Era sábado. 3 de abril de 1976. Un grupo de hombres armados, vestidos de civil, entró al edificio donde vivía el ex almirante Armando Lambruschini, en Recoleta. No iban a su casa, sino al departamento donde vivían Alicia Mallea, una estudiante de derecho de 22 años, y sus cuatro hermanos, tres de ellos menores, a su cargo desde la muerte de sus padres. El timbre de la puerta de servicio los sorprendió en pleno almuerzo. Al abrir encontraron al portero apuntado por los agentes de Coordinación Federal que a los gritos les ordenaron a todos ponerse contra la pared. Después de someter a un interrogatorio a Alicia, a su novio Roberto Vera Barros y a Esteban Ojea Quintana, se llevaron a los tres, que eran empleados judiciales. Además revolvieron todo y cargaron sus bolsillos de cosas de valor. Los más chicos, de 13, 14 y 15 años quedaron desamparados. Se los iban pasando entre personas conocidas que los cuidaron circunstancialmente, y en el ínterin perdieron, por decisión del juez civil que estaba a cargo, el expediente tutelar, ese inmueble de la calle Pacheco de Melo donde vivían y querían rehacer su vida, además de una cochera y hasta los muebles. Junto con la causa por la desaparición de Alicia, una de sus hermanas, Dolores, pidió que se investigue aquel despojo. El caso fue desestimado en primera instancia, pero hoy habrá una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal donde pedirá que no sea cerrado.

Después del secuestro de Alicia, Dolores –que tenía 14 años– y sus hermanos Marcela y Eduardo pidieron ayuda a un tío, que quedó como tutor, aunque iban de casa en casa, en parte por miedo a lo que les pudiera pasar al volver al departamento. Finalmente una mujer que estaba relacionada con él los acompañó a vivir allí. Esperaban poder volver a la escuela y ansiaban el regreso de su hermana, sin imaginar que nunca llegaría. Con el correr de los días advirtieron que en los hechos, nadie los cuidaba, ni tenían ayuda económica, ni les daban –por ejemplo– el dinero del alquiler de la cochera. Dolores, quien como hija de un abogado suponía que debía recurrir a la Justicia, fue a ver al juez civil Miguel Angel Vilar, que tenía el expediente tutelar, y le pidió que revocara la tutoría de su tío. Poco después, bajo amenazas y maltratos de aquella mujer que se había instalado con ellos, volvió a pedirle auxilio al magistrado. El 6 de octubre de 1976, el juez Vilar resolvió que no siguieran viviendo en esa casa y los mandó con familias conocidas.

“Desconocíamos totalmente que de esta manera perdíamos nuestro departamento. Como menores sólo necesitábamos que la Justicia nos cuidara y cuidara nuestros ingresos de la pensión de mi padre y del ingreso por el alquiler de la cochera. No sólo debíamos vivir con la angustia y el miedo por el secuestro de nuestra hermana, sino que éramos trasladados de un lado a otro, sufriendo además la pérdida de referencias y de referentes”, dice el texto de la querella que Dolores presentó en un comienzo, y que quedó a cargo del juez federal Sergio Torres, mientras la desaparición de su hermana siguió siendo investigada por el juez Daniel Rafecas, como parte de la causa sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. También están desaparecidos Vera Barros y Ojea Quintana. Se estima, aunque no está aún determinado, que Alicia estuvo detenida en Coordinación Federal. Dolores apuntó además al encubrimiento de la privación ilegal de la libertad de su hermana por dos razones: una, que se la llevó una patota policial cuyo ingreso fue habilitado por la custodia de Lambruschini; la otra, que ella había denunciado el secuestro ante el juez Vilar, quien no tomó ninguna medida al respecto.

Poco después del atentado en la casa de Lambruschini, en agosto de 1978, Dolores quiso volver a entrar a su departamento para buscar algunas cosas suyas. Al llegar encontró una faja que se lo impedía por disposición del juzgado de Vilar. En teoría, según dice su querella, el asesor tutelar Silvio Pestalardo consentía las decisiones del juez. El abogado José Luis Fabris, quien representa a Dolores, explicó a este diario que el costoso inmueble –que tenía un living de 10 metros y cuatro dormitorios– era reclamado por la quiebra de la inmobiliaria Lanusse, donde lo había comprado el padre. “Después del secuestro de Alicia, ni el juez ni el asesor tutelar se ocuparon de controlar y proteger ese bien, que era lo poco que Dolores y sus hermanos tenían. El juez ni siquiera verificaba si se pagaban las expensas, si había deudas, si había una escritura. Luego lo entregó sin defenderlo”, dijo Fabris. “Es decir que el Estado, además de secuestrar a los hermanos, agravó esa circunstancia separando a los otros hermanos y robándoles los bienes”, resumió. El abogado habla de “los hermanos”, ya que Alejo, quien estuvo secuestrado en la ESMA, fue asesinado en 1978.

Eduardo, el menor de los hermanos, vivió por esos años en una escuela marista. Dolores y Marcela pudieron acceder a un alquiler al conseguir trabajo en una oficina. Dolores, quien hoy tiene 50 años, es psicóloga. Con el correr del tiempo pudo ir dimensionando el daño y las pérdidas que signaron su vida y a su familia y decidió pedir justicia por el despojo de sus bienes. El juez Torres sobreseyó la causa con el argumento de que no alcanzaban las pruebas disponibles. El avance de la Justicia sobre las responsabilidades y complicidades civiles en distintos aspectos del régimen dictatorial es reciente y en ciertos territorios más trabajosa. Ahora es el turno para que haga su evaluación la Cámara Federal.