Las propuestas oficiales para ocupar altos cargos en el decisivo fuero federal constituyen un preciso mosaico del estado de situación en la Justicia, donde los saludables aires de renovación coexisten con las aguas estancadas de la manipulación, las ideologías reaccionarias y las operaciones de inteligencia. Luego del fallido intento por designar al Procurador General Daniel Penoso, el Poder Ejecutivo escogió a la fiscal general Alejandra Gils Carbó, quien concitó el apoyo de un centenar de organizaciones de importancia y apenas cinco presentaciones de rechazo. Una por parte de la agrupación de abogados de la calle Montevideo, un pequeño pero poderoso grupo de lobby que reúne a ex funcionarios judiciales de la dictadura militar con letrados que litigan contra el país en el CIADI, representando a empresas trasnacionales. Otra, firmada por la diputada Elisa Carrió, en uno de sus esporádicos intentos por regresar con algún estrépito de su ostracismo político. Todo parece indicar que su pliego obtendrá con holgura los dos tercios del Senado que se requieren para acceder al cargo que durante los años pasados prestigió Esteban Righi. Esta designación es coherente con el proceso iniciado en 2003 desde la renovación de la Corte Suprema de Justicia, que sigue siendo el punto institucional más alto que puede ostentar la Argentina. La alocución con que Ricardo Lorenzetti abrió el año judicial el 6 de marzo de 2012, expuso un modelo de justicia coherente y progresista como los tribunales argentinos no habían conocido antes.

Seis años después

Entre los pliegos que la semana pasada ingresaron al Senado están también los de cuatro jueces federales de la Capital, seleccionados luego del concurso 140 que se extendió durante nada menos que seis años. Fue convocado para sustituir al destituido juez Juan José Galeano pero en 2005 ninguno de la treintena de postulantes rindió el examen en forma satisfactoria. Cuando volvió a convocarse, en 2008, se habían sumado otras tres vacantes en el mismo fuero. El concurso también estuvo paralizado a raíz de una denuncia del juez federal Daniel Rafecas y de una nota del diario La Nación, que dieron lugar a una causa judicial en la que se investigó si los jurados habían adelantado los temas a dos de los candidatos. Uno de ellos, Carlos Ferrari, incluyó de memoria en su escrito 43 citas de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, lo cual fue considerado imposible por el experto en esa jurisprudencia Alejandro Carrió. El otro, Luis Osvaldo Rodríguez, había pedido días antes del examen el fallo del juzgado de Rafecas en un caso similar al que le tomaron en la prueba, sobre un robo de monedas. No obstante, la jueza federal María Servini absolvió a ambos: a Ferrari porque había hecho todos sus estudios desde el primario en Estados Unidos y era un lector habitual de jurisprudencia de la Corte; a Rodríguez porque no había pedido sólo ese fallo, sino muchos otros, estudiando para el examen. Por último, el Consejo de la Magistratura elevó una terna que incluyó en primer lugar a Marcelo Martínez de Giorgi, quien tuvo una destacada labor en juicios por crímenes de lesa humanidad como secretario de la Sala II de la Cámara Federal, y que en los últimos años ha sido titular interino de dos de los juzgados vacantes; seguido por el secretario Juan Pablo Salas, juez interino en Morón y el juez de Quilmes Marcelo Goldberg. También agregó una nómina complementaria integrada por Rodríguez; el secretario del juzgado de Rafecas, Sebastián Ramos, y el de la Sala I de la Cámara, Sebastián Casanello. El Poder Ejecutivo envió al Senado los nombres de Martínez de Giorgi, Ramos, Casanello y Rodríguez.

El hombre de la svástica

Los tres primeros son inatacables. En cambio, Rodríguez fue impugnado por el CELS y no sólo por las sospechas de que consiguió información sobre el concurso en forma anticipada. Ex secretario del ministro de la Corte menemista Rodolfo Barra y de estrecho vínculo con los trillizos Fernández que desde la SI realizan una política judicial paralela, también fue objetado su desempeño como juez de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra: no admitió como querellante a la madre de la víctima, dilató cuanto pudo las indagatorias y detenciones de los acusados y no mostró diligencia para investigar posibles sobornos o tráfico de influencias entre imputados del caso Ferreyra, intermediarios y jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sus demoras pese a la insistencia del fiscal hicieron que se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Con las pruebas ya disponibles, el fiscal Sandro Abraldes pidió la detención del vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quien habría puesto el dinero para comprar la libertad del secretario general de la Unión Ferroviaria José Pedraza, del agente de la SI Juan José Riquelme, quien habría negociado el monto a pagar, del ex juez interino Octavio Aráoz de Lamadrid, quien hizo el contacto con la Cámara de Casación, del prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar, quien habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Según el fiscal no es posible descartar que también esos camaristas “hayan tenido participación en los hechos, sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza”. Los dos últimos ya renunciaron. Si esto no bastara para descalificar a Rodríguez, colegas suyos en tribunales e incluso miembros de su familia que pidieron reserva de su nombre, dijeron que recién al presentarse al concurso, Rodríguez sacó de su casa una colección de objetos nazis, que guardaba en un cuarto acondicionado al efecto, con una vitrina de grandes dimensiones. Incluía medallas de condecoraciones, dagas, cuchillos y libros. El juez ofreció esas posesiones comprometedoras a dos casas especializadas: Militaria Martínez, de la Galería Larreta, en Florida al 900 y la armería Miranda, de Bartolomé Mitre y Paraná. Rodríguez dejó sus tesoros en consignación y ambas casas los ofrecieron a otros conocidos coleccionistas, uno de los cuales es un arquitecto que lo confirmó para esta nota. Ante una pregunta acerca de si Rodríguez no podría ser un coleccionista interesado en todo tipo de objetos de la Segunda Guerra Mundial, las fuentes próximas al juez lo negaron: “Sólo del nazismo”.

Las amapolas de San Martín

Otra situación de equivalente gravedad se produjo en el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 1, de San Martín. En forma interina está a cargo el secretario de la Cámara de Apelaciones, Oscar Alberto Papávero, quien ha realizado las sobreactuaciones necesarias para ser postulado, pese a su poco recomendable trayectoria. En los últimos meses, rechazó un amparo para comprar dólares con un crédito hipotecario y negó el aumento del abono de Cablevisión. El currículum que Papávero presentó al Concurso 203 del Consejo de la Magistratura, indica que fue designado secretario de la fiscalía de San Martín por Juan Martín Romero Victorica, quien trabajaba junto con el entonces funcionario de la Procuración General Alfredo Bisordi en la causa Born. De allí pasó a actuar como secretario del juez Carlos Enrique Luft, cuyo nombre figura en la lista del Personal Civil de Inteligencia del Estado que el Ejército hizo pública. Por último, fue designado secretario de la Cámara Federal de San Martín. Romero Victorica y Luft llevaron a cabo una maniobra que el montonero arrepentido Rodolfo Galimberti le ofreció al ex secretario de Justicia César Arias, para apoderarse de parte del dinero que el Estado había pagado como indemnización a la familia Graiver. Aduciendo que los bienes de la familia Graiver incautados durante el gobierno militar habían sido adquiridos con fondos del rescate de los hermanos Born, el fiscal solicitó, y Luft concedió, primero un embargo y luego el secuestro de la última cuota que el Estado Nacional se había comprometido a pagar a la familia. Arias congeló los pagos y los Graiver acordaron repartir la suma pendiente, como única forma de cobrar algo. Entonces juez y fiscal tramitaron ante el Poder Ejecutivo el desbloqueo de los fondos. Pero no fueron al Tesoro Nacional, como le habían hecho creer al ingenuo Arias sino a Jorge Born, quien con los 16 millones de dólares que recibió, formó una sociedad con Galimberti. Arias denunció a Luft y dijo que se habían pagado comisiones con dineros públicos. Un grupo de organismos defensores de los derechos humanos están haciendo circular una nota consignando su preocupación. Mencionan “la falta de antecedentes académicos y jurídicos, la ausencia de publicaciones periodísticas, obras literarias o conferencias sobre temas jurídicos” de Papávero. Luego de valorar “los avances logrados para elevar jurídica, moral y humanamente el nivel de nuestra judicatura” señalan que “personajes como Papávero se mimetizan en el sistema democrático y desde las sombras resisten los cambios que la sociedad reclama para avanzar en la construcción de un país con dignidad para todos”. Agregan que del currículum de Papávero “no surge vinculación alguna y mucho menos compromiso con causas relacionadas con los derechos humanos” y que los antecedentes que consignó al concursar no pasan de una página, “referidos a tareas relativas a su cargo de Secretario y en la Superintendencia Administrativa y de capacitación del personal judicial, sin concurso”. En cambio “no hizo postgrados ni cursos universitarios o terciarios y en los que participó obtuvo un pobrísimo orden de mérito: 23 y 19”. Tampoco registra “trabajos escritos ni artículos ni obra jurídica alguna y ni se le conoce haber participado en alguna disertación jurídica”. Como juez subrogante, designado sin concurso en 2010 “demostró reticencia o ha puesto obstáculos en causas de ciudadanos extranjeros que tramitan la naturalización argentina poniendo en práctica criterios propios de la derogada ‘Ley Videla’, contradiciendo de esa manera la letra y el espíritu de la política migratoria amplia” vigente. La preocupación de los organismos se centra en los archivos de ese juzgado, donde hay “numerosas causas relacionadas con la dictadura militar”, esenciales “para las investigaciones en los juicios por delitos de lesa humanidad”. Ante una solicitud del Archivo de la Memoria, Papávero “no ha propuesto ninguna acción conservatoria de esos expedientes ni ha tomado contacto alguno con los organismos de derechos humanos”. Papávero designó como auxiliar a su hijo Sebastián y a Federico Fernández, sobrino de Javier Fernández, el hombre de Barra en la AGN, devenido en poderoso operador judicial para cualquier gobierno. Papávero se llevó como custodia personal a la novia de Federico, una mujer policía bonaerense que atiende tras de rejas, una imagen sugestiva de las contrariedades que sufre en San Martín la posibilidad de democratizar la justicia.

Bahía gris

La misma ilógica preside la propuesta como fiscal general de la Cámara Federal de Bahía Blanca de Alejandro Salvador Cantaro, en detrimento de Gabriel Darío Jarque, quien fue secretario de esa fiscalía durante la titularidad de Hugo Cañón y en la actualidad es defensor oficial. Cantaro escribió Lecciones de Derecho Penal en colaboración con Hugo Mario Sierra, detenido y suspendido como docente en la Universidad Nacional del Sur por 39 hechos considerados crímenes de lesa humanidad mientras fue secretario del destituido y prófugo juez Guillermo Federico Madueño, quien murió en la cárcel. Durante la noche Madueño planificaba con el general Adel Vilas los operativos de la represión. Sierra tomó declaración a detenidos que denunciaron torturas pero no inició acciones al respecto y en cambio dio por buenas las declaraciones autoincriminatorias que habían prestado en esas condiciones. En cambio Jarque contaba con el apoyo de Cañón y de Adolfo Pérez Esquivel, quienes destacaron su “empeñoso trabajo buscando el avance y desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y su comprometida actuación en la prevención y denuncia de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”. También aportó “antecedentes, fundamentaciones y argumentos” para que Cañón pudiera impugnar la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y de los indultos, en 1988 y 1990. Con el apartamiento de Jarque, el gobernador Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, se sacan de encima a un molesto investigador de los abusos contra personas privadas de su libertad en las cárceles bonaerenses y el gobierno nacional muestra una ligereza incongruente en su política en defensa de los derechos humanos.