El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer al juez Claudio Bonadío que procese a los 32 imputados por la tragedia de Once. Esto incluye al maquinista, Marcos Antonio Córdoba, “que no prestó suficiente atención”; a todos los directivos de la empresa concesionaria y a los ex funcionarios del Estado. En la mayoría de los casos los acusa de estrago culposo, es decir de provocar un grave choque por negligencia; peculado, porque los dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA), sin control de los funcionarios públicos, desviaron fondos que debían ir a un servicio adecuado de ferrocarril, y asociación ilícita, porque se armó una trama delictiva que usó de forma impropia la infraestructura, el material rodante y el personal de la ex línea Sarmiento. Por su parte, los ejecutivos de TBA presentaron un escrito en el que le reclaman al juez que dicte la nulidad de todas las indagatorias realizadas hasta ahora porque la acusación es general e imprecisa y, por lo tanto, impide el derecho a la defensa. Parece obvio que Bonadío rechazará esas nulidades y habrá que ver la opinión de la Cámara Federal.

Desde el principio de la causa, Delgado insiste en que hay un adentro y un afuera de la tragedia de Once. El adentro es el choque mismo y el afuera las malas condiciones en que se prestaba el servicio ferroviario. Por ello, el fiscal sostiene que existe una responsabilidad de todos: del maquinista que chocó el tren, de los dueños y ejecutivos de TBA que no se ocuparon de tener un buen mantenimiento y prestar un servicio aceptable y de los funcionarios públicos porque no controlaron. Con ese razonamiento como base, el fiscal pide el procesamiento de 26 ejecutivos y gerentes de TBA, del maquinista y de cinco ex funcionarios y funcionarios públicos, entre los cuales están el entonces secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, y su antecesor, Ricardo Jaime.

Delgado incluye en su texto transcripciones de las comunicaciones de radio de conductores con el Control Central en la semana previa al choque. Esos conductores reportan fallas: el 24 avisa que “hay dos coches totalmente anulados de frenos”; el 22 dice que “estoy perdiendo presión de aire”, el 3742 advierte que “no frena el freno de servicio y ayer tenía el mismo problemita”; mientras que otros hablan de que “se está saliendo la manija de control”, “no responde el hombre muerto”, “el manómetro me está marcando que tengo 13 kilos de presión, acá va a volar todo” y otros avisos y comunicaciones de ese estilo.

El fiscal agrega que en la misma resolución del Poder Ejecutivo en la cual se le quitó la concesión a TBA, se dice que ya se le habían aplicado multas por 70 millones de pesos y que “surge un considerable déficit tanto de material rodante como de infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones”.

Sobre esa base es que Delgado considera que todos tienen responsabilidad y detalla los tres delitos que le sugiere al juez que debe tener en cuenta:

- Estrago culposo, que es provocar una gran tragedia, con personas fallecidas, por impericia, inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. El delito tiene una pena que va de un año a cinco de prisión.

- Peculado. Que es el desvío de fondos públicos. Delgado argumenta que el grupo Cirigliano usó el dinero para hacer inversiones en Estados Unidos, Canadá, España y Qatar.

- Y asociación ilícita, porque los imputados habrían actuado de forma mancomunada para usar de forma impropia la infraestructura, el material rodante y el personal que se puso a disposición para dar un buen servicio ferroviario.

Todos los acusados objetan que Delgado no hace imputaciones concretas y que ni siquiera esperó la pericia contable para determinar si hubo o no desvíos de fondos. También alegan que no se precisa qué papel jugó cada acusado, es decir cada uno de los 26 ejecutivos de TBA y cada uno de los funcionarios públicos.

Ayer uno de los abogados de TBA, Martín Clemente, presentó un escrito pidiendo una nulidad casi general. Argumenta que no se dice cuál es la acusación contra cada persona ni qué papel jugó. La imputación fue hecha por Bonadío de manera que parece cantado que va a rechazar esas nulidades. El próximo paso será la resolución del juez sobre los procesamientos. Está esperando la pericia contable y exámenes médicos del maquinista. Es seguro que procesará al maquinista, a parte de los directivos de TBA y a los funcionarios públicos. Habrá que ver por qué delitos.