EL PAíS › VICTIMAS DE LA DICTADURA QUE TRABAJABAN EN EL ESTADO
La condición de “detenido-desaparecido” se registrará en el legajo laboral y en el resto de la documentación oficial de más de un centenar de empleados públicos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo a través del decreto 1199/2012 como “expresión de reparación histórica a las violaciones a los derechos humanos verificadas” entre 1976 y 1983. La medida responde a un reclamo de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que funciona a partir de una articulación entre el Ministerio de Planificación Federal y el Archivo Nacional de la Memoria.
Con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Planificación Julio De Vido y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, los nombres de 116 empleados públicos que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 figuraron en el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. Damián Abel Cabandié –padre del legislador y nieto recuperado Juan Cabandié–, Raúl Bonafini –hijo de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini– y otros empleados públicos que en sus legajos figuraban como de “baja”, “cesante”, “suspendido”, “limitar los servicios” y “despido”. Esos estados serán reemplazados por el de “detenido-desaparecido”.
El artículo 3 del decreto indica que la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá coordinar la recopilación documental respecto de los empleados que pudieran llegar a encontrarse en una situación similar a la del centenar cuyo estado será modificado a partir de la aplicación del decreto.
Por último, se invita a las entidades sindicales con ámbito de actuación en el sector público nacional y a los organismos de derechos humanos a “colaborar en la identificación de los trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, con la obtención de la documentación pertinente y demás acciones a su alcance”.
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