La candidata a procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, superó con éxito la audiencia pública realizada ayer en el Senado, el último y más importante paso para reemplazar en el cargo a Esteban Righi. Con el acompañamiento de la oposición, el oficialismo obtuvo dictamen y se espera un tratamiento favorable en el recinto el miércoles de la semana próxima. Desde la oposición reconocieron solidez técnica por parte de Gils Carbó, en contraste con el anterior postulante, el titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo. Desde el Frente Amplio Progresista y la UCR anticiparon su voto a favor. En su exposición, la candidata detalló que casi la mitad de los procuradores generales desde 1863 a la fecha no fueron especialistas en derecho penal, refutando uno de los cuestionamientos que había recibido por sus conocimientos en la materia.

Cerca de las 11, la Comisión de Acuerdos dio inicio a la audiencia pública, que duró casi seis horas. Luego de la lectura del currículum y de las cinco impugnaciones presentadas, Gils Carbó arrancó su exposición relatando su trayectoria profesional que culmina en su actual tarea como fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, cargo en el que lleva más de 10 años. Si bien había manifestado en privado ciertos nervios previos a su presentación, replicó con solvencia los requerimientos de la oposición. En respuesta a los planteos del Colegio de Abogados de la Capital Federal y de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático señaló que en su carrera se había interiorizado en conocimientos propios del derecho penal y agregó que el derecho no se trata de “compartimientos estancos”.

El senador radical Gerardo Morales retomó la cuestión de las salidas de presos para actividades culturales y le preguntó por la aparición del ex baterista de Callejeros Eduardo Vásquez en un local de la agrupación Vatayón Militante. Gils Carbó aclaró que no conocía en detalle el caso, que Vásquez no tiene sentencia definitiva y que tenía autorización judicial. Sin embargo, consideró que hubo “un error de oportunidad” teniendo en cuenta las características del caso, que había servido de impulso para la incorporación de la figura de femicidio en el Código Penal. “No es bueno generar en la ciudadanía un descreimiento tan grande al ver a esta persona condenada y a los 20 días liberada por razones que habría que examinar sin son las prioritarias”, completó.

El senador Ernesto Sanz la interrogó respecto de su independencia del Poder Ejecutivo. Gils Carbó le replicó que la independencia del ministerio público no surge sólo de la Constitución Nacional, sino también de una “actitud ética”. A modo de ejemplo citó dos situaciones puntuales, donde fue a contramano del Gobierno. Una en 2004, cuando junto al ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido realizó una denuncia penal por estafa contra la cúpula del Banco Nación. La involucrada era la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli. Otro en 2007, cuando se opuso a la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que había sido avalada por el ex presidente Néstor Kirchner.

Otro punto saliente de la audiencia fue cuando varios senadores le preguntaron por la lucha contra la corrupción y recordaron la resolución 147 del ex procurador, Esteban Righi, que limitó las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y desencadenó la renuncia de Garrido. Gils Carbó había calificado como “positiva” la gestión de Righi, aunque en este punto se comprometió a “dictar la reglamentación que sea necesaria para reforzar la actuación” de la FIA. Remarcó, de todas maneras, la complejidad de la intervención de dos fiscales en una misma causa, lo que requiere un esfuerzo de coordinación.

Respecto de los juicios que se llevan adelante contra la Anses por el pago de jubilaciones sostuvo que “si hay un compromiso del Estado” en cuanto a no apelar las sentencias “la fiscalía debería reforzar este compromiso”. A diferencia de Reposo, Gils Carbó se manifestó a favor del fallo de la Corte Suprema respecto de la no judicialización del aborto no punible.

Unos tres senadores quedaron insatisfechos con las respuestas que fue dando Gils Carbó: la radical mendocina Laura Montero, que pretendía obtener una posición respecto de las estadísticas del Indec; su correligionario Mario Cimadevilla, que le requirió su opinión sobre la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y por último María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, que le hizo un planteo vinculado con la ex Ciccone Calcográfica. En algunos casos la candidata se excusó de opinar dada su función como fiscal o su falta de conocimiento sobre el caso particular.

Con un solo intervalo para que la candidata pasara al toilette, la audiencia transcurrió con normalidad y sin sobresaltos. A diferencia de Reposo, que vio naufragar su candidatura después de este mismo trámite, Gils Carbó salió fortalecida del Salón Azul del Senado. El FpV, la UCR y el FAP ya manifestaron su voto a favor, con lo que quedaban garantizados los dos tercios necesarios para su designación. Desde el Peronismo Federal también manifestaron un eventual acompañamiento. Sólo algunos senadores aislados podrían votar en contra. Una de ellas es Estenssoro, que manifestó sus dudas al respecto aunque por motivos diferentes a los esgrimidos por Elisa Carrió, quien había acusado a la fiscal de ser una “fanática”.