La paritaria de los camioneros se convirtió en el nuevo escenario de la disputa entre el Gobierno y el jefe de la CGT, Hugo Moyano, con una escalada que transformó la negociación por el aumento salarial del sector para el 2012 en un conflicto de alcance nacional y carácter político. La Federación de Camioneros, que conducen el titular de la central obrera y su hijo Pablo, decidió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y salió a doblar la apuesta extendiendo a 72 horas y a todo el país un paro de los choferes del transporte de combustible. La medida generó fuertes cruces de declaraciones durante todo el día entre los Moyano, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el vicepresidente Amado Boudou. Los funcionarios advirtieron que el Gobierno podría tomar “severas sanciones” contra el sindicato y además aplicar la Ley de Abastecimiento para evitar que falte combustible o mercadería.

La conciliación obligatoria había sido dictada en las primeras horas del día de ayer por el Ministerio de Trabajo y debía regir por quince días. En principio, en Camioneros la habían aceptado. La federación conducida por Moyano cambió después de estrategia y anunció que no la acataría. El vicepresidente Boudou advirtió sobre la eventual aplicación de la Ley de Abastecimiento,

“No nos van a asustar, no vamos a retroceder”, fue la reacción del titular de la CGT, Moyano padre, al conocer lo que Boudou había declarado. El vicepresidente, que está a cargo de la Casa Rosada por el viaje de Cristina Kirchner a la Cumbre del G-20, había dicho a los medios que con la conciliación se abría un paréntesis “para discutir salarios con normalidad y paz social”, pero que en caso de que esto no sucediera, el Gobierno” iba a aplicar la Ley de Abastecimiento.

Tras la primera declaración de Moyano, su hijo Pablo, segundo en la Federación Nacional de Camioneros, anunció la extensión a 72 horas del paro de la rama de los choferes del transporte de combustible.

Los camioneros reclaman en la paritaria un aumento del 30 por ciento a su cámara, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). También quieren una suma fija de entre tres mil y cuatro mil pesos para compensar el pago del Impuesto a las Ganancias, uno de los reclamos centrales para Moyano, que en estos días está además en plena campaña para ser reelecto al frente de la CGT. Como parte de la pelea más general que el moyanismo mantiene con el Gobierno está además la exigencia de que ningún trabajador con hijos deje de percibir salario familiar.

La semana pasada el Sindicato de Camioneros, tras recibir una oferta salarial que consideró insuficiente, lanzó un plan de lucha con medidas de fuerza por sector. Los paros comenzaron el viernes con una huelga de los choferes de transportadoras de caudales que afectó la reposición de billetes en los cajeros automáticos. El lunes hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Aunque la parte empresaria mejoró su oferta salarial inicial, llevándola a un 21 por ciento, los dirigentes gremiales la rechazaron también por insuficiente y anunciaron nuevas medidas. Trabajo dictó entonces la conciliación obligatoria.

La primera señal de que la conciliación no sería acatada apareció en Córdoba, donde un grupo de camioneros bloquearon una planta de YPF en la localidad de Monte Cristo, la única de la provincia, impidiendo la entrada o salida de camiones con combustible. Al mediodía llegaron noticias de una medida similar en la provincia de Santa Fe, con un bloqueo a la salida de combustibles de la refinería que YPF tiene en la ciudad de San Lorenzo. Luego los recolectores de residuos de la provincia decidieron un paro por tiempo indeterminado y, finalmente, Pablo Moyano confirmó que había una decisión tomada por la conducción de la Federación de Camioneros.

“Hemos declarado un paro de 72 horas en todo el país”, anunció. Consultado en una entrevista radial sobre la advertencia de Boudou, el dirigente desafió a que los llevaran “presos”.

Este anuncio fue calificado como una provocación por el Gobierno, que a través del Ministerio de Trabajo intimó al sindicato a cumplir con la conciliación bajo el apercibimiento de recibir sanciones.

Tomada dijo que la organización sindical podría ser multada e incluso perder su personería gremial y argumentó que el sindicato debía negociar sin estas medidas de fuerza porque el acuerdo del sector vence recién el 30 de junio. También confrontó con el discurso de fondo de Moyano. “Hay una muy baja comprensión del contexto mundial y una actitud provocadora”, dijo. Y apuntó que la Presidenta recibió en México “el asombro de sindicalistas internacionales, que le señalaron su admiración por el nivel salarial en la Argentina y las negociaciones colectivas”.

Por la noche, Boudou mantuvo una reunión con los principales funcionarios del Gobierno para evaluar las medidas a tomar. “No es una cuestión de vanidades personales o ver quién es más macho”, advirtió en declaraciones a la televisión desde la misma Casa Rosada el vicepresidente. Luego de confirmar que había hablado telefónicamente con la Presidenta, Boudou volvió a mencionar la aplicación de la Ley de Abastecimiento, promulgada el 24 de junio de 1974 por Juan Domingo Perón. “No podemos permitir que la obstinación de algunos pase por encima de las necesidades del conjunto. Vamos a asegurarnos de que no sigan cada semana buscando jorobarles la vida a los argentinos”, advirtió. “Acá no hay lugar para bravuconadas.”

En el plano de la paritaria, la próxima instancia de negociación es una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para el viernes a las 11 de la mañana. Sin embargo, el conflicto podría sumar antes muchos otros capítulos. El próximo paso será dado por Moyano (hijo) este mediodía, con una conferencia de prensa que fue anunciada para las 12.30 en el Polo Petroquímico Dock Sud.