A diferencia de otras iniciativas impulsadas por el kirchnerismo, casi todas las fuerzas políticas –incluidas las que ahora se oponen a la propuesta del oficialismo– reclamaban la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica y presentaron entre abril y mayo proyectos legislativos con ese objetivo. El radicalismo lo propuso con la firma del presidente del bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, acompañado por sus correligionarios y también por el socialista Juan Carlos Zabalza; Proyecto Sur hizo lo propio con la firma de Fernando “Pino” Solanas, de la peronista disidente Graciela Camaño y de Felipe Solá. En el Senado, el cordobés Luis Juez y el peronista disidente Juan Carlos Romero también presentaron medidas en el mismo sentido. En todos los casos se plantea la declaración de “utilidad pública y sujeta a expropiación” de la Compañía de Valores Sudamericana y no existen diferencias sustanciales con el proyecto oficial. En cambio, se manifiestan críticas en los fundamentos, centradas en la contratación de la ex Ciccone en medio de la investigación judicial que menciona al vicepresidente Amado Boudou por supuesto tráfico de influencias.

Página/12 comparó los proyectos presentados por la oposición tanto en el Senado como en Diputados, que en todos los casos cuentan con menos de 10 artículos. Los puntos centrales son los mismos. La declaración de “utilidad pública y sujeta a expropiación” de CVS, que incluye “la totalidad de los bienes físicos que la componen, las marcas de su propiedad y cualquier otro valor que sea parte de su patrimonio”. El precio de los bienes a expropiar será determinado por el Tribunal de Tasaciones y se deberá contemplar la deuda que se registre con la AFIP, que según el oficialismo es de unos 250 millones de pesos. Una vez expropiada, la CVS pasará a “integrar el patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda”. Por último, los empleados de la ex Ciccone también pasarán a la Casa de Moneda, conservando todos sus derechos laborales.

La posición más controvertida es la de la UCR, cuyo presidente de bloque presentó la expropiación el 8 de mayo, pero cuando fue anunciada por el oficialismo la semana pasada se pronunció en contra. “La propuesta de este proyecto es sencilla: se trata de potenciar la empresa con toda la capacidad de acción que reclama la plena soberanía para la impresión de la moneda nacional. La lógica de nuestra propuesta, por ello, es tan simple como idónea: declarar de interés nacional el cuño soberano de moneda y expropiar la imprenta CVS, de modo de sanear de una vez las muchas sospechas de corrupción, por un lado, y devolver al Estado su autonomía de impresión”, dice el proyecto de los radicales.

Consultado por el cambio de postura, uno de los firmantes, el diputado Juan Pedro Tunessi, aseguró que “se trata de circunstancias diferentes” porque era antes de que el Gobierno contratara a la ex Ciccone. En verdad, el propio proyecto cita notas periodísticas donde se confirma la provisión al Banco Central de 400 millones de billetes. “No es que no estamos de acuerdo con la cuestión de fondo pero estamos condicionándolo a la investigación judicial”, agregó Tunessi, que reclamó conocer a los dueños de CVS antes de votar la expropiación: “No puede ser una decisión tomada con tanta rapidez. Eso da lugar a suspicacias, que se quiere ocultar y lapidar el tema”. Los radicales recordaron que el oficialismo rechazó la creación de una comisión investigadora sobre el “escándalo Ciccone”.

Quien se pronunció de acuerdo con su proyecto fue Solanas, que consideró “correcta” la decisión y criticó que no se hiciera antes. “Cada uno puede tener la intención que quiera, pero si la investigación judicial es realmente bien intencionada, son líneas independientes. Por supuesto que tiene que llevarse a cabo, pero lo que hay que evitar es que se sigan haciendo negocios o robando con instrumentos públicos”, remató.

El proyecto del Ejecutivo, que tiene dictamen de comisión en el Senado, cuenta con los votos para ser aprobado el próximo jueves e inmediatamente pasará a Diputados. Juez y Romero aseguraron que la Justicia debe avanzar en la investigación y que la expropiación no alteraría el proceso. Romero le reclamó al oficialismo que recoja de su iniciativa la prohibición a futuro de delegar en empresas privadas la producción de moneda.

Como único integrante del FAP que acompañará la iniciativa kirchnerista, Juez sostuvo que se sentía “incómodo” al compartir algunas críticas realizadas por la UCR. “¿Porque hoy el proyecto lo presenta el Ejecutivo vamos a permitir que impriman billetes empresarios a los que no les conocemos la cara?”, concluyó Juez, defendiendo su postura a favor.

“No dudo del proyecto del senador Juez pero sí de la intencionalidad del gobierno nacional”, replicó su compañera de bancada, Norma Morandini. En el Senado, tanto el GEN como el socialismo anticiparon su voto en contra. En Diputados, Gerardo Milman, mano derecha de Stolbizer, aseguró que presentarán un dictamen de minoría para expropiar solo los activos patrimoniales de CVS, evitando absorber las deudas que pudiera tener la empresa con otros privados.