Para funcionarios, dirigentes y laburantes del gremio de Camioneros, el día de ayer no fue feriado. Para muchos ciudadanos de a pie, hubo desabastecimientos, frío mal reparado, un incordio para cargar nafta y un episodio para mirar por tevé, en una jornada sin fútbol.

Muchas ramificaciones tiene el conflicto entre el Gobierno y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, contexto general en el que opera Pablo, titular de Camioneros e hijo del líder cegetista. El uso abusivo de la acción directa es un tópico central en esta etapa, incluso (especialmente) su ejercicio por quienes disponen de herramientas legales e institucionales para bregar por sus derechos.

Muchos de esos aspectos se mentarán en esta nota. Para ordenarla vale poner lo principal adelante. La Federación que comandan Pablo en lo formal y Hugo en lo real se excedió en el ejercicio de su derecho de huelga. Interrumpió servicios básicos sensibles, dirigió toda la lesividad de su obrar contra el Gobierno, pero, sobre todo, contra los ciudadanos consumidores. La paritaria del sector que se viene desarrollando está trabada (como ocurre tantas veces) y se dictó una conciliación obligatoria que el sindicato desoyó.

La pertinencia de todas las demandas gremiales (y hasta su razonabilidad) no facultan a la desmesura, máxime cuando la mesa de negociación está habilitada. De hecho, hay una nueva reunión prevista para mañana a las once.

Otros datos relevantes de ayer fueron la reacción activa de la Casa Rosada, el alto protagonismo del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Una anécdota casual condimentó la jornada: Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli estaban fuera del país. La Presidenta puso al rojo vivo sus celulares conduciendo las movidas oficiales. Habló varias veces con todos los funcionarios más visibles de ayer. Y regresó antes de lo previsto a la Argentina, materializando (al mandar) y simbolizando (al volver) su interés en el conflicto. El gobernador se mantuvo ausente, apenas se expresó por vía de trascendidos. Su bajísimo perfil fue fustigado en público por el vice Gabriel Mariotto (quien participó en el Comité de Crisis) y en comentarios filosos por todo el espinel del kirchnerismo nacional.

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La paritaria es una parte: la querella viene de lejos, acaso desde la llegada de aquel exhorto de la Justicia suiza que sacó de sus casillas al Negro Moyano. Se radicalizó con la confección de las listas para las elecciones nacionales, con la interna de la CGT... y siguen las firmas. Pablo Moyano finca todo su discurso en reclamos gremiales (algunos atinentes a todo el movimiento obrero y por ende exorbitantes a su competencia), pero todas las jugadas contemplan ese contorno. Hay otros, que se deslizan en comentarios reservados. Por ejemplo, cuestiones de fondo, en las que (acusan los camioneros) el Gobierno discrimina a los trabajadores y contempla a los empresarios. Así sucede, alegan, con una plata adeudada por cursos de capacitación: se saldó la deuda con los patrones y se soslayó a los sindicatos.

En la convención colectiva, en tanto, sigue el regateo de rigor. Disconforme con una contraoferta patronal, Pablo Moyano anunció una escalada de “paros sorpresivos”. Trabajo ordenó la conciliación obligatoria por quince días. En este punto, las versiones se bifurcan. Según el Gobierno, la representación gremial jamás la acató. Del otro lado hay contrargumentos múltiples, no todos compatibles. Explican que hubo fallas en la notificación (en Trabajo se comenta que se hizo en tres ocasiones para precaver críticas formales). Hay también quien cuenta que había intención de someterse a la tregua institucional, pero que el vicepresidente Amado Boudou “pateó el tablero” y “provocó” cuando habló de aplicar eventualmente la Ley de Abastecimiento. He ahí, opina el cronista, un argumento atendible de los sindicalistas que, sin embargo, es desmerecido por la magnitud de la retaliación. Esa norma es odiosa y de discutible vigencia y legalidad. Pero pasar de la confrontación verbal (arte en que los Moyano no son desvalidos) a un bloqueo de un insumo fundamental es una demasía. Las razones pesan lo suyo mas no legitiman un método tan desmedido.

Más allá de la estricta letra de la ley, es irresponsable poner en jaque un servicio básico (como son los combustibles), por demandas salariales o de condiciones de trabajo. Máxime para quien, como Hugo Moyano, tiene anhelo de avanzar en la representación política.

La soledad de los camioneros durante la brega seguramente no descalifica las demandas, pero marca diferencias, dentro de su redil, con los métodos. Un fiel integrante del sector moyanista en la interna de la CGT se lo comentó ayer por teléfono a su encolerizado jefe: “No estamos peleando con una dictadura sino con un gobierno democrático que, hasta ahora, no nos sacó nada”. El interlocutor de este diario subraya el “hasta ahora”. Y adereza el relato con la queja por la falta de voluntad de diálogo del Gobierno, que (a su sensato ver) ha cerrado todas las vías de interlocución, salvo la negociación colectiva.

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Razones y excesos: los Moyano se salen de rosca cuando exigen la derogación del Impuesto a las Ganancias o su supresión llana para todos los trabajadores, cualesquiera fueran sus ingresos. Pero es atendible su reclamo de aumento del mínimo no imponible, que está muy desfasado. La extensión de las asignaciones familiares a todos los laburantes es un pedido lógico, cuanto menos una reivindicación propia del movimiento obrero.

El Gobierno, estima este escriba, cometió un error y hasta una injusticia al encuadrar esas reformas como “pedidos de Moyano”. Así las cosas, admitirlos se traduciría como debilidad en la pulseada. La consecuencia es que la mejora del ingreso de bolsillo se posterga hasta que se salde la interna de la CGT. Hay funcionarios que minimizan el costo social, ya que la quita es retroactiva. Subestiman el efecto multiplicador del mercado interno que tendría la reforma. Y la perspectiva de que los trabajadores cobren el aguinaldo y dispongan de la diferencia antes de las vacaciones de invierno.

Lo que, se reitera, es exótico es que Camioneros, en sus tratativas propias, se arrogue la representación de todos los trabajadores formales. Los propios aliados de Moyano callan y se mantienen distantes: “esa plata no es la nuestra” dice un histórico del MTA. Amores son amores y garbanzos son garbanzos.

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Una tratativa entre tantas: la paritaria de Camioneros perdió la centralidad que le cupo en la era kirchnerista. No es el caso testigo, el que (sin fijar pautas universales) demarca y encauza. Quedó, en buena medida, para el final. Muchas importantes ramas de la actividad han cerrado sus convenios: entre ellos los estatales, la UOM, Comercio, la Uocra en estos días. Alimentación y Sanidad (que tiene cierre más tarde) todavía esperan su turno. Pero la base está.

Pablo Moyano quiere apurar el paso y se queja ante cámara y micrófonos complacientes del multimedios: “¿Qué quieren, que espere hasta fin de año?”. En Trabajo le retrucan que el convenio vigente vale hasta julio de 2012 y que si hubiera voluntad restarían chances para acordar.

Que otros gremios ya hayan cerrado, paradójicamente, deja más margen a los camioneros para quedar por encima de la media: no hay riesgo de “efecto contagio”.

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Futsal y basura: “¿Quién es ese Mariotto?” deslegitimó Pablo Moyano varias veces. Y lo excluyó del movimiento nacional, peronómetro en ristre. Cada cual tiene su instrumento de medición en el justicialismo... legalmente Mariotto es el vicegobernador electo de la provincia, en ejercicio interino de la gobernación. Mientras Scioli no se dejaba ver ni oír, su segundo-adversario mostraba hiperquinesis y daba visibilidad a la ausencia. “Ni Gabriel llamó a Scioli ni Scioli lo llamó a Gabriel. Se borró”, dictaminan, cerquita de “Gabriel”.

La imagen del partido de futsal entre el equipo de Scioli y los camioneros enardeció al kirchnerismo y también puso en guardia a los intendentes bonaerenses. Muchas cuitas acumulan con los camioneros, que les sacan canas verdes.

Los gremios que encabeza Moyano abarcan muchas actividades, con expansión creciente en servicios ligados a lo público: recolección de basura, transporte de combustible o de caudales, Correos. Esa potencia estratégica es parte de su poder, pero también de su responsabilidad. “El transporte no es servicio esencial” explican avezados asesores de “Hugo”. Y es verdad, pero el apego a la ley no se configura sólo con no hacer lo prohibido. Máxime cuando hay ámbitos institucionales establecidos, en pleno funcionamiento.

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Gobernabilidad: la Casa Rosada tomó el timón, en su clásico anhelo de demostrar que nadie se la lleva por delante y que se garantiza la gobernabilidad. En esta situación, se jugó para evitar el cierre total del abastecimiento.

Hubo escenas que infundieron temor a cualquier argentino con memoria: manifestantes convencidos y duros versus fuerzas de seguridad que no suelen manejar bien el monopolio del uso de la fuerza. Por suerte, primó la templanza compartida y, al cierre de esta nota, frisando la medianoche, no se conocen desbordes lamentables o irreparables.

El resto de la historia, abarcando un paro nacional de camioneros (hasta acá sin adhesiones de otros gremios), continuará.

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