A preparar los ansiolíticos: por cuarto día consecutivo, la ciudad de Buenos Aires no tendrá subtes. Los trabajadores de las seis líneas y el Premetro extendieron el paro por 24 horas más. Así lo anunciaron anoche al salir del despacho de la jueza porteña Patricia López Vergara, donde durante más de siete horas trataron de encontrar con los representantes de la empresa Metrovías y del Gobierno de la Ciudad una fórmula para que la paritaria de 2012, trabada desde que el macrismo le devolvió los subtes a la Nación, se pueda hacer. No la encontraron. En la audiencia, previsiblemente, el gobierno porteño volvió a rechazar hacerse cargo de los subtes. La novedad la puso Metrovías, que se quejó de que el aumento del boleto dispuesto por Mauricio Macri para mejorar la recaudación de la empresa en realidad terminó perjudicándola: desde que viajar en subte es más caro, la cantidad de pasajeros que usan el servicio bajó drásticamente. Salvo en las horas pico, todo el mundo se pasó al colectivo. Esto agravó el déficit de la concesionaria.

Aunque no se llegó a un acuerdo, la negociación no fue dada por fracasada. La jueza, que intervino por un pedido de amparo presentado por la legisladora porteña María José Lubertino, convocó a una nueva audiencia para esta tarde, a partir de las 14. Le pidió a la Asociación Gremial del Subte y el Premetro (AGTSyP) que elija tres puntos de la lista de 40 reclamos que hace a Metrovías y a la empresa que revise sus números para acercar posiciones.

También deberá volver a presentarse el representante enviado por el gobierno porteño, que mandó al procurador Julio Conte Grand. En representación del gobierno nacional, la jueza citó para hoy al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. A la audiencia de ayer había sido convocado Julio De Vido, pero el ministro de Planificación mandó un escrito aclarando que la competencia no le correspondía a él, sino a Randazzo.

La razón del paro es que la paritaria del subte está vencida desde marzo. La Asociación Gremial pide el inicio de esa negociación y un aumento del 28 por ciento, junto con otros reclamos salariales, como un 2 por ciento en concepto de antigüedad y cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo, como una mayor inversión en el mantenimiento de los trenes.

La discusión salarial tiene que hacerse con la empresa, pero Metrovías señala que por contrato de la concesión cualquier aumento en sus costos por encima del 6 por ciento le da derecho a pedir una compensación a través de subsidios o de aumento de la tarifa; por esto es necesaria la presencia del Gobierno en la negociación. Como es sabido, la pelea entre el gobierno nacional y el macrismo sobre el traspaso de la red de la Nación a la Ciudad está lejos de resolverse.

En mayo, después de una serie de paros que colapsaron la Ciudad, el Ministerio de Trabajo logró un acuerdo transitorio por el cual Metrovías pagó a los trabajadores una suma fija de 900 pesos, con el compromiso de retomar las negociaciones en agosto, cuando se suponía que el traspaso del subte podría estar encaminado. Pero esto no sucedió, y el plazo del acuerdo está nuevamente vencido. Así se llegó de nuevo a los paros.

A puro cruce

Con la Ciudad colapsada, Macri anunció la implementación de un servicio de colectivos escolares para paliar los efectos de la medida de fuerza (ver página 2). El jefe de Gobierno porteño insistió en su argumento: dijo que tiene “la vocación de querer hacerse cargo” de los subtes, pero si el gobierno nacional no pone mil millones de pesos, no podrá, porque a la Ciudad no le alcanzan los fondos.

“Si la Ciudad tuviera que hacerse cargo de ese gasto corriente, como nuestro presupuesto ya está asignado y no nos sobra nada, mil millones equivaldrían a cerrar todos los jardines de infantes de la Ciudad o todos los centros de salud o un tercio de los hospitales”, advirtió.

También dijo sentir que desde el gobierno nacional “siempre hay un castigo”. Y cargó contra la Asociación Gremial, diferenciándola de la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato que suspendió el paro. “La UTA ha tenido una actitud responsable levantando el paro y los metrodelegados, que hacen política a costa de la gente, no lo han hecho. Ellos tienen una responsabilidad y es que el subte, que es un servicio público, siga funcionando.”

En la misma línea, el jefe de Gabinete porteño, Horario Rodríguez Larreta, llamó a una rueda de prensa en la que descargó responsabilidades sobre la Casa Rosada. “El gobierno nacional dice muchas cosas, también dicen que no hay inflación”, pero “la única verdad es que no hay un acuerdo de transferencia”, sostuvo.

Desde el kirchnerismo las declaraciones fueron contestadas por el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que aseguró que Macri tiene una actitud “caprichosa” porque “hay una ley” votada por el Congreso nacional que determinó el traspaso “y un acta firmada”.

Otro que salió a responderle a Macri fue Néstor Segovia, secretario adjunto de la AGTSyP. El dirigente acusó a Macri de “no buscar un diálogo con los trabajadores” y de “buscar una alternativa tan infantil como la de poner colectivos escolares, en vez de solucionar un problema de fondo que son los subtes”. “Sinceramente, lo hago responsable hoy más que nunca al señor Macri de las medidas que vamos a seguir haciendo”, concluyó.

Más déficit

El escenario de la negociación actual –un juzgado– tiene bastante de insólito. Ahí no puede discutirse la paritaria, pero se trata de ver si se pueden crear las condiciones para que se realice. El Ministerio de Trabajo de la Nación intervino en mayo, cuando se llegó al acuerdo por la suma fija de 900 pesos que postergó el conflicto hasta agosto, pero una vez vencido ese acuerdo planteó que la paritaria era un tema de la Ciudad, que debía ser discutido por lo tanto en la Secretaría de Trabajo porteña. Los metrodelegados se presentaron en la secretaría, que como toda respuesta los invitó a inscribirse para ser parte de un listado de gremios reconocidos por el gobierno porteño. Así las cosas, el sindicato recurrió a la legisladora María José Lubertino, que presentó un pedido de amparo a la Justicia.

La legisladora porteña participó en la audiencia de ayer. “La intención del pedido de amparo es que la jueza ordene la reanudación de la paritaria, pero lo tiene que hacer con alguna solución al problema financiero que se plantea, porque el macrismo no quiere tocar los fondos que la Nación le está mandando para el subte”, explicó.

Lubertino se dijo sorprendida por los números que llevó la empresa, que aseguró tener un déficit financiero de 230 millones generados porque la Ciudad retiene ese fondo fiduciario y porque el aumento –“ilegal y sin audiencia pública”, recordó la legisladora– que impuso Macri al boleto del subte le generó a Metrovías una pérdida mayor. “De treinta millones que se suponía iba a recaudar por mes, sólo llega a 23”, contó Lubertino. “Esto demuestra que el aumento de Macri es ridículo y producto de la falta de planificación, porque no se puede tomar una medida así, sin cotejar con lo que pasa con los otros medios de transporte. Si los colectivos no aumentaron, es lógico que la gente los prefiera al subte.”