El gobierno nacional transferirá 600 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para regularizar el pago del aguinaldo para sus empleados estatales. El dinero para la transferencia provendrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses. Desde el organismo previsional explicaron a Página/12 que la operatoria se calza contra los recursos coparticipables, “de manera tal de garantizar el cobro del crédito otorgado a la provincia”. Adicionalmente, el Estado autorizó a la administración bonaerense emitir deuda por otros 900 millones de pesos, también garantizados por la Coparticipación.

La operación se realiza conforme a la tasa Badlar Privada –depósitos mayoristas– más 400 puntos básicos. La Badlar se ubica actualmente en 13,9 por ciento. De tal manera, la operatoria prevé la adquisición por parte del FGS de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires. “Esto puede darse de acuerdo con el Programa de Emisión de Letras del Tesoro provincial, previsto en el artículo 49 de la ley de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el corriente ejercicio, ampliado en 2200 millones de pesos. También puede realizarse en función del Programa de Emisión de Deuda Pública que la provincia tiene autorizado e implementado”, señalaron desde la entidad que conduce Diego Bossio. El FGS cuenta en su cartera con títulos públicos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Chaco y Misiones.

Adicionalmente, el Estado autorizó a la administración bonaerense emitir deuda por otros 900 millones de pesos, también garantizados por la Coparticipación para “cancelar obligaciones con proveedores”, según detalló el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien insistió con que los fondos recaudados a través de estos papeles permitirá “el mantenimiento de los servicios de la provincia”.

El funcionario subrayó además el hecho de que “esta es la cuarta vez que la provincia recibe asistencia en forma extraordinaria”. “A los 1000 millones de pesos transferidos a principio de año se suman 250 millones en abril y 250 millones en mayo, lo que en total hacen 2100 millones de asistencia (más los 600 millones anunciados)”, relató. Recordó también que el gobierno de Scioli se benefició del programa de desendeudamiento nacional. El Gobierno concedió en diciembre último a 17 provincias –entre ellas, Buenos Aires– un período de dos años de gracia para el pago de deudas fiscales, cuyo vencimiento operaba a fin del año pasado. “Esto le implicó a la provincia 2432 millones de pesos menos de servicios de deuda que refinanció el gobierno federal”, dijo el ministro.

También remarcó los recursos que destina el Estado nacional a la provincia de Buenos Aires. “Se traduce en los 95.000 millones de pesos que el gobierno nacional ejecuta. Parece abstracto, pero, en concreto, son 6,8 millones de bonaerenses usuarios del transporte público que son subsidiados y 2,2 millones de jubilados que reciben sus pensiones y jubilaciones a partir de los planes de la Anses”, ejemplificó. Además recibieron asistencia extraordinaria este año las provincias de Jujuy (200 millones de pesos), Río Negro (140 millones), Santa Cruz (190 millones), La Rioja (50 millones) y Catamarca (40 millones). “Esta es una política de acompañamiento del gobierno federal, que busca un solo objetivo: disminuir las asimetrías de las distintas regiones del país. Este es el entendimiento, a partir del cual el gobierno nacional ejecuta su presupuesto y toma las decisiones de las ayudas financieras extraordinarias”, agregó Lorenzino.

La decisión de girar el dinero fue comunicada ayer por Lorenzino, quien resaltó que el Estado lleva girados de manera “extraordinaria” a la provincia 2100 millones de pesos en lo que va de este año. El anuncio tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, luego de la reunión que mantuvieron Lorenzino con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y su equipo técnico para analizar la situación “presupuestaria y fiscal” de la provincia. “Con ese diagnóstico la Presidenta resolvió atender, en particular, la situación de los trabajadores estatales y la continuidad de los servicios esenciales de la provincia”, señaló Lorenzino.

El mes pasado se inició un conflicto con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires a partir de la decisión de Scioli de desdoblar el pago del aguinaldo en cuatro cuotas, debido a la falta de fondos propios. Los gremios llevaron a cabo distintos paros y movilizaciones incluso luego de que dispusiera completar el pago del medio aguinaldo antes del 15 de agosto con “recursos propios”. El miércoles pasado el Ministerio de Economía bonaerense anunció que efectivizaría el pago a partir de una emisión de bonos con vencimiento en 2014, una mayor recaudación fiscal por el revalúo inmobiliario rural aprobado en mayo y la prórroga hasta 2021 en la concesión de las salas de bingo. El aporte del Estado nacional anunciado le permitirá cumplir con el cronograma junto con el salario de julio.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó al gobierno nacional asistencia financiera nuevamente para afrontar el pago del medio aguinaldo y obligaciones con proveedores de la provincia. Por instrucción de la Presidenta recibí al gobernador Scioli y a su equipo para hacer un diagnóstico bien preciso sobre la situación y las necesidades y requerimientos de la provincia”, detalló Lorenzino al iniciar la conferencia de prensa. El encuentro se realizó por la mañana, tras lo cual Lorenzino acercó los resultados a la jefa de Estado. “Con este diagnóstico, la Presidenta autorizó, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, otorgar financiamiento de parte del Fondo de Garantías de la Anses por 600 millones de pesos”, detalló. Este crédito irá directamente al pago de los aguinaldos de la administración pública.