María Laura Olea es secretaria de la Cámara de Casación Penal. No está de licencia, ni fuera de servicio, ni nada parecido; sin embargo, hasta esta semana ejercía simultáneamente la defensa de su padre, el general de brigada (R) Braulio Olea, y lo hacía ante el mismo tribunal donde trabaja. La situación había quedado en evidencia en diciembre del año pasado, cuando dejó lo que estaba haciendo en su despacho y apareció como si nada en una audiencia en la Sala IV para exponer la posición del represor, quien había apelado la condena a 25 años de prisión que recibió en 2008 por crímenes de lesa humanidad en Neuquén. A pesar de que se le abrió un sumario, ella siguió interviniendo como abogada: presentó pedidos de nulidad, pidió fotocopias y hasta recusó a los jueces que evaluaban el caso de su padre. La seguidilla derivó en un plenario de “superintendencia” entre los presidentes de cada sala donde el jueves último resolvieron “el cese inmediato” de su “actuación en calidad de defensora particular” ante la propia Casación “por motivos de decoro”.

Aunque en el tribunal hay quienes no descartan que Olea intente pelear la resolución de sus superiores, ya debería abandonar su papel de abogada. Lo que los camaristas todavía no resolvieron es la “prevención sumaria” que, según los resultados, podría llegar a costarle desde una sanción hasta el cargo. Por lo pronto, el debate entre los jueces que participaron del “acuerdo de superintendencia” derivó en que uno de ellos, Mariano Borinsky, llevara el tema más lejos y propusiera reformar el Reglamento para la Justicia Nacional para impedir que los funcionarios de la Justicia penal puedan actuar como abogados ante ese mismo fuero. Hoy por hoy, la norma lo permite, previa autorización, en caso de causas personales o en representación de familiares directos. Según Borinsky, esa regla podría considerarse viable en juicios sucesorios, por ejemplo, pero debería ser impensable en casos penales, más aún en el mismo tribunal donde la persona cumple funciones. Nadie se opuso, alguno asintió y el debate quedó en carpeta para el próximo acuerdo general.

En 2008, aferrándose al reglamento vigente, Olea pidió licencia para ir a ejercer la defensa de su padre militar ante un tribunal oral de Neuquén, donde se lo juzgaba junto con otros siete represores que estuvieron a cargo del centro clandestino de detención La Escuelita. Su jefe, el camarista Eduardo Riggi, de quien es estrecha colaboradora, le dio autorización. También tuvo aval de otros camaristas (Liliana Catucci, Angela Ledesma, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso). Riggi no está en un buen momento de su carrera judicial, ya que se lo investiga en la causa sobre presuntos sobornos que habrían estado destinados a conseguir la libertad de los integrantes de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra y así favorecer al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Dos ex secretarios suyos –Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Ameghino Escobar (h)– serán indagados por ese tema después de la feria.

Cuando volvió a su puesto en la Cámara de Casación, Olea no dejó de atender la causa de su padre. Así fue como se presentó en una audiencia en la Sala IV en diciembre, donde formó equipo con el abogado Gerardo Ibáñez. Nadie la cuestionó en el momento, pese a que fue una jornada de diez horas, coincidentes –además– con su horario laboral. Sin embargo, la situación no pasó inadvertida y era chocante en un momento en que el tribunal se esmeraba por demostrar ánimo de acelerar las causas de derechos humanos y eliminar trabas que entorpecen los juicios orales. Ledesma, quien por entonces presidía la Cámara, resolvió iniciar una investigación preliminar para determinar si debería ser sumariada. Un antecedente que complicaba el escenario para la secretaria era su presunta participación en un escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, impulsado por un grupo de hijos de represores (autodenominado “Hijos y Nietos de Presos Políticos”) el día que presentó en la Facultad de Derecho su libro Derechos Humanos: Justicia y Reparación.

Aun con la investigación en su contra a cuestas, en los últimos meses, Olea se ocupó de presentar recursos varios en la propia Cámara de Casación, desde pedidos de nulidad hasta una recusación contra los integrantes de la Sala VI, a cargo de revisar la condena por el juicio de La Escuelita. La recusación, por supuesta falta de imparcialidad, fue rechazada por los propios jueces (Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani) y ahora la analizan sus pares de la Sala II. Otros episodios profundizan el malestar hacia ella en el tribunal, aunque no han sido formalmente denunciados, como su presencia frecuente entre el público que va a ver las audiencias de las causas contra distintos represores. O su presunta irrupción –según narraron dos funcionarios del tribunal– en un despacho de la Sala IV, donde un empleado la habría sorprendido revisando el expediente de su padre, ante lo cual le advirtió que era secretaria de la vocalía de Riggi.

En la reunión de “superintendencia” que finalmente se hizo la semana pasada, los camaristas discutieron si la autorización a Olea como defensora había caducado, y en qué medida su desempeño en el tribunal donde se encuentra el expediente debió impulsarla a dar un paso al costado. La conclusión quedó reflejada en unas pocas líneas: “Como fruto de una amplia deliberación, por motivos de decoro, corresponde el cese inmediato de la actuación en calidad de defensora particular ante esta Cámara Federal de Casación Penal de la funcionaria María Laura Olea”. Hasta Riggi, quien evidentemente decidió despegarse, firmó el texto, junto con Borinsky, Raúl Madueño, Alejandro Slokar y Pedro David, quien preside el tribunal.

Está por verse qué pasará de aquí en adelante con la investigación sumaria –que conduce David–, que en estos siete meses no ha exhibido avances. Las resistencias al juzgamiento de los crímenes de la dictadura todavía se filtran por lugares y grietas asombrosos.