La expropiación de la ex Ciccone Calcográfica avanzó ayer varios casilleros. El kirchnerismo logró emitir dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, anticipando un tratamiento favorable el jueves de la próxima semana. La resistencia estuvo encabezada por la UCR y tres integrantes del FAP, que lo consideraron una maniobra para ocultar un “escándalo de corrupción” y reclamaron la presencia del interventor y ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y del ex director de Compañía de Valores Sudamericana, Alejandro Vandenbroele, entre otros. El cordobés Luis Juez y los peronistas disidentes adelantaron que, en virtud de los proyectos de expropiación que ya habían presentado, acompañarán la medida del Poder Ejecutivo.

“El objetivo de este proyecto es recuperar las capacidades indelegables e insustituibles de la producción de moneda nacional”, arrancó el senador Aníbal Fernández, quien se encargó de defender el proyecto. El ex jefe de Gabinete cuestionó el “proceso de desguace” de la Casa de Moneda durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y remarcó que la ex Ciccone es la única empresa en condiciones técnicas de fabricar billetes que podía ser contratada por la Casa de Moneda.

Respecto del proceso de expropiación aseguró que el pago será fijado por el Tribunal de Tasación y que será resultado de los pasivos y activos de CVS. En este sentido, afirmó que la empresa le debe 250 millones de pesos a la AFIP. Por otra parte, desde el oficialismo cuestionaron la actitud del juez en lo Comercial, Javier Cosentino, que le otorgó el alquiler de la empresa a Boldt, vinculada al negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. “¿Cómo le puede dar a una empresa que fabrica fichas de casino el control de esta empresa? Es inexplicable”, remató Fernández, que el miércoles se reunió con la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, para interiorizarse en el tema. La funcionaria le aclaró que, según el contrato entre la Casa de Moneda y CVS, es el personal técnico del Estado el que está a cargo de la producción de papel moneda y no los de la CVS.

Ante la mirada inmutable de los senadores oficialistas, el bloque radical, en la voz de Ernesto Sanz, argumentó su rechazo. “Nuestra decisión política es estar todo lo más lejos posible de este proyecto”, señaló vehemente el senador mendocino, quien diferenció esta iniciativa de las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF. “No hay nada de información, no podemos avanzar si no conocemos ni los más mínimos detalles”, señaló y agregó: “Causa estupor leer que un ignoto funcionario (por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino) dice que hay un plan sistemático para desguazar la Casa de Moneda. ¿En 9 años no se dieron cuenta?” La UCR reclamó saber quién es el propietario de la CVS, su patrimonio, sus deudas, los contratos vigentes y su personal.

“Todos queremos saber quiénes son los dueños, pero para eso hay que meterse adentro”, le replicó Aníbal Fernández. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, también le salió al cruce: “Quiero creer que la vehemencia del senador no se debe al título del diario Clarín”, le disparó Fuentes y leyó un tramo de la nota publicada por ese matutino, la que calificó como una “latente amenaza” del multimedio hacia los opositores.

Fue el jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff, quien aludió a supuestos vínculos del vicepresidente Amado Boudou con Vandenbroele. “El Gobierno ha elegido el camino de la trampa y el engaño. Tiene razones ocultas que tienen que ver con un escandaloso caso de corrupción que involucra a Ciccone y Boudou”, sentenció.

La respuesta no llegó sólo del oficialismo. Desde la propia oposición afirmaron que la expropiación no tendrá consecuencias sobre la causa judicial. “Esta es una solución práctica que de ninguna manera es una ley olvido para que la Justicia no investigue lo que ha pasado”, sostuvo el peronista disidente Juan Carlos Romero, férreo opositor al kirchnerismo. Romero presentó en mayo un proyecto similar junto a sus compañeros Sonia Escudero y Adolfo Rodríguez Saá. Un planteo parecido realizó el cordobés Luis Juez, que en abril presentó otro proyecto de expropiación. “Ahora resulta que yo me tengo que correr para no quedar pegado al Gobierno, para no quedar sospechado”, denunció Juez, quien reconoció sentirse “incómodo” por compartir las palabras de los radicales y sus compañeros de bancada en el FAP. Sin embargo, concluyó con una pregunta: “¿Porque hoy el proyecto lo presenta el Ejecutivo vamos a permitir que impriman billetes empresarios a los que no les conocemos la cara?”.

Los otros integrantes del FAP, Rubén Giustiniani, Jaime Linares y Norma Morandini, se manifestaron en contra de la expropiación. “¿Cuál es el apuro para aprobar este proyecto cuando el Gobierno ya intervino la empresa y el ministro de Economía estará al frente de esta intervención durante los próximos 60 días?”, planteó Giustiniani y reclamó la presencia de funcionarios para otorgarle “más transparencia” al proceso.

El titular del bloque del FpV acusó a la UCR de buscar un rédito político. “Conocemos el esfuerzo de la UCR para sobreactuar cosas que ni siquiera están en la causa judicial. Ninguno de los dos (Boudou y Ricardo Echegaray) están imputados”, dijo Miguel Angel Pichetto.

En este contexto, el oficialismo cuenta con 33 votos propios, cuatro aliados estables y el acompañamiento extra de Samuel Cabanchik, Juez, Romero, Escudero, Rodríguez Saá y su compañera Liliana Negre de Alonso. En la sesión, prevista para el próximo jueves, tendría entonces garantizado unos 42 senadores a favor de la expropiación. Desde el oficialismo deslizaron que podrían tratarlo temprano para que ese mismo día la Cámara de Diputados emita dictamen y se convierta en ley en unos quince días.