La Cámara Federal de Mendoza, ya sin jueces imputados por delitos de lesa humanidad o comprometidos en la protección de sus pares, comenzó a revertir la impunidad en San Luis. El tribunal integrado por los subrogantes Carlos Parra, Hugo Echegaray y Alejandro Waldo Piña tomó nota de los argumentos del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, confirmó los procesamientos por secuestros y torturas de quince militares retirados y ex policías puntanos, y revirtió la decisión de permitirles seguir libres, que había tomado el juez federal Juan Carlos Maqueda al ordenar que se les dicte la prisión preventiva. La resolución se firmó el martes y siete de los quince ya estaban ayer detenidos en San Luis. Por el resto se libraron órdenes de detención a jueces de distintas jurisdicciones.

“San Luis era un paraíso de la impunidad. Salvo los cuatro represores condenados en el único juicio que hubo en la provincia, el resto estaba en libertad”, explicó el abogado Pablo Salinas en representación de la APDH puntana. “Esta resolución pone fin a esa impunidad y tiene además otro elemento fundamental para todas las provincias de Cuyo: los procesa por el delito de asociación ilícita, criterio que la Cámara sólo había aplicado en el caso de (el ex policía Carlos) Rico Tejeiro. Este nuevo criterio del tribunal va a tener repercusiones en todo Cuyo”, agregó Salinas.

La Cámara Federal de Mendoza fue durante años una garantía para los acusados por su actuación durante el terrorismo de Estado. Su ex presidente Otilio Roque Romano, hoy con procesamiento firme por su participación en delitos de lesa humanidad como fiscal durante la dictadura, se apresta a volver –preso– desde Chile, donde buscó refugio cuando el Consejo de la Magistratura se preparaba para suspenderlo e iniciarle juicio político. El mes pasado el gobierno chileno rechazó el pedido de refugio que había presentado Romano, que pretendía ser considerado un perseguido político, y le anuló la visa de residencia temporaria. Su ex compañero Luis Francisco Miret también está procesado por su actuación como juez durante el terrorismo de Estado y el Consejo de la Magistratura lo destituyó por su complicidad con delitos de lesa humanidad. El tercer ex camarista, Julio Demetrio Petra, renunció en noviembre, mientras el Consejo analizaba denuncias en su contra por favorecer a represores y ayudar a su par Romano. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le aceptó la renuncia en mayo. Sus reemplazantes son dos integrantes de la Cámara de San Juan (Parra y Etchegaray) y el mendocino Piña, que integra el Tribunal Oral Federal de la provincia.

Los procesamientos de los represores que recién ahora irán presos los dictó el juez Maqueda en julio de 2010. Defensores, querellantes y fiscales presentaron entonces sus apelaciones, que durmieron durante meses en manos de Romano y sus secuaces. Tras la sucesión de bajas forzadas y la designación de los jueces subrogantes comenzó un maratón de más de cincuenta audiencias por las apelaciones, que protagonizaron el fiscal general Omar Palermo, los abogados Salinas, Norberto Foresti y Viviana Beigel por APDH y una veintena de abogados defensores de los represores.

El martes, después de casi dos años, el tribunal confirmó los procesamientos y ordenó poner fin a la libertad de los represores. La lista de imputados que ahora deberán esperar el juicio oral en prisión preventiva la integran militares retirados que integraron el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 141 (GADA 141) y la Quinta Brigada Aérea, y ex policías que pertenecieron en su mayoría al Departamento de Informaciones (D2) de la policía de San Luis. Se trata de los oficiales Marcelo Eduardo González Moure, Ricardo Alfredo Rossi, Horacio Angel Dana, Higinio Rafael Robles y Armando Nicolás Martínez, de los policías Pedro Armando Gil Puebla, Luis Mario Calderón, Juan Amador Garro, Rubén Omar Lucero, Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Rafael Enrique Leyes, Jorge Félix Natel y Celso Juan Angel Borzalino, del médico policial Vicente Ernesto Moreno Recalde, y de Oscar Guillermo Rossello, ex oficial principal de la Policía Federal. Leyes y Moreno Recalde se presentaron en el juzgado, en tanto fueron detenidos Gil Puebla, Calderón, Lucero, Garro y Natel. Por el resto se libraron órdenes de detención a distintas ciudades.

El grueso de los imputados están procesados por 21 casos de secuestros y torturas, por los asesinatos de Raúl Cobos, Domingo Chacón, Adolfo Pérez, Luis María Frumm, Vicente Rodríguez, Dante Bodo, Nolasco Leyes y Rafael García, y en algunos casos también por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y homicidios de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraza y Pedro Ledesma. Fue justamente por estos tres casos que se realizó el primer juicio oral en San Luis, en 2009, que concluyó con las condenas a prisión perpetua del general Miguel Angel Fernández Gez, de Carlos Pla y de los ex policías Víctor “El Japonés” Becerra (fallecido meses después de la sentencia), Luis Orozco y Juan Carlos Pérez.