El paro en los subterráneos no afecta a un argentino genérico o a una argentinidad simbólica. Los que sufren el paro son porteños, habitantes de la ciudad, sufren con el tránsito embotellado, con trabajadores que no llegan a sus trabajos, toda la actividad económica se altera, lo cotidiano se complica. Sería endiabladamente difícil convencer a un rosarino que el Monumento a la Bandera es de la Nación y lo mismo a riojanos y sanjuaninos con el Valle de la Luna. Por eso, hay que reconocérselo: Macri eligió el camino más peliagudo porque los subterráneos están en la idiosincrasia porteña, en su poesía y en la forma de pensar. Sería como decir que el Obelisco o la calle Corrientes son de la Nación. La suya ha sido una infructuosa tarea porque cada cosa que suceda en cualquiera de esos lugares afecta la vida de los porteños en sutilezas y en lo macro.

Aun cuando Macri tuviera toda la razón del mundo, los afectados son los porteños, o sea, habitantes de una parte de la Argentina que tiene un gobierno que fue elegido para resolver los problemas específicos de ese lugar. La injerencia del gobierno nacional no se discute, pero los problemas concretos de una provincia los tiene que resolver el gobierno que fue elegido para esa función. Si los porteños son afectados, entonces el Gobierno de la Ciudad no se puede hacer el opa.

Sin embargo, el jefe de Gobierno dice que los subterráneos son de la Nación. Que el problema no le incumbe. Que se haga cargo otro. El eco de esa frase dice que no quiere gobernar, aunque él quiera decir otra cosa. Eso es lo que llega a la gente. Podría hacer o decir cualquier cosa, si no dejara de gobernar. Pero no importa lo que diga ni cuáles son sus argumentos –incluso si tuviera razón–, si deja de hacerlo. Un gobernante que no quiere gobernar es un sinsentido.

Macri tiene a su favor a dos potencias. La primera es la cobertura de la mayoría de los principales periodistas de los grandes medios. Y la otra es que en la ciudad de Buenos Aires hay mucha gente que se inclina por responsabilizar al gobierno nacional de todo lo que ocurra, desde las inundaciones hasta las baldosas flojas. Estas dos fuerzas se interalimentan en la medida que la percepción de la realidad se aproxima a sus propias imágenes de ella. Pero cuando van a contrapelo, esa conjunción se esmerila, se agrieta y no se desmorona, pero deja al descubierto algunos puntos vulnerables.

Ese muro de contención funcionó al principio. A una parte de la opinión pública le pareció simpático el desaire a la Rosada, pero a medida que empezó a percibirse esa negativa como una forma de eludir una responsabilidad, comenzó a tomar cuerpo detrás de esa actitud, inicialmente simpática, un gobierno que percibe los problemas que aquejan a sus ciudadanos pero se resiste a solucionarlos porque alega que no le corresponde, que los tiene que solucionar otro. En ese transcurso, lo que al principio pudo haber logrado respaldo se transformó en un punto vulnerable. Es un punto que desbordó esa especie de barricada protectora urdida por el sentido común granmediático y la opinión pública porteña antikirchnerista. Lo desborda la presión ciudadana que genera el problema sin resolver y siete días de paro enloquecedor. Ya antes del paro, los principales actores habían comenzado a reclamar el compromiso del gobierno porteño. Así, la empresa Metrovías –que no son enemigos de Macri– reclamó su intervención. Los trabajadores, tanto los metrodelegados como los de UTA, hicieron lo mismo. Y finalmente ese reclamo provino de la Justicia.

Discutir a esta altura la jurisdicción de los subterráneos en términos teóricos o legales ya ni tiene sentido. En ese plano Macri se esforzó y no pudo instalar la idea de una jurisdicción nacional. Por el contrario, el problema afecta a los ciudadanos porteños lo cual termina siendo decisivo y, aunque muchos detesten al gobierno nacional, quieren que el gobierno porteño le encuentre una solución. Si es su gobierno, les tiene que resolver sus problemas, es lógico. Macri estiró el tema todo lo que pudo, pero finalmente el consenso más extendido es que la Ciudad tiene que intervenir y, por lo tanto, es jurisdicción de la Ciudad más allá de cualquier discusión técnica.

Cuando los diferentes actores se fueron sumando al reclamo para que el Gobierno de la Ciudad asuma su responsabilidad, Macri se declaró víctima de una conspiración impulsada por la Nación a través de los trabajadores de los subtes e inclusive de la empresa, pero al reclamo ya no le importa quién es el que tiene la culpa, quiere que su gobierno le encuentre una solución. Y si la culpa la tiene el gobierno nacional, quiere que el Gobierno de la Ciudad encuentre la forma de hacerlo entrar en caja.

Es tan evidente este reclamo, que desde los medios favorables al macrismo se hizo correr la versión de negociaciones secretas y muy avanzadas entre el ministro de Gobierno de la Ciudad, Emilio Monzó y el ministro Florencio Randazzo, que habrían sido abortadas por Metrovías. Pero el jueves, cuando la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad debió decretar la conciliación obligatoria en el subte, presionada por una decisión judicial, al primero que atacó Macri fue a Randazzo que era el supuesto contacto negociador. Además dijo que la administración de la Ciudad no rechazaba hacerse cargo del subte pero que no lo iba a hacer con una empresa quebrada y una deuda de diez mil o quince mil millones de pesos en obras. Aseguró también que la falta de disposición para el diálogo desde la Casa Rosada impedía además cualquier negociación.

Además de tratar al ministro Florencio Randazzo de pobre tipo, había acusado al gobierno nacional por los 51 muertos de Once, por la inflación, por la inseguridad y por otras catástrofes, o sea, no parecía precisamente una persona que estuviera interesada en crear un clima de diálogo con el gobierno nacional al que en ese momento le cuestionaba su poca disposición al mismo.

Sin darse cuenta, los dos argumentos que utilizó aparecen como un reconocimiento de debilidad de gestión, porque la relación con el gobierno nacional y el manejo de una crisis económica es capacidad de gestión, son casi las dos tareas más importantes de una gestión provincial. Si no puede sobrellevar ninguna de esas dos funciones es como si estuviera aceptando una incapacidad de raíz. Puede decir que esos son problemas, que lo obstaculizan, que lo quieren destruir. Puede dibujar el problema que se le ocurra mientras lo solucione. Si los presenta para explicar su pasividad, los argumentos se transforman en excusas ante los ciudadanos.

Incluso la deuda de diez mil o quince mil millones de pesos a la que exageradamente aludió el jefe de Gobierno porteño (“nos quieren endosar una empresa quebrada”), no es una deuda por obras que se hicieron y no se pagaron, sino por las supuestas obras que habría que hacer en los próximos diez años. O sea que dependerá también de cómo se gestione ese dinero y esas obras. No hay una empresa quebrada ni mucho menos. Será un ejemplo trillado, pero mucho peor que la de los subtes era la situación de todo el país cuando asumió Néstor Kirchner.

Acusar al gobierno nacional de no tener disposición al diálogo, en una conferencia de prensa donde lo más que hizo fue atacarlo, lo que logró fue poner en evidencia su todavía menor disposición. Y en su caso es más grave porque tendría que ser el más interesado.

Se trata de una contradicción que Macri no ha podido resolver. Desde que se bajó de la candidatura presidencial para las elecciones del 2011, el jefe de Gobierno de la Ciudad comenzó su campaña para las presidenciales del 2015. Es el único que se ha instalado abiertamente en ese lugar, aún más que el socialista Hermes Binner. Su principal recurso para aparecer como el gran competidor-interlocutor desde la oposición ha sido la confrontación permanente con el gobierno nacional. El eje de su campaña se basa en ese antagonismo. Pero al mismo tiempo tiene que gobernar su distrito durante tres años más y el que transcurrió ya fue muy difícil en el contexto de esa guerra sin cuartel con la Casa Rosada. Si está en campaña y el eje de la misma es su enfrentamiento con el gobierno nacional, y cuando para gobernar bien necesita un buen clima con la Nación, resulta evidente que esa ecuación termina muy desbalanceada en el caso del macrismo. Si se opta permanentemente por romper puentes con el gobierno nacional, se estará obstaculizando todas las acciones (que son muchas) que requieran de su colaboración. Todos tienen derecho de aspirar a la carrera presidencial, pero en esos términos, Macri priorizó su campaña para el 2015 por encima de la tarea concreta de gobernar la ciudad para la que fue reelecto en el 2011.