Había pasado un buen rato desde la apertura del juicio, cuando José Pedraza, por primera vez en la mañana, se dio vuelta hacia donde estaba sentado el público y guiñó un ojo, sonriente. Pareció que el mensaje iba dirigido hacia su mujer y su hija, que estaban al fondo. Pero fue una situación incómoda, porque quienes se encontraban en primera fila y se toparon con ese guiño fueron el hermano, las dos hermanas y el padre de Mariano Ferreyra, asesinado el 20 de octubre de 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria (UF). Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, encabezan la lista de acusados que comenzaron a ser juzgados y que también integran ocho matones y siete policías federales. Se los responsabiliza por el homicidio del joven militante del Partido Obrero (PO) y las heridas sufridas por otras personas que participaban de la misma protesta contra los despidos y la tercerización en la línea Roca. En la audiencia de ayer se les leyeron los cargos, que prevén hasta prisión perpetua, pero la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a la discusión sobre una andanada de planteos de nulidad –hasta del juicio íntegro– de parte de los abogados defensores. Algunos intentaron instalar la idea de que la investigación durante la instrucción inicial fue parcial y sesgada. En la misma jornada, el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC 21) rechazó una decena de nulidades y dijo que no veía motivos para no empezar. Hoy resolverá otra decena de cuestionamientos y luego empezarán las indagatorias.

Las primeras audiencias serán en los tribunales de Retiro, donde entran justo los treinta abogados defensores, los acusados, los seis letrados de las querellas y los damnificados, entre ellos Beatriz Rial, la mamá de Mariano; Elsa Rodríguez (baleada en la cabeza) y Nelson Aguirre (baleado en la pierna). “Yo quería estar ahí sentada, quería verles la cara”, le dijo Rial a Página/12, conmovida. “Y los vi, y sentí bronca”, suspiró. Al lugar para el público, detrás de un vidrio, la gente entraba a los codazos. Allí se mezclaron desde Martín Sabbatella, Victoria Donda, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, hasta Claudio Lozano, Vilma Ibarra, Horacio Verbitsky, Jorge Altamira, Beatriz Sarlo y la familia de Pedraza y Fernández. El TOC 21, que preside Horacio Días, hizo sacar el crucifijo del recinto y no exigió ponerse de pie al iniciar el debate.

La audiencia empezó cerca de las 11, cuando entraron los acusados esposados. Los policías, libres, habían llegado antes por su cuenta. El clima lo marcaron los comentarios socarrones del juez Días (ver aparte) y sus chispazos con los defensores y con la fiscal María Luz Jalbert, quien a poco de comenzar se quejó de que las querellas hablaron antes que ella sobre las nulidades. “Debí haber sido la primera”, gruñó.

La lectura de las acusaciones aportó un repaso de aquel día en que un grupo de trabajadores tercerizados del Roca, junto con el PO y otras organizaciones, fue a protestar a la estación Avellaneda. Iban a cortar las vías, pero la presencia de la patota los disuadió. El ataque se produjo cuando se retiraban. El barrabrava Cristian “Harry” Favale, ajeno a la UF, y el guarda Gabriel Sánchez están acusados de haber disparado. El portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas. Al delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como reclutador, y Pablo Díaz, secretario de Reclamos del gremio, como el coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Gallego Fernández, quien estaba en la sede de la UF con Pedraza. La acusación concluye que hubo un “plan criminal” para “aleccionar” a los tercerizados. Atribuye a Pedraza y Fernández una motivación política, ya que el ingreso de esa masa de trabajadores amenazaba su hegemonía en la UF, que a su vez les permitía mantener sus negocios. Las imputaciones por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.

A los policías se los acusa de haber liberado la zona para que actuara la patota. La acusación hasta menciona el llamado de un cabo al 911 pidiendo refuerzos por la falta de acción de los otros policías que estaban en Barracas. Los acusados son los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla, Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti, los subcomisarios Luis Alberto Echevarría y César Garay y el camarógrafo policial David Villalba. Usaron, dice la imputación, teléfonos que no registran el contenido de las llamadas, tardaron en dar aviso a la Justicia, cortaron la filmación ante los disparos y dejaron ir a los agresores. La fiscalía los acusó por abandono de persona seguido de muerte, pero las querellas como partícipes del homicidio, lo que generó un fuerte debate.

Luego se debatieron cerca de veinte planteos de nulidad con que los defensores intentan dilatar el proceso. El defensor oficial Claudio Armando (de Pipitó) dijo que la instrucción fue “incompleta” porque nunca se investigó la tentativa de corte de vías de los tercerizados. A pesar de que el TOC 21 rechazó esa denuncia por innecesaria, más tarde, Alejandro Freeland (letrado de Fernández) se referiría a los manifestantes como “gente que va como hordas por la calle”, con “armas, palos y gomeras”, y se sumaría con un reclamo de nulidad absoluta de la elevación a juicio. “¿Me perdí algo y ya estamos en los alegatos?”, ironizó la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), de la querella de los heridos. Al rechazar los planteos, se preguntó por qué ante crímenes políticos “siempre tenemos que dar explicaciones de lo que hacen las víctimas”. Tampoco hubo denuncia penal contra ellos, aclaró. El abogado Maximiliano Medina, del CELS (querella de la familia), dijo que Mariano no formaba parte de ninguna “horda” y coincidió con la fiscal en que el hecho ya fue descripto.

El abogado de Pedraza, Carlos Froment, también pidió la nulidad de todo al decir que detrás de una foja habían encontrado anotaciones a mano, en teoría de la fiscalía de instrucción, que decía que “mientras no se desbaraten los negocios de Pedraza y Fernández no van a declarar”. “Se direccionó el proceso hacia Pedraza, no se buscaba esclarecer el hecho”, sentenció. Tanto Jalbert como las querellas dijeron que eran solo papeles de trabajo. El TOC llegó a rechazar una decena de cuestiones clave, entre ellas un pedido de nulidad de las escuchas y otro de la elevación a juicio (porque aún tramita una recusación contra los jueces). Pedraza se despidió de su familia haciendo la “V” con la mano.