Hugo Condorí es el único dirigente gremial de la empresa Ledesma que sobrevivió a la dictadura. Era el presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio cuando fue secuestrado, en 1975. Hace pocos días dio su testimonio durante cuatro horas en la causa que investiga la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez, con quien había trabajado cuando era asesor de salud del gremio. Junto al vicepresidente de la obra social, el desaparecido Jorge Weisz, ejercían el control del cumplimiento de la Ley de Salubridad, un asunto que considera clave para entender la impunidad con que se manejan los Blaquier desde hace décadas. Condorí –que aún no se jubiló, está casado, tiene seis hijos, 25 nietos y dos bisnietos– hoy lucha por conseguir una indemnización desde la Asociación de Ex Presos Políticos. Y planea impulsar candidaturas para las próximas elecciones desde el Partido Solidario, que preside a nivel provincial. “Hubo 30 mil desaparecidos que querían un país mejor, que soñaban con un proyecto de independencia económica; hoy está cambiando el país grande, que es América latina, por eso trato de ser un orientador y facilitador con los jóvenes”, dice.

El Colla, como lo llaman, vende productos argentinos en la zona de la frontera con Bolivia, pero ahora no puede viajar porque le pusieron custodia, luego del intento de secuestro de uno de sus nietos, el 16 de junio, cuando salía del colegio. “Se estaba escapando y él gritaba y pataleaba, pero Dios le hizo una zancadilla al secuestrador y cuando se cayó, la criatura salió corriendo”, describe. “Le costó superarlo, ahora sólo duerme si está con la madre”, agrega. Pidió una investigación profunda sobre este incidente, que sucedió apenas comenzaban a reactivarse las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Jujuy. Pero sólo se hizo una cámara Gesell que determinó que el niño no fabuló.

Tras su secuestro, Condorí estuvo seis meses detenido en el penal de Gorriti, donde también estaba alojado Arédez y otros sindicalistas y empleados del ingenio. Ante las preguntas de la querella y la defensa de Blaquier, recordó el relato que le había hecho el ex intendente de Ledesma sobre su primer secuestro, el 24 de marzo de 1976. “Habían ido a su casa a las 3 de la mañana, en un vehículo de Ledesma, y con un chofer, Juan de la Cruz Kairuz, que era policía y empleado de los Blaquier como director técnico del Club Atlético Ledesma”, dice.

“La Ley de Servicio Médico Asistencial obligaba a todas las empresas a cubrir a sus trabajadores, y otra ley les exigía otorgarles una vivienda. Teníamos que controlar el cumplimiento de las dos normas”, dice respecto del rol del sindicato. Arédez había sido cesanteado de Ledesma porque no lo autorizaban a ampliar un vademécum de sólo doce medicamentos. “Para los Blaquier no había que darles otros remedios, y menos si eran caros, porque entendían que los obreros se hacían los enfermos para no ir a trabajar, entonces lo acusaron de tener una actitud demagógica con el personal. Pero Arédez decía que había jurado preservar la vida de sus pacientes, decía que era hijo de obreros y conocía la ley que les daba derecho a la salud”, explica Condorí. “En esa época Ledesma tenía más de 18 mil trabajadores, entre zafreros, transitorios y permanentes, pero jamás hubo 18 mil casas.” Y vuelve a su propia historia. “En 1975 nos intervinieron el sindicato, y caímos unos 30. Sacaron del hospital a mi papá recién operado para exigirle que me entregara. Mi madre fue a la comisaría a rogarle al comisario que no me siguieran torturando. Me liberaron si prometía irme, y me fui a San Salvador, donde aún vivo.”

Sobre la campaña mediática de Ledesma en la que desmiente las acusaciones sobre su responsabilidad en los secuestros de la Noche del Apagón y de Arédez, Condorí responde que “esto no es un problema de los Arédez o los Condorí, los 30 mil habitantes de Libertador saben cuál fue el comportamiento de la empresa. La apoyatura de transporte es sólo una parte, es lo mismo que se dijo en la causa de El Aguilar, a gendarmes, militares y policías les daban comida y alojamiento en un hotel que era de su propiedad. Ahí también dormían los inspectores del Ministerio de Trabajo cuando venían por nuestras denuncias, se imagina qué iban a controlar después. Los sindicalistas, y personas como Arédez, éramos un obstáculo para la empresa. El incumplimiento de esas leyes que mencioné implicaba que se quedaban con el 12,5 por ciento del salario del trabajador, que formaba parte del precio primario del azúcar, que era uniforme y autorizado por el gobierno. Ellos daban algo de esos servicios, pero no gastaban más del 2 o 3 por ciento, el resto iba a sus bolsillos, un fangote de dinero”, dice. “Nuestra detención fue pagada con los mismos bonos que la empresa compra para pagar los impuestos o retenciones de IVA. No sólo nos amasijaron a palos, sino que hicieron negocio con nosotros, en la época de Menem. Por eso hoy pedimos un resarcimiento, hay un proyecto de ley para ampliar a todo el país el que se otorga en Buenos Aires. Fuimos perseguidos, nos tuvieron que mantener hijos y nietos porque cuando pudimos volver a trabajar ya estábamos viejos. Llevamos en el cuerpo las huellas de la tortura y los recuerdos espeluznantes de los padecimientos de tantos compañeros, podemos hablar sobre justicia y reparación”, resume.

–El incidente con su nieto, luego el del auto de Blaquier, ahora la campaña de miedo respecto de abandonar el pueblo, ¿es la forma en que Ledesma da batalla para impedir el cambio que empezó a darse?

–Son las mismas prácticas que antes, según los habitantes del lugar, se iría a Brasil porque nosotros la estamos atacando para destruirla, y con la desocupación que hay, la gente se desespera, ahí casi todos dependen de la empresa. Hoy el clima es de intranquilidad. Y el día que fue al juzgado yo estaba, lo de los golpes fue una cuestión armada, el juez vio con claridad lo que ocurrió. Esperamos 36 años, una lucha permanente de gente que se va muriendo con la esperanza de que les digan dónde está su hijo, su nieto o su marido. No vamos a ir ahora a apedrearle el auto, es carente de toda lógica. Pero alguien que guarda documentos que lo vinculan con terribles delitos se maneja con esta impunidad, pensó que nunca lo iban a tocar. El anterior juez pedía que le hicieran una cárcel para avanzar en estas causas, una tomada de pelo. Ahora con (el fiscal Jorge) Auat, y los organismos estamos en otra realidad. Pero para consolidarla necesitamos que toda la sociedad comprenda que ellos fueron parte de la destrucción del país, el apoyo político y garantías por parte del Estado nacional y provincial para que la gente vea que la Justicia funciona y nadie puede quedar excluido.

–¿Cuál cree que es el clima dentro de la fábrica ante la situación judicial que atraviesa el patrón?

–Hay un cambio, que incluso se refleja en la nueva conducción del sindicato. Hay expectativa y por supuesto que algún miedo deben tener. Pero si prevalece la justicia vamos a estar todos tranquilos.