vinculada tanto al trámite irregular con que se decidió el desalojo de la fábrica como a los hechos que culminaron “con una brutal represión, heridos y privaciones ilegítimas de la libertad” el lunes pasado. El escrito fue presentado por los abogados Myriam Bregman (Ceprodh), Juan Carlos Capurro (Comité de Acción Jurídica de la CTA), Juan Manuel Ramos Padilla (APDH), los diputados Ariel Basteiro y Oscar González y el periodista Miguel Bonasso. Los denunciantes reclamaron también al juez federal Sergio Torres que investigue la actuación de la policía y si existió alguna intencionalidad política sosteniendo su reacción. El pedido de juicio político señala que en Brukman se planteaba un conflicto laboral, en el que los jueces que actuaron (integrantes del fuero en lo criminal) no tenían competencia. “Como surge del expediente y es público y notorio, intervenían en el tema el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Justicia Comercial”, indican los denunciantes. También sostienen que los magistrados violaron “las garantías constitucionales de quienes se encontraban trabajando en el inmueble y de miles de ciudadanos que, ejerciendo también sus derechos constitucionales, se manifestaron en apoyo a los trabajadores”. Piombo, Bonorino Peró y el juez de instrucción Luis Rimondi son cuestionados, en otro orden, por las decisiones tomadas después del desalojo, que “fueron elevando los riesgos sin querer siquiera analizar las alternativas de una solución pacífica que se le planteaban desde distintos ámbitos que incluyen organizaciones gremiales, organismos de derechos humanos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos funcionarios del gobierno nacional”.