El fiscal federal Jorge Di Lello desestimó una denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y su antecesor Aníbal Fernández, que pedía que se los investigue por “una mora en la devolución” de fondos destinados a las obras sociales. El reproche estaba vinculado con el dinero que manejaba hasta hace poco la disuelta Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, para ser aplicado a tratamientos de alta complejidad, y que según el abogado Jorge Vitale era retenido en lugar de ser girado a los servicios de salud de los gremios. Basándose en publicaciones periodísticas, que a su vez tomaban el reclamo de Hugo Moyano, el denunciante decía que por mes se recaudarían 2600 millones de pesos y que el Estado se quedaría con 520 millones, lo que al año implican 6240 millones de pesos. Para el fiscal, no hay motivos para abrir una investigación penal. “No se ha acreditado que esa retención aparezca como constitutiva de un comportamiento penalmente reprobable, pues la labor se desarrolló sin duda dentro del ámbito administrativo, donde las circunstancias de modo, calidad y periodicidad en el flujo de los fondos recibidos y depositados no constituyen “per se” una conducta con trascendencia en campo penal, cuando el derecho resuelve esos conflictos en una instancia revisora lejos del derecho penal”, dijo Di Lello en su presentación ante el juez Ariel Lijo. También señaló que la denuncia luce “como una cuestión política” y no contiene “elementos razonables que habiliten la investigación de la comisión de un delito”. Moyano, que planeaba una denuncia propia por el mismo asunto, tendrá que ingeniárselas ahora para argumentar.