La Sala III de la Cámara de Casación Penal volvió a rechazar la excarcelación del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, detenido desde el 22 de febrero de 2011 como instigador del asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Es la tercera vez que este tribunal le niega al jefe sindical un pedido para quedar en libertad. La diferencia en esta ocasión es que lo hace confirmando la decisión del Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) de que llegue detenido al juicio, que empezará el 6 de agosto, y dice que “no parece” una medida “irrazonable en relación con la imputación penal” de homicidio calificado, que prevé la pena máxima de 25 años de prisión. Ayer, además, un testigo que fue jefe de administración de personal de Ugofe (grupo de empresas que opera la línea Roca bajo tutela estatal) denunció amenazas en una fiscalía de San Martín.

La proximidad del juicio, evaluaron los camaristas Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Liliana Catucci, aumentaría las chances de que Pedraza intente fugarse o entorpecer la acción de la Justicia. También tuvieron en cuenta que aún no se cumplió el plazo máximo de dos años que la ley admite de presión preventiva sin recibir sentencia.

Este nuevo fallo reafirma el camino que conduce al banquillo no solo a Pedraza, sino a otros acusados por el homicidio que están detenidos: el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández; el delegado Pablo Díaz y otros siete hombres que conformaron la patota que el 20 de octubre de 2010 atacó a quienes participaban de una protesta de ferroviarios que pedían reincorporaciones y cuestionaban la tercerización como método de precarización laboral. En el mismo proceso serán enjuiciados siete policías federales responsabilizados por haber liberado la zona para que actuara el grupo de choque de la UF, desde donde salió el disparo de un arma calibre 38 que mató a Mariano Ferreyra y los balazos que hirieron a otros tres militantes del Partido Obrero. En el caso de Elsa Rodríguez, quien quedó con secuelas neurológicas, la bala era del mismo calibre. Ahora se peritará el proyectil extraído a Nelson Aguirre.

Al juicio, en el que habrá más de 300 testigos, Pedraza y Fernández llegan acusados de haber estado motivados por un interés económico y político en el gremio, por la pérdida de poder que podría significarles la regularización de los subcontratados y la amenaza para la existencia de las empresas tercerizadas, subsidiadas con dinero del Estado, de las cuales por lo menos una (la Unión del Mercosur) era manejada por Pedraza. La jueza de instrucción, Wilma López, y la Cámara del Crimen dijeron que los dirigentes querían “aleccionar” a los tercerizados.

La denuncia de amenazas a testigos –hasta por la fiscal inicial del caso, Cristina Caamaño– fue una constante en la causa. Ayer se sumó la de José Luis García, empleado (hasta 2009) de Ugofe, el grupo de empresas (Ferrovías, Metrovías y TBA) que administraba la Línea Roca, pagaba sueldos y contrataba a su vez a las encargadas de tercerizar. García, en rigor, ya había sido cruzado cuando manejaba su auto por una camioneta desde la que le advirtieron que “la corte con el tema del ferrocarril”. Esta vez recibió en su casa un sobre, que le entregó un joven que llegó en bicicleta, con un papel que decía “no hables más porque en agosto salen José y el Gallego y se te va a poner espesa la sopa por buchón. Entendés no¿¿¿¿¿¿¿”, entre otras cosas.

García relacionó el episodio con la publicación reciente en el portal plazademayo.com de su declaración ante una fiscalía que investiga (como expediente derivado del que atañe al asesinato) el presunto desvío de subsidios estatales que entregaba la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y que debían ir a los sueldos del personal de las concesionarias. García no sólo cree que Ugofe se quedaba con un 30 por ciento de su salario y el de sus pares, sino que explicó el papel de las tercerizadas y los beneficios que tenían y dio ciertas pautas sobre mecanismos utilizados cuando había una convocatoria sindical, como sucedió el día que mataron a Mariano, que la UF avisó a Ugofe que sus empleados no iban a trabajar.

Aunque Pedraza y otros acusados acudan a la Corte, no habría impedimento para que se haga el juicio. Llamativamente, la causa que menos avanza es aquella en la que se investiga el intento de soborno a jueces de Casación, que quedaron apartados. Hay indagatorias trabadas desde diciembre.